Las Toscas Multimedios SITIO OFICIAL
El tribunal electoral, que encabeza el presidente de la Corte, deberá decidir si le certifican el triunfo electoral. También el Ministerio Público de la Acusación deberá avanzar con la cuestión penal, por otra vía. Ahora, de las instituciones de la democracia depende la salud de la democracia, atacada de manera miserable en la Ciudad de Florencia.
Comienza el informe mostrando en video, una de las pruebas que comprometen al concejal y ahora candidato electo de «Unidos para Cambiar Santa Fe», Fabio Villa, quien -de acuerdo al criterio y dictamen del Procurador General de la Corte- debió haber sido declarado candidato «inidóneo» e «inhabilitado» para la competencia electoral.
El procurador general de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Dr. Jorge Barragirre, se pronunció tras el escándalo electoral que se desató en Florencia, donde el concejal y ahora intendente electo, por el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, Fabio Villa, promocionó sorteos de importantes regalos para que lo voten, a tan solo horas de las elecciones del domingo 29 de junio de 2025.
El escandaloso suceso de manipulación electoral estalló el sábado 28 de junio de 2025, con la difusión de un video en el que Fabio Villa exhibía dos motos, una bicicleta, un equipo de sonido, una heladera, una cocina, un aparato de TV, una motoguadaña y dos celulares, anunciando que serían sorteados entre quienes se acercaran al búnker el día de la elección para anotar su nombre, con la condición expresa de que Villa ganara las elecciones para la intendencia.
Según explicó el procurador, la denuncia llegó a las 18:35 del sábado al Tribunal Electoral, por parte del frente político Más para Santa Fe, y para las 22:00 produjo su dictamen. En este, recomendó «la inhabilitación del candidato, igual que lo habíamos hecho en el año 2021, en noviembre, que hubo una situación parecida en Santa Clara de Buenavista, que había un candidato que ofrecía directamente remunerar a sus votantes», recordó.
Además de la inhabilitación, el dictamen de Barragirre propuso «una serie de medidas alternativas, tales como la neutralización de los efectos políticos del sorteo que se estaba promocionando, de la ruptura de la veda». Y en este sentido, solicitó al Tribunal también «que se cautelen los bienes que se estaban ofreciendo al sorteo y que se haga esto con la más amplia difusión, así la comunidad política de Florencia tomaba nota de que ese sorteo era completamente irregular, era violatorio del artículo 4 de la Ley 12.080».
«Lo que quedó en pie ante la decisión del Tribunal, el domingo a la noche, fue el inicio de las actuaciones administrativas que tienen pena de multa, y la comunicación al Ministerio Público de la Acusación, especialmente al fiscal con competencia en Florencia, para que inicie una investigación penal preparatoria en los términos o ante la probable comisión -y esto lo subrayó muy fuertemente el Tribunal- de delito del 140 del Código Nacional Electoral y de la contravención electoral contenida en el artículo 126 de la Ley 2.600».
Ahora, explicó que «se están esperando las actuaciones penales de la Fiscalía que podrían eventualmente llegar a impactar en la decisión final que pueda tomar el Tribunal Electoral, o quien tenga que revisar -luego del cese de la competencia del Tribunal Electoral- el título del ganador de la elección».
«Yo ya he dado mi opinión en dos oportunidades, tanto en este caso como en el de Santa Clara de Buena Vista, donde considero que estas cosas son completamente irregulares, no se trata de una mera ´picardía ‘que uno se olvidó de bajar de su estado de WhatsApp la propaganda política… Esto es una situación, a mi modo de ver, expresa, completamente anacrónica, contra la que en el país se produjeron tres revoluciones de un partido político centenario, ¿Se entiende la gravedad que tiene el tema?», remarcó Barraguirre.
Señaló que «esto de alguna manera nos vuelve a esa historia, en donde la búsqueda de votos se hace a través de un incentivo económico».
«Eso expresa mi preocupación sobre el tema, la gravedad que yo entiendo, y en ese sentido trato de ser consistente. Así como en el año 2021, solicitamos la declaración de inidoneidad del candidato y la inhabilitación para competir en Santa Clara, acá lo hicimos de nuevo», reafirmó.
No obstante, el procurador observó que «el Tribunal legítimamente tiene otra visión sobre las consecuencias que pueden tener ese tipo de hechos y, en el fondo, lo que está en discusión es una concepción más robusta de los controles del Tribunal y una concepción más apegada a la legalidad expresa de los textos legales».
«Así que ahora deberíamos estar muy atentos a una eventual impugnación o petición por parte del candidato que fue derrotado, y esperar las actuaciones penales del Ministerio Público de la Acusación», comentó.
Dejó claro que su posición «no prosperó» y «ya está agotado», ahora «todo depende de, por un lado, la actuación de las autoridades penales y, por otro lado, de lo que se le solicite al Tribunal Electoral que es lo que tiene que hacer, y se verá cuál es la respuesta del Tribunal Electoral».
Contextualizó que «hay dos vías: uno es la vía ante el Tribunal Electoral, y otra es ante la Justicia Penal; son dos vías independientes».
La vía penal, ¿puede frenar la asunción del ganador? «Depende de lo que se logre en la vía penal… Se verá si hay algún tipo de condena y se verá entonces, en función de la condena, cuáles son los efectos que ella tiene, pero no me puedo adelantar a ver qué es lo que va a hacer un juez penal y un fiscal… Tampoco puedo indicar hoy qué es lo que va a hacer la agrupación opositora; supongo que puede impugnar la elección, puede pedir una serie de cuestiones que después hay que tratarla», respondió el procurador.
Confirmó que hasta el momento no ha obtenido novedades y entiende que desde la Procuración han «agotado la línea de posibilidades frente a este hecho», por lo cual «habrá que esperar ahora cómo se desenvuelven los acontecimientos y, en función de ello, efectuar los pareceres, los dictámenes, que el Tribunal Electoral los solicite». «Más de eso, desde la Procuración es legalmente imposible», consideró.
«INIDÓNEO»
El término que el procurador utilizó en su dictamen para referirse al candidato es «inidoneidad». «A mi criterio me parece que es una interpretación razonable, de los requisitos de idoneidad que tiene que tener todo empleado o funcionario público», fundamentó Barraguirre.
Tiene en claro que «estos candidatos no deberían competir en elecciones de una república democrática», ya que «nos retrotrae a una época que todos creíamos olvidada».
«Gracias a Dios, esto no tiene una ocurrencia como para temer que vaya creciendo exponencialmente. Simplemente señalo que, en estos años que me toca ser procurador, solo lo he visto en el caso de Santa Clara de Buena Vista hace cuatro años», reiteró.
