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“Buscamos poner al Estado santafesino a la misma velocidad que los delitos”.
El diputado provincial Dionisio Scarpín habló sobre el paquete de reformas en materia de seguridad que impulsa el Gobierno de Maximiliano Pullaro en la Legislatura santafesina, destacó que se trata de una serie de cambios «muy importantes» que representan «un cambio de paradigma» y apuntan a profundizar el concepto de que «el que las hace las paga», además de brindar nuevas herramientas a la Policía, el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia para actuar con mayor rapidez.
Según explicó el legislador, son 11 modificaciones a leyes actuales, algunas de las cuales ya habían sido aprobadas al inicio de la gestión provincial.
Uno de los puntos que destacó es la posibilidad de agilizar allanamientos en determinados casos. Como ejemplo, señaló que si durante un operativo se detiene a una persona con un arma ilegal y existen sospechas de que puede haber más armas en su vivienda, el allanamiento podría realizarse sin esperar una orden judicial previa, aunque con posterior revisión de la Justicia. «La información del delito circula rapidísimo», explicó, y señaló que muchas veces los sospechosos alcanzan a advertir a terceros para ocultar pruebas antes de que llegue la Policía.
INTERVENCIONES ESPECIALES EN BARRIOS CONFLICTIVOS
Scarpín también hizo referencia a una de las propuestas que considera más importantes: la posibilidad de que el Ministerio de Seguridad establezca áreas especiales de intervención en sectores con altos índices de violencia.
Según detalló, en esos lugares podrían implementarse controles vehiculares, pedidos de documentación, cacheos, restricciones horarias y hasta prohibiciones para consumir alcohol en la vía pública.
«Es como un área especial donde se ponen determinados parámetros», explicó el diputado, y añadió que estas medidas buscan «devolver la paz» a los barrios donde «la gente de bien, la gente laburadora no puede salir o tiene miedo de volver a la casa».
Al recordar su paso por la Intendencia de Avellaneda, mencionó la experiencia de la Policía de Acción Táctica y aseguró: «No volaba una mosca cuando estuvieron ellos».
MÁS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA INVESTIGAR DELITOS
Otro de los cambios previstos apunta a ampliar las posibilidades de investigación y el relevamiento a través de medios tecnológicos de las personas.
«Ya no solo en el caso de una investigación poder intervenir un teléfono, sino también una red social o mensajería digital», explicó Scarpín, al señalar que muchos delincuentes utilizan plataformas encriptadas para comunicarse.
CÁRCELES Y AISLAMIENTO DE PRESOS QUE DELINQUEN
El legislador también destacó reformas vinculadas al sistema penitenciario. Según indicó, buscan endurecer las medidas para los internos sobre los que existan sospechas fundadas de que continúan cometiendo delitos desde prisión.
«Se trata de aislar a esa persona que está presa, de quien se estima, por investigaciones llevadas adelante, que está cometiendo delitos desde la cárcel», sostuvo.
Precisamente, las medidas incluirían prohibiciones de visitas, del acceso a la tecnología y de la recreación, además de establecer limitaciones para asistir al patio.
Para Scarpín, estas medidas forman parte de la idea de avanzar hacia «un servicio penitenciario más duro» frente a quienes continúan delinquiendo desde establecimientos carcelarios.
JUICIOS EN REBELDÍA Y PROCESOS MÁS RÁPIDOS
Scarpín consideró además como un «avance importantísimo» la implementación de los juicios en rebeldía, que permitirían continuar el proceso judicial aunque el acusado se encuentre prófugo.
«Muchas veces la persona que cometió un delito se fuga y el juicio se interrumpe», señaló. Con esta modalidad, explicó, el proceso puede continuar y el acusado ser declarado culpable aun sin estar presente.
En cuanto a los llamados juicios celerísimos, explicó que estarían orientados a delitos considerados «menores» que no suelen ir a juicio y tienden a prescribir.
«SE PIENSA MÁS EN LAS VÍCTIMAS QUE EN EL DELINCUENTE»
Consultado sobre las críticas que podrían generar estas iniciativas por una posible restricción de libertades o vulneración de derechos, Scarpín defendió las reformas e insistió en que forman parte de «un cambio de paradigma», teniendo en cuenta que Santa Fe viene de «décadas» de pensar más «en los derechos humanos de los delincuentes que en las víctimas».
«Todas las leyes que aprobamos en 2023, 2024 y estas que se proponen ahora, se piensa más en las víctimas que en el delincuente», afirmó.
En ese sentido, el legislador reconoció que estos cambios «son resistidos», pero remarcó que «tenemos que ir a algo que garantice los derechos humanos, pero no solo de los delincuentes, también de las víctimas».
SEGURIDAD EN EL NORTE SANTEFESINO
El diputado reconoció que las mejoras observadas en los índices de seguridad en Rosario aún no se replicaron en el norte provincial. «Nosotros insistimos por nuestro norte. Acá no cambió así y eso es lo que permanentemente le reclamamos», expresó.
Atribuyó los resultados obtenidos en Rosario a una mayor inversión de recursos y a la coordinación entre el Gobierno provincial y el nacional. Además, destacó el uso de cámaras con inteligencia artificial y la fuerte presencia del Estado en esa línea.
En contraste, sostuvo que en el norte santafesino «lo que falta es personal», una necesidad que aseguró vienen reclamando desde la región.
A pesar de ello, resaltó que «hay un cambio de actitud» y que «eso es fundamental», por lo que se mostró confiado en que esos resultados también se darán aquí.
