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Las ofertas económicas de las empresas Jan de Nul y DEME coinciden por lo que se volverá a realizar un análisis técnico y Jan De Nul tiene ventaja. El proceso fue denunciado por la fiscalía anticorrupción por estar direccionada.
El principal canal para el comercio exterior de Argentina será gestionado por un privado durante os proximos 25 años, en un concurso entre dos multinacionales belgas cuestionado por el Ministerio Público Fiscal desde la misma redacción de las cláusulas. Así lo explicaron hasta medios internacionales como El País de España.
La oferta económica vinculada al proceso de licitación para el dragado, balizamiento y cobro del peaje contenía una trampa. La administración Milei había incluido, dentro de los pliegos, un esquema de bandas con una tarifa mínima para la primera parte de la concesión. Ergo, las dos empresas belgas en danza, Jan De Nul y DEME, ofertaron los mismos 3,8 dólares por tonelada transportada. Para desempatar, la administración nacional volverá a revisar la propuesta técnica en la que Jan De Nul se impuso ante su competidora, explicó una nota publicada en El Destape.
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Economía afirmó que no hubo impugnaciones entre las empresas, aunque eso no fue del todo así ya que ambas se acusaron de tener vínculos con dragadoras chinas.
En el texto, al área que conduce Luis Caputo tampoco hizo mención al durísimo dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en el que se describió un direccionamiento técnico de la licitación, falencias en la cláusula anti corrupción y una ausencia de estudios de impacto ambiental asociadas a la ampliación del calado en algunas zonas del río Paraná.
La expectativa estuvo puesta en la apertura del sobre con las propuestas económicas. Sin embargo, el resultado estuvo casi cantado ya que el Gobierno había utilizado la fórmula de incluir una tarifa mínima para la primera etapa de la concesión. Ambas empresas apostaron por la banda inferior de esa tarifa mínima. Ahora, la decisión volvió al aspecto técnico. Para la PIA, ésta había constituido una de las principales irregularidades incluidas en el dictamen remitido a la fiscalía de Guillermo Marijuan.
Según la fiscalía anticorrupción, la discrecionalidad técnica se agravó por el diseño matemático de la fórmula de evaluación económica. “La extrema sensibilidad del sistema ante variaciones tarifarias mínimas convierte a la competencia por precio en un ejercicio ficticio. En la práctica, este esquema anula la puja económica y traslada el peso de la adjudicación de manera casi exclusiva hacia el plano técnico, comprometiendo la objetividad del proceso y generando las condiciones propicias para un potencial direccionamiento”, puede leerse en el dictamen de la semana pasada.
