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Por el periodista Antonio Avalos.
Simplísimo análisis en el marco del debate que tomó cuerpo en estos días, debido a las afirmaciones vertidas por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que NO hay dudas que de esto conoce bastante.
La justicia es el principio ético, moral y legal que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, buscando la equidad, la igualdad y el bienestar común en la sociedad. Como virtud moral; Representa la voluntad de obrar con rectitud, honestidad y respeto a la verdad. En el ámbito del derecho; Se refiere al cumplimiento estricto de las leyes, la imparcialidad y la resolución pacífica de conflictos a través de instituciones reguladas. Como valor social; Busca equilibrar las oportunidades, proteger los derechos humanos y asegurar una convivencia armónica.
NO es impedimento para el sistema judicial, investigar a quienes tienen un título de estudios universitarios, como en éste caso recomienda el gobernador Maximiliano Pullaro, que se investigue a Abogados, contadores y escribanos que asesoran a bandas de narcotraficantes, ya que en muchos casos, son partícipes necesarios para que se cometa ese aberrante delito que envenena, desordena, destruye a las personas y a la sociedad toda.
Es inentendible el enojo de las asociaciones de estos profesionales, quienes rápidamente montan un teatro mediático para defender, en muchos casos, sus intereses espurios, cuando por ética profesional deberían poner todo de Sí para esclarecer los hechos, colaborando con la justicia en cumplimiento de la ley; o acaso es mentira que hay abogados, contadores, escribanos, dirigentes políticos, Fiscales, jueces, Jefes policiales, diputados, senadores, intendentes, concejales, y hasta gobernadores, acusados con pruebas fehacientes que operan con y para el narcotráfico.
En lugar de enfadarse, teatralizar las situaciones expuestas, señores profesionales, deben colaborar con la justicia, adaptarse a las leyes vigentes, NO mentir, NO defraudar, NO robar, NO asociarse a las bandas narcocriminales; ponerse a disposición de quienes investigan los ilícitos en ésta materia; “Porque todos somos buenos, pero NO cabe dudas, que si nos controlan, somos y seremos mejores”.
Más allá de eso, es dable destacar que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reclamó avanzar penalmente contra abogados, contadores y escribanos que colaboran de manera activa con las estructuras delictivas y de lavado de activos. Sus declaraciones iniciales, formuladas en encuentros sobre crimen organizado en Rosario, desataron un fuerte cruce con corporaciones profesionales que derivó en réplicas oficiales de ambas partes.
Los argumentos de Pullaro se basa en Complicidad estructurada; El mandatario diferenció el derecho constitucional a la defensa técnica de la participación criminal explícita, argumentó que «un abogado que va a la cárcel y lleva un mensaje a otro sector de la organización criminal, es parte de la misma, no es abogado», sumando la misma lógica a los contadores que diseñan las maniobras de lavado.
«Que no se hagan los zonzos»: Ante el malestar generado en la matrícula, Maximiliano Pullaro redobló sus dichos durante las Jornadas de Ministerios Públicos Fiscales afirmando que «tienen muy claro de quiénes les estamos hablando» y llamó a no ampararse corporativamente en los fueros de la profesión para encubrir delitos.
La respuesta de los penalistas; La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario emitió un comunicado de repudio en el que rechazó las expresiones del gobernador. La entidad advirtió que este tipo de señalamientos generalizados hacia los profesionales del derecho «ponen en peligro la independencia judicial» y menoscaban las garantías.
“Mejor que prometer es hacer”.
En el marco de éste debate cabe destacar, y citar como ejemplo; la Causa “Carbón Blanco” cuyo tribunal estuvo integrado por el juez federal de Reconquista, doctor Aldo Mario Alurralde, donde condenaron a 21 años de prisión al abogado Carlos Salvatore que coordinaba la logística del contrabando de toneladas de cocaína a España. Eso derivó inclusive que el magistrado sufriera una extensa cadena de amenazas, hasta le seguían en ruta, camino a su domicilio, apuntándole con armas largas.
Cuando regresaba a su casa, se le puso a la par un auto, el acompañante bajó el vidrio y apuntó a los neumáticos, ello ocurrió cuando volvía de una cena el 9 de julio a la madrugada el juez federal de Reconquista Aldo Mario Alurralde advirtió que un auto negro se le puso a la par en la ruta 70, que une Reconquista con la localidad de Nicanor Molinas, y desde el vehículo que tenía vidrios polarizados oscuros un hombre sacó un arma y le apuntó.
Recordamos que “Carbón Blanco” fue uno de los casos más importantes de contrabando de cocaína desde la Argentina hacia España y Portugal. La investigación, iniciada en 2012, se convirtió en un caso emblemático no sólo por sus dimensiones, sino también por las relaciones de los miembros de la organización. La droga era camuflada en cargamentos de carbón vegetal que salían de una planta situada en la ciudad de Quitilipi, en el Chaco.
Alurralde no descartó otras causas que podrían haber originado las amenazas, como el allanamiento que ordenó a la Universidad Nacional del Chaco Austral, donde se investigaba al rector de Omar Judis, por presunta administración fraudulenta y negocios incompatibles. En fin, nadie se puede enojar porque se les investigue, al contrario, si saben que NO tienen nada que ver con la comisión de ilícitos, deben ponerse rápidamente a disposición de la justicia y colaborar con las investigaciones, reiteramos, “Todos somos buenos, pero si nos controlan, somos y seremos mejores”.
