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La menor, junto a Jorge Rodríguez y Valeria Chapero; «Los padres de corazón».
Tras una orden judicial, la menor fue restituida a la Secretaría de la Niñez de Santa Fe por parte de una familia que la cuidaba desde diciembre. La comunidad se movilizó en rechazo a la medida, mientras que el organismo provincial argumenta el incumplimiento de las normativas de adopción y acogimiento vigentes. Las posturas de ambas partes.
La situación de una niña de 4 años de Guadalupe Norte, una localidad cercana a la ciudad de Reconquista, que fue retirada este sábado del hogar donde vivía bajo cuidado de un matrimonio desde diciembre, derivó en un fuerte debate en el norte de la provincia de Santa Fe sobre las formas y los tiempos de acompañamiento familiar, los mecanismos de protección de derechos y los límites legales de las guardas informales.
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El conflicto se hizo público el viernes pasado, cuando un matrimonio que cuidaba a la menor desde diciembre fue notificado de que debía entregarla ante la delegación correspondiente de la Secretaría de la Niñez en un plazo de 24 horas. La restitución al Estado se concretó este sábado por la mañana, en medio de una movilización de vecinos y allegados que acompañaron a la pareja y cuestionaron la medida por considerar que implicaba un desarraigo para la niña.
Según describen los involucrados, la situación comenzó el 15 de diciembre del año pasado, cuando la madre biológica de la menor, atravesada, según relataron, por una situación de extrema vulnerabilidad social y económica, pidió ayuda para el cuidado de su hija a Jorge Rodríguez y Valeria Chapero, quienes acogieron de manera informal entonces a la niña en su hogar. Con el paso de los meses, la convivencia se consolidó y la niña quedó integrada a la dinámica familiar, aunque sin ninguna intervención formal de los registros y mecanismos previstos por la ley.
Las posturas
En declaraciones, Jorge Rodríguez describió el impacto que provocó en el matrimonio la separación de la menor: “Estamos destruidos. Destruidos, pero con fuerza”.
Según su relato, el vínculo comenzó cuando su esposa, docente, conoció a la madre biológica durante tareas censarias y luego volvió a contactarse con ella a través de un pedido de ayuda difundido en redes sociales. “La mamá pidió cuidado a través de Facebook y nos hicimos cargo. Nosotros no queremos un título ni ser sus papás. Lo avisamos en la comisaría, en la Secretaría de la Niñez y a la asistente social”, sostuvo.
Por su parte, desde el Gobierno provincial defendieron la intervención sostenida en estos días y señalaron que la medida se adoptó en cumplimiento de una resolución judicial. Daniela León, secretaria de la Niñez de Santa Fe, explicó que el organismo actuó luego de que la Justicia rechazara el pedido de tutela presentado por el matrimonio.
“La Secretaría es el organismo de aplicación de la ley de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Si una pareja quiere cuidar a una niña, debe inscribirse en el registro de adopción”, remarcó la funcionaria.
Dos visiones, la legalidad y la urgencia.
El eje del debate gira alrededor de cómo actuar frente a una situación de vulnerabilidad infantil y cuáles son los límites de las intervenciones informales.
Rodríguez sostuvo que la urgencia de la menor requería una respuesta inmediata y aseguró que intentaron dar intervención a organismos oficiales desde el comienzo: “Volvería a hacer lo mismo porque actué con el corazón. Nos encontramos con una niña en estado de necesidad. Estaba muy flaquita, desnutrida, la llevamos al médico y le hicimos estudios con consentimiento de la mamá”, dijo. Y agregó: “Si yo quisiera sustraer una criatura, no voy a avisarles a las autoridades”.
Desde la Secretaría de la Niñez, por el contrario, insistieron en que cualquier situación de vulneración debe canalizarse exclusivamente por vías institucionales y advirtieron sobre los riesgos de las guardas informales: “Si encontrás a un niño en situación de vulneración, lo que corresponde es denunciar. No llevar al menor a tu casa”, contrapuso León.
La funcionaria sostuvo además que el marco normativo argentino es estricto respecto de los procesos de adopción y guarda. “La niña les dice ‘papá y mamá’, pero no son su papá y mamá. En Argentina, si querés adoptar, tenés que anotarte en el registro correspondiente”, señaló.
La intervención judicial y el rol de los registros.
Otro de los puntos de conflicto pasa por las actuaciones administrativas previas. Desde la Secretaría de la Niñez ratificaron que el matrimonio no se encuentra inscripto en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (RUAGA) ni dentro de programas oficiales como Familias Solidarias.
León sostuvo además que la tutela solicitada por la pareja fue rechazada por la Justicia y aseguró que la madre biológica “pidió que la cuiden, pero no que se queden con la niña”. Según la mirada oficial, la permanencia de la menor fuera de los canales institucionales profundizó su situación de vulnerabilidad: “Esta niña tiene una vulneración de derechos y ahora la revulneran los adultos”, afirmó.
