La legislatura santafesina destituyó a la fiscal Shirli Tomasso de la ciudad de Tostado, por irregularidades en 37 investigaciones penales.

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La funcionaria se desempeñaba en la Fiscalía Regional 5, con asiento en Tostado. La remoción fue aprobada en una sesión conjunta de ambas cámaras, con 44 votos afirmativos. Además, se dispuso una restricción de ingreso a dependencias del Ministerio Público de la Acusación por diez años.

La Legislatura de la provincia de Santa Fe resolvió destituir a Shirli Soledad Tomasso, quien se desempeñaba como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la ciudad de Tostado, departamento 9 de Julio. La decisión se adoptó el jueves 19 de noviembre de 2026, luego de un procedimiento disciplinario que examinó su actuación en 37 investigaciones penales y concluyó que existieron irregularidades funcionales e institucionales.

La resolución fue aprobada durante una sesión conjunta de las cámaras de Diputados y Senadores. En total, reunió 44 votos afirmativos, mientras que se registraron diez votos negativos y tres abstenciones, de acuerdo con el detalle de la votación por cámara. La sanción también establece que Tomasso no podrá ingresar a dependencias del MPA durante diez años.

El expediente disciplinario estuvo centrado en el desempeño de la ahora ex fiscal en 37 legajos judiciales que tramitaron en la Unidad Fiscal de Tostado. Del total de investigaciones analizadas, 35 estaban relacionadas con delitos contra la integridad sexual y las dos restantes correspondían a causas por homicidio.

Los principales cuestionamientos apuntaron a demoras en el desarrollo de las investigaciones, falta de impulso procesal y ausencia de diligencias consideradas necesarias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Durante el tratamiento legislativo se planteó que esas falencias habrían afectado el desarrollo de las pesquisas y las posibilidades de persecución penal.

Una decisión atravesada por fuertes cuestionamientos

Si bien la destitución consiguió el respaldo de la mayoría legislativa, el procedimiento estuvo acompañado por un debate sobre la proporcionalidad de la sanción y las garantías del proceso disciplinario, .

Los representantes del Frente Amplio por la Soberanía, Vida y Familia y Somos Vida se pronunciaron en contra de la remoción y cuestionaron el accionar de la Comisión Bicameral de Acuerdos, responsable de intervenir en el procedimiento.

Uno de los argumentos centrales de quienes rechazaron la medida estuvo relacionado con una denuncia que Tomasso había presentado contra su superior jerárquico, el fiscal regional Carlos María Vottero, por presunta violencia laboral, hostigamiento y maltrato psicológico.

La exfuncionaria sostuvo que existía una relación entre aquella presentación y el posterior inicio de las actuaciones disciplinarias en su contra. Esa interpretación fue planteada por sectores legislativos que cuestionaron el proceso, aunque no constituye por sí misma una conclusión acreditada sobre los motivos de la destitución.

Otro aspecto señalado por la defensa fue que una parte de las investigaciones cuestionadas había comenzado antes de su ingreso al Ministerio Público de la Acusación, ocurrido en 2019. Según su planteo, 15 de los 37 expedientes tenían antecedentes anteriores a esa fecha y algunos acumulaban demoras desde 2014.

El antecedente de su postulación como jueza

La controversia también estuvo marcada por un antecedente institucional: apenas cuatro meses antes de su destitución, la Legislatura había aprobado por unanimidad el pliego de Tomasso para desempeñarse como jueza penal en Rafaela.

Para los sectores que rechazaron su remoción, ese antecedente, junto con las condiciones de funcionamiento de la Unidad Fiscal de Tostado y los recursos disponibles para desarrollar las investigaciones, debía ser considerado al momento de evaluar la sanción.

En la vereda opuesta, quienes acompañaron la destitución sostuvieron que las irregularidades detectadas en los expedientes justificaban apartarla de sus funciones, especialmente por la gravedad de las causas involucradas y la responsabilidad institucional de garantizar investigaciones penales oportunas.

Un debate que vuelve a poner bajo la lupa al MPA

La destitución de Shirli Tomasso vuelve a instalar el debate sobre los mecanismos de control y supervisión del Ministerio Público de la Acusación, así como sobre las responsabilidades funcionales de quienes tienen a su cargo investigaciones penales.

En particular, las causas vinculadas con delitos contra la integridad sexual y homicidios requieren actuaciones oportunas, producción de pruebas y medidas investigativas que permitan evitar que el paso del tiempo perjudique el esclarecimiento de los hechos.

Con la resolución legislativa adoptada el jueves 19 de noviembre de 2026, Tomasso quedó separada definitivamente de su función como fiscal adjunta de la Fiscalía Regional 5. Sin embargo, el caso deja abierto un debate institucional sobre los procedimientos disciplinarios, las condiciones laborales de los fiscales y los mecanismos destinados a garantizar tanto el correcto funcionamiento del sistema judicial como los derechos de las víctimas.

 

 

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