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En medio de una convulsión, la familia Rodríguez Chapero entregó a Zoe dejando fuertes críticas al Estado y un pedido al gobernador: que «ponga gente con amor». Jorge Rodríguez y Valeria Chapero, ambos conforman un matrimonio, una familia solidaria, tuvieron que entregar la nena que habían rescatado de la indigencia en diciembre, cuando de palabra acordaron con su madre la tenencia.
El acto fue durante la mañana del sábado 16 de mayo de 2026, en las oficinas de la Dirección de Minoridad y familia en la ciudad de Reconquista, dependiente de la Secretaría de la Niñez de la provincia.
Fueron intimados a concurrir para entregar la nena, bajo advertencia de aplicarles el artículo 146 del Código Penal, que establece pena de 5 a 15 años de prisión al que sustrajere a un menor; y el Art. 147, que penaliza a quien, hallándose encargado de una persona menor de 10 años, no lo presente a los padres o guardadores que lo soliciten.
Jorge y Valeria no fueron solo con Zoe. Fueron acompañados por familiares, amigos y vecinos, quienes descargaron críticas contra el accionar de ese organismo provincial, por considerar que no actuó convenientemente.
Culpan por la demorada decisión de ocuparse de la niña de 4 años, generó lazos sentimentales que ahora fueron lastimados por la separación. Hace cinco meses que Zoe estaba con su nueva familia.
Según contaron Jorge y Valeria, cuando ellos conocieron la situación de Zoe, con el consentimiento de la madre la llevaron a vivir con ellos y «avisamos a la policía, a Niñez y al Juzgado. En Niñez nos dijeron que era tema del Juzgado, y en el Juzgado nos decían que era de Niñez porque no había violencia».
Avanzaron con la situación de hecho, sin intervención estatal. La sumaron a la familia Chapero Rodríguez, comenzó a asistir al Jardín de Infantes, comenzó a recibir tratamiento fonoaudiológico, todo «con el apoyo de su familia biológica: madre, tías y abuela, quienes celebraban que la niña por fin «comía y dormía bien», explicaron.
Contaron que el pasado mes de diciembre, durante su trabajo como docente, realizando un censo, conoció la situación de la niña, quien tiene su padre fallecido y vivía con su madre y la actual pareja, en una precaria vivienda de un lavadero de camiones, sin sanitarios, desnutrida, con trastornos en el habla y ausencia de hábitos básicos.
Ante el «ruego» de la madre biológica, la recibieron en su hogar de la localidad de Guadalupe Norte el 15 de diciembre de 2025.
El conflicto escaló en la víspera. Mientras que un grupo de vecinos se manifestaba alrededor de la plaza de Guadalupe Norte, bajo la consigna «Zoe no se va», le entregaron la intimación para que en 24 horas entreguen a la niña, lo que sucedió este sábado, en medio de otra manifestación frente a las oficinas de Minoridad, en la Agrupada 7 del Barrio Pucará, en Reconquista. Se vivió una situación muy tensa, con desbordes de emociones.
DENUNCIA PENAL
Luego de entregar a la niña, Rodríguez apuntó contra Melania Heinzen, actual Directora Provincial de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Interior en la provincia, y cuestionó por qué intervino personal de la delegación de Vera en una jurisdicción ajena. «Vienen ahora porque tienen la cola sucia, tienen denuncias y el lunes la vamos a denunciar penalmente», sentenció.
PEDIDO AL GOBERNADOR
Rodríguez dirigió un mensaje directo al gobernador Maximiliano Pullaro: «Señor gobernador, ponga personas que tengan amor acá, porque son niños. Hay varios hogares de chicos que están abarrotados y nadie los lleva.
La familia Chapero Rodríguez considera que la Secretaría priorizara tecnicismos, como la exigencia de inscripción en el Registro de Adopciones (RUAGA) por sobre el bienestar y el arraigo de la niña, ignorando incluso el pedido de la abuela biológica de Zoe, quien suplicó que la menor se quedara con los Rodríguez.
Fui al Juzgado de Familia y me pateaban de allá para acá. Hoy estamos tristes y dolidos, pero no nos van a quebrar.
LA EXPLICACIÓN OFICIAL
«Todo lo que se da fuera del marco legal es ilegal» Desde la Secretaría de la Niñez explicaron que cuando un adulto encuentra a una persona menor de edad en situación de vulnerabilidad, no tiene que llevarla a la casa, sino activar los protocolos de actuación que están marcados por la legislación vigente.
CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA
Cuando un niño no tiene cuidados parentales adecuados, entra en el sistema de protección de derechos. Ese sistema tiene dos niveles de intervención.
El primer nivel opera en el territorio. Cualquier persona o institución que detecte una situación de vulnerabilidad debe dar intervención al servicio local de niñez del distrito correspondiente (Por ley, cada Comuna y Municipalidad debería tenerlo, aunque en la práctica no es así). Ese equipo profesional debe evaluar las condiciones de cuidado en el domicilio.
Si el servicio local determina que el niño no está en una situación adecuada, el paso siguiente es buscar familia ampliada: abuelos, tíos u otros familiares. Si la familia ampliada no tiene condiciones, no puede o no quiere hacerse cargo, el servicio local solicita al segundo nivel —la Dirección de Niñez de la Secretaría— que adopte medidas de protección. Desde ese momento, la Dirección tiene seis meses para construir un proyecto de vida que le restituya al niño el derecho a vivir en familia.
EL CANAL FORMAL
Quienes trabajan con niños —docentes, personal de salud, entre otros— tienen canales específicos para activar ese primer nivel: el Equipo Socioeducativo de la institución educativa o el Centro de Salud más cercano. A partir de ese aviso, el mecanismo legal se pone en marcha.
Todo lo que ocurra por fuera de ese circuito formal no tiene respaldo legal, independientemente de las intenciones o las circunstancias.
En este caso, en el plano judicial, el juez de familia ya rechazó la tutela solicitada por la familia Chapero Rodríguez y corrió traslado a la Secretaría de la Niñez para que avance con el protocolo, el que se cumplió este sábado, con la recepción de la niña.
QUÉ VIENE AHORA
Desde la Secretaría explicaron que en estos procesos el foco está puesto en el niño, no en la familia.
Ahora la nena tendrá una tutela transitoria hasta que se concrete una adopción definitiva, siguiendo el marco legal vigente.
El primer recurso es que la nena vaya a vivir con una familia de cuidados alternativos, la que surgirá de un registro de familias previamente inscriptas y evaluadas para tal fin. Solo si no hubiera ninguna familia disponible en ese registro, la alternativa sería un hogar de transición. Y para adoptar, hay que estar anotados en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA), el único canal habilitado por la ley a ese efecto.
La historia de Zoe conmovió a la Región Reconquista y generó un debate que excede lo emocional: ¿Puede una familia que crió a una niña durante un tiempo quedarse con ella si no pasó por ningún filtro del Estado?
La respuesta oficial es «no», ya que «no ocurrió absolutamente nada de lo que establecen las leyes 12.967 y 26.061, las dos normas que crearon el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en Argentina.
A REVISAR
El gobierno de Santa Fe debería revisar el funcionamiento de la Dirección de Minoridad, en este caso, por qué no activó el protocolo cuando la familia Rodríguez Chapero avisó que la nena pasó a vivir con ellos, según lo que explicaron.
Desde esa cartera contraatacan diciendo que Valeria, siendo maestra de profesión, sabía que existía un protocolo. Debió haber avisado al Equipo Socioeducativo de la escuela o al Centro de Salud más cercano y acusan que no lo hizo y, por lo tanto, el proceso formal nunca comenzó.
