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Carolina Fernández y Gabriel Gutiérrez.
Alrededor de las 12;00 horas del martes 23 de septiembre de 2025, se celebró una audiencia imputativa en los tribunales de Reconquista, el fiscal Juan Marichal imputó a Gabriel Gutiérrez y a su pareja, Carolina Fernández, por múltiples estafas relacionadas con compras de productos y supuestas transferencias bancarias que nunca se concretaron.
El Fiscal Marichal detalló que a Gabriel Gutiérrez se le atribuyen cuatro hechos de estafa. Los casos son similares, involucrando la compra de alimentos y bebidas en diversos comercios, seguidos de transferencias que no se hicieron efectivas. Los montos de estas estafas oscilan entre 30.000 y 50.000 pesos en tres de los casos, y una suma mayor de aproximadamente 245.000 pesos en otro. Los comercios afectados incluyen un kiosco, el bar del hospital (donde era asiduo concurrente y llamaba la atención lo dispendioso que era), otro negocio de Reconquista y un local de gastronomía en Avellaneda.
A Carolina Fernández la denunció un revendedor de pollos de la Unión Agrícola de Avellaneda. Este comerciante afirmó que, en varias oportunidades, le compraba pollos crudos, y al enterarse de las maniobras delictivas, se puso a controlar, y detectó que el dinero de sus supuestas transferencias nunca había ingresado, totalizando una estafa de casi 400.000 pesos, explicó el representante del Ministerio Público de la Acusación.
Ninguno de los imputados quiso decir algo para defenderse durante la audiencia. Solo escucharon la imputación de los hechos, asistidos por el defensor público Orlando Toniolo, ya que no contrataron abogado particular.
El Fiscal Marichal indicó que no se impusieron restricciones en esta instancia, aunque podrían solicitarse al juez en futuras audiencias.
LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA Y NO DESCARTAN NUEVAS DENUNCIAS
Cuando el tema fue noticia en la tarde de la víspera en Radio HOY, varios comerciantes se comunicaron para contar que también fueron estafados, pero confesaron que decidieron no efectuar denuncia porque consideraban que su tiempo tenía más valor que la expectativa de justicia.
Ambos imputados continúan en libertad. Solo Gutiérrez estuvo arrestado unas horas a partir del allanamiento en el domicilio que comparte con Fernández en calle Ituzaingó al 300. Allí secuestraron un automóvil Volvo y algunos bienes adquiridos en las compras no abonadas.
De Gutiérrez no sabemos ningún trabajo fijo. Antes trabajaba con su propio camión como repartidor de un correo privado.
Sobre Carolina Fernández, desde la Municipalidad, el secretario general informó que trabaja como personal contratado, desarrollando funciones de auxiliar administrativa, en la Secretaría de Hacienda y que su contrato vence a fin de mes. En Hacienda nos explicaron que de la Oficina de Rentas la pasaron a la secretaría de Obras Públicas, con la misión de hacer el «relevamiento de las unidades funcionales». En la práctica, debe detectar las propiedades que fueron subdivididas, para que paguen más Tasa General de Inmuebles, TGI.
El Estatuto del Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia (Ley 9.286) en el Capítulo de Deberes y Prohibiciones, Artículo 13, establece que «el personal está obligado», entre otras cosas, a «observar, en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna de la consideración de la confianza que su estado oficial exige». Este artículo pone bajo análisis la situación de Carolina Fernández, explicaron en la Municipalidad, aclarando que su contrato finaliza a fin de mes.
Paralelamente al proceso penal, Guillermo Romero Mansur confirmó que se iniciará un proceso administrativo, en el que, «de acuerdo a la gravedad del hecho», se podrá aplicar una «suspensión temporal» mientras se realiza el sumario que «determine las causales».
