
Sergio Aldo Parodi presentó una denuncia penal que, donde anticipa que no tiene antecedentes. Un juez de Ushuaia dispuso que el caso se tramite en Río Grande, pero eso no implica ninguna imputación.
Hay denuncias que llaman la atención por lo que piden. La de Aldo Sergio Parodi, un empresario mendocino que se define como investigador de la cuestión Malvinas, apunta nada menos que al rey Carlos III y al primer ministro británico Andy Burnham, a quienes acusa de sostener la “usurpación” de las islas, y reclama que se ordene su captura y detención.
El caso se inició el 1° de septiembre de 2026, con presentaciones por correo electrónico a la Unidad Fiscal Federal de Ushuaia y al juzgado federal de esa ciudad. Allí, Parodi denunció también que una petrolera israelí, Navitas Petroleum, estaría explorando y extrayendo hidrocarburos cerca del archipiélago, y pidió que se citara como experto al periodista Daniel Santa Cruz. Otra causa, abierta por la misma denuncia en un juzgado federal de Buenos Aires, fue enviada luego a Tierra del Fuego por una cuestión de competencia territorial.
El 15 de octubre llegó el primer movimiento judicial. El juez federal de Garantías de Ushuaia, Federico Calvete, declaró que su juzgado no es competente por razón del territorio y remitió la causa a Río Grande. Se apoyó en el dictamen del fiscal Fernando Rota: las islas, los espacios marítimos que las rodean y la plataforma continental forman parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y la organización judicial agrupa históricamente al departamento Islas del Atlántico Sur con el de Río Grande. La resolución recuerda, además, que el proyecto petrolero en cuestión, llamado “León Marino”, queda a unos 220 kilómetros al norte de Malvinas.
Es clave entender el alcance. La decisión de Calvete se limita a definir qué juzgado interviene: no hay imputaciones, órdenes de captura ni condenas contra nadie. Así lo aclaró también Agencia NOVA al difundir el texto.
Tras ese fallo, Parodi amplió sus planteos. En un escrito dirigido a la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, calificó la ocupación británica como una “usurpación mafiosa y continuada” y sumó a la lista de presuntos responsables a Carlos III, Burnham y a los ex primeros ministros David Cameron y Tony Blair. Si no se presentaran, pidió que se ordenen sus capturas a través de Interpol. Y adjuntó un documento de enero de 1833, proveniente del Archivo Histórico de Tucumán, que según él respaldaría su tesis sobre el origen de la ocupación.
El propio Parodi subrayó el carácter inédito de su iniciativa en una entrevista radial: “Esto es lo novedoso”, dijo, convencido de que tendrá impacto internacional. Y no se detiene ahí. Sostiene que la visita del papa Juan Pablo II a la Argentina en junio de 1982 fue determinante para la rendición, planteó una hipótesis sobre una “conspiración geopolítica” y pidió desclasificar documentos de la CIA, la OTAN, el Reino Unido, el Vaticano y la Cancillería argentina. Son interpretaciones del denunciante, que la Justicia no evaluó.
El contexto ayuda a ubicar el caso. El proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Rockhopper y Navitas, es motivo de varias acciones. En septiembre, la jueza Borruto ordenó a ambas empresas abstenerse de iniciar o continuar obras a partir de una presentación de ex combatientes y abogados ambientalistas, y la Cancillería activó los mecanismos de la ley 26.659 contra decenas de personas y firmas. Esas causas son distintas de la de Parodi, que es una denuncia de un particular.
Aunque el camino judicial de un planteo así parece carecer de impacto fáctico, y las dificultades de procesar a un jefe de Estado de otro país mucho más poderoso que el nuestro y en funciones son evidentes, el caso puede tener un valor simbólico: lleva el reclamo por Malvinas al terreno penal de una manera poco habitual. Habrá que ver ahora si en Río Grande el fiscal le da trámite o lo descarta.
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