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Con las imputaciones del día lunes 11 de mayo de 2026, son seis los imputados, son seis juez Alurralde ordenó prisión preventiva para todos, embargos, inhibiciones e inmovilización de cuentas.
Vía internet, Bejarano (con anteojos y remera negra, arriba) y -abajo- Darío Sosa, ambos en sus respectivos lugares de detención.
En una audiencia realizada este martes 12 de mayo de 2026 en el Juzgado Federal de Reconquista, la Fiscalía imputó a Néstor Daniel Bejarano, alias «Piojo», domiciliado en la localidad de Sauce Viejo; y a Darío Sosa, detenido en la Cárcel de Coronda, por su presunta participación en una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes.
Tras escuchar a las partes, el magistrado dispuso medidas de coerción personal y patrimonial mientras avanza la investigación.
LOS IMPUTADOS:
Néstor Daniel Bejarano, 41, quien dijo ser comerciante, domiciliado en Sauce Viejo. Lo asiste el abogado Alfredo Marinelli.
Darío Sosa, 54, quien dijo tener el oficio de albañil, detenido en la cárcel de Coronda cumpliendo condena anterior, también por drogas. Lo asiste el abogado Federico Kiener.
Por la fiscalía federal de Reconquista intervienen los Dres. Roberto Salum y Viviana Bruno Campaña.
DE QUÉ SE LOS ACUSA
Según la acusación fiscal, ambos habrían integrado una organización dedicada a la distribución y comercialización de cocaína en el norte santafesino.
De acuerdo con la Fiscalía, Sosa habría coordinado desde su lugar de detención en Coronda la logística para el aprovisionamiento y la llegada de la droga a vendedores de la región. Entre los nombres mencionados en la audiencia figura Gisela Noemí Fernández, además de otras personas que integrarían la estructura investigada. Gisela Fernández ya fue imputada ayer, detenida desde el viernes pasado, en uno de los tantos domicilios que cambió en los últimos tiempos. Ahora estaba en calle San Lorenzo 382 casi Moreno, a metros de la casa del intendente de Reconquista.
En cuanto a Bejarano, el Ministerio Público sostuvo que habría sido uno de los proveedores de estupefacientes desde el sur de la provincia, abasteciendo a distribuidores locales y a personas investigadas en la misma causa, entre ellas Darío Sosa e Irina Abigail Alegre. Para la Fiscalía, Bejarano se ubicaría en un nivel alto dentro de la organización. Abigaíl Alegre también fue imputada en la víspera. Le secuestraron un vehículo Jeep Compass y tres motos.
CALIFICACIONES LEGALES
Néstor Daniel Bejarano: se lo imputó por «tráfico de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas organizadas, en la modalidad de provisión y distribución» y, además, lavado de activos de origen ilícito, en concurso real, también en carácter de autor.
Darío Sosa: la Fiscalía encuadró los hechos como «tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en la modalidad de distribución y comercio, en carácter de autor».
PEDIDO DE FISCALES Y DECISIÓN DEL JUEZ
Fiscalía solicitó para ambos, prisión preventiva por 120 días.
En cuanto a Bejarano, la Fiscalía sostuvo que existe peligro de fuga, mencionando salidas del país en distintas oportunidades y un importante movimiento económico reflejado en 18 cuentas entre entidades bancarias y billeteras virtuales. En la audiencia, el acusador lo ubicó como un eslabón clave —incluso en la «cúspide»— dentro de la estructura investigada.
Sobre Sosa, dijo que tiene acreditada su probable participación en el hecho investigado y el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Argumentó que, aun desde la cárcel, había podido mantener una estructura de venta y coordinación de pagos y logística. También señaló que restan producir testimoniales y reunir evidencia.
Además de la coerción personal, el Ministerio Público solicitó medidas cautelares sobre bienes y cuentas para asegurar eventuales decomisos y evitar maniobras de ocultamiento o disposición patrimonial.
EMBARGOS, INHIBICIONES Y BIENES ALCANZADOS
Para ambos imputados, la Fiscalía requirió el embargo de bienes secuestrados y la inmovilización de cuentas.
En el caso de Bejarano, se informó el secuestro de ocho automóviles, dos cuatriciclos, tres motos y una embarcación, además del pedido de embargo sobre el 50% de un inmueble en Sauce Viejo, del cual figura como cotitular otra persona. Además, el fiscal solicitó la incautación y resguardo de la información contenida en soportes digitales secuestrados durante los procedimientos.
Respecto de Sosa, el pedido patrimonial alcanzó el embargo de dos camionetas y dos motos.
LO QUE RESOLVIÓ EL JUEZ Y CÓMO SIGUE LA CAUSA
Tras escuchar los planteos de Fiscalía y defensas, el juez federal Aldo Alurralde hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Público y dispuso la prisión preventiva por 120 días para ambos imputados.
También ordenó el embargo, inhibición y congelamiento de los bienes y cuentas alcanzados por la medida. Asimismo, fijó un plazo de 180 días para la continuidad de la investigación.
Los fiscales podrían pedir la extensión de la prisión preventiva, en caso de justificar que necesiten más tiempo.