Rodríguez, en cambio, cuestionó los tiempos de respuesta del Estado y planteó que no hubo seguimiento previo de la situación de la menor: “¿Por qué no vinieron antes a ver cómo estaba?”, replicó. Al mismo tiempo, remarcó los cambios que atravesó la niña durante el tiempo que convivió con ellos: “Ella va a la escuela, va a la fonoaudióloga, no saben lo que avanzó en cuatro o cinco meses”, aseguró. Respecto de la madre biológica, agregó: “La mamá está con nosotros. Esto se podía hacer bien, no arrancándola para llevarla a un hogar”.
Ambas partes manifestaron su preocupación por el bienestar inmediato de la niña de cuatro años, aunque desde perspectivas diferentes respecto a cuál debe ser su entorno más adecuado.
«Lo único que pido es que piensen en ella, en su bienestar. Lo dice la comunidad. Entiendo que las leyes están para cumplirse, pero hoy estamos vulnerando el derecho superior de una niña. Estoy a disposición, pero mientras tanto ella está con gente que no conoce», concluyó Rodríguez, reflejando la incertidumbre de la comunidad cercana al matrimonio en Guadalupe Norte.
Desde la Secretaría de la Niñez, en tanto, ratificaron que la menor ya se encuentra bajo la tutela efectiva de los equipos técnicos provinciales y adelantaron los pasos a seguir dentro del protocolo institucional, remarcando que se iniciará una etapa de estricta reserva de datos para resguardar la identidad e intimidad de la niña.
En esa línea, León detalló: «La menor está bajo la órbita de la Secretaría de la Niñez. Ahora se va a realizar un proceso con la progenitora, con la familia ampliada, trabajar para luego decidir el futuro de la niña, que seguramente vamos a poder resolverlo de manera rápida, para que esté el menor tiempo posible al cuidado del organismo».
Y concluyó: «A partir de ahora, la ley nos indica absoluta reserva, dejaríamos de hablar de la niña porque la estaríamos exponiendo», finalizó León, anticipando además una articulación con los servicios locales para profundizar el acompañamiento social a la madre biológica.
Por pedido de la Justicia, Provincia intervino ante un caso de posible apropiación ilegal de una niña en Guadalupe Norte
A raíz de una solicitud de la Justicia ante una situación irregular de guarda con fines adoptivos, la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, intervino en el caso de una niña que convivía con una pareja con la que no tenía vínculo familiar ni marco legal alguno.
A solicitud de la Justicia, el Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, intervino ante una situación detectada en la localidad de Guadalupe Norte, departamento General Obligado, donde una niña se encontraba viviendo con una familia sin un marco legal que avalara esa convivencia.
La situación se originó luego de que una pareja, que tenía bajo su cuidado a una niña que no era su hija biológica y cuya situación no contaba con resolución judicial ni intervención formal de los organismos competentes, se presentó ante la Justicia solicitando la tutela de la menor. Sin embargo, el juez interviniente rechazó el pedido y dio participación a la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, al evaluarse la posible configuración de un delito.
A partir de esa resolución judicial, desde la Secretaría se notificó a la pareja que debía reintegrar a la niña al organismo provincial en un plazo de 24 horas, en el marco de una actuación orientada a resguardar los derechos de la niña y garantizar su protección integral.
Durante la mañana de este sábado, la niña fue entregada y quedó bajo el cuidado y resguardo de la Secretaría, mientras continúan las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.
Desde el Gobierno de la Provincia se trabajó priorizando el interés superior de niños, niñas y adolescentes, principio rector establecido por la legislación vigente y por las normas de protección integral de derechos. Las medidas adoptadas se realizaron respetando los procedimientos legales previstos para este tipo de situaciones y en articulación permanente con la Justicia.
Derechos y antecedentes
El objetivo, a partir de ahora, es trabajar para brindarle a la niña un proyecto de vida basado en la restitución de derechos y garantizarle la posibilidad de crecer en un entorno familiar adecuado que le permita desarrollarse plenamente.
Cabe destacar que durante el año 2025 la misma pareja había manifestado ante la delegación Vera su intención de adoptar a un niño con medida de protección, intentando incorporarse al programa de Familias Solidarias. Sin embargo, fueron descartados de esa posibilidad luego de expresar que su objetivo era concretar una adopción.
En aquella instancia, se les informó y recomendó que debían inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de la Provincia de Santa Fe (Ruaga), organismo que constituye el único mecanismo legal habilitado para avanzar en procesos de adopción.
Cabe señalar también, que el Código Penal establece en su artículo 146 que “será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años, el que sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare”.
