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El crimen de Pillín Bracamonte y Rana Attardo, una bisagra según Del Frade.
Tras el fuerte descenso de asesinatos durante el primer año de la gestión Pullaro, un pedido de informes del diputado Carlos Del Frade pone el foco en el nuevo aumento de la violencia letal en el departamento Rosario, la circulación de armas, la corrupción policial y un quiebre aún sin explicación oficial.
“Algo se rompió de 2024 para 2025 y no queda claro qué es, como para explicar el aumento de asesinatos en Rosario de un año para el otro», dijo el diputado provincial Carlos Del Frade, al fundamentar el pedido de informes que ingresó a Legislatura para que eche luz sobre la evolución de la violencia letal en este departamento. “Los homicidios bajaron, pero nadie explicó por qué…”, agregó, y trazó una posible relación entre esa estadística y el relevamiento de varios jefes policiales en noviembre de este año por corrupción con la compra de combustible en la Unidad Regional II.
El planteo del Frente Amplio por la Soberanía reclama que la Casa Gris “informe los motivos del incremento de homicidios en el departamento Rosario en el último trimestre de 2025 como también es necesario conocer la opinión oficial sobre la continuidad del flujo de armas que circula en la provincia y específicamente en el departamento nombrado”.
Datos del Observatorio de Seguridad Pública, del Ministerio de Seguridad provincial, exponen que 2023 finalizó con 242 asesinatos en el departamento Rosario. Fue el último de una serie inédita y extrema que llegó a cuadruplicar la tasa de homicidios de Argentina y que había arrancado en 2012, con 182 casos, y que saltó aún más en 2013 con 256 asesinatos, en el año bisagra cuando asesinaron a Claudio “Pájaro” Cantero, líder de Los Monos.
Pero en 2024, el primer año de la gestión Pullaro, la suma de muertes violentas disminuyó a 87 homicidios en Rosario. Las leyes de emergencia en Seguridad, de microtráfico y el alineamiento con la gestión Bullrich y sus fuerzas federales se atribuyen ese descenso.
Sin embargo, en este 2025 la cifra aumentó otra vez. Para mediados de diciembre, Rosario y alrededores ya registraban 110 homicidios. Casi el 70% de esos hechos fue cometido con armas de fuego, lo que da un indicio de la grave circulación de armamento clandestino en la población.
De esos casos, el 63% fue cometido en la vía pública, y en el 64% de los crímenes hubo un mandato previo: indicios de la premeditación del crimen organizado, y de su impunidad.
“De noviembre a noviembre hay un 22% más de homicidios en Rosario, por más que no quieran medirlo ni decirlo. Para mí, esto empezó con el asesinato de Pillín y Attardo en noviembre del año pasado”, conjeturó Del Frade, en alusión al doble crimen del jefe de la barra brava de Central, Andrés Bracamonte, y su segundo, Daniel Attardo, el 9 de noviembre de 2024, a la salida de un partido contra San Lorenzo, en el Gigante de Arroyito.
En simultáneo, Del Frade metió en el análisis que “continuaron los allanamientos en el contexto de la ley del microtráfico y con el anuncio de la desarticulación de bandas narcopoliciales, pero esas informaciones no parecen reducir la violencia que volvió a hacerse sentir a partir de noviembre de 2024, cuando se produjeron los asesinatos de Pillín y del Rana, hecho que fue apuntado desde esta banca como el posible reinicio de la densidad en distintas áreas de la geografía rosarina”.
A su vez, sopesó que “el cambio de la conducción de la Unidad Regional II de la Policía de la Provincia de Santa Fe como consecuencia de hechos de corrupción vinculados a la utilización del combustible en móviles tampoco parece ser distante de estos nuevos asesinatos”, hilvanó el legislador.
La referencia alude a la detención en noviembre pasado, y posterior imputación penal, del ex jefe de la URII Daniel Acosta, y otros como Diego Santamaría y Héctor Saucedo, a cargo del Comando Radioeléctrico y de la Brigada Motorizada, respectivamente. Con ellos, hay más de 15 personas involucradas, entre policías y civiles, con el desvío multimillonario de fondos oficiales destinados a la compra de combustible para los patrulleros.
“Más allá del relato oficial del gobierno, los últimos tres meses del año marcaron un aumento en el número de homicidios, especialmente en el departamento Rosario, hechos que volvieron a remarcar la cantidad de armas de fuego que existen en el mercado ilegal”, plantea el requerimiento parlamentario. En lo puntual, repara en un síntoma de esta hipótesis: el triple crimen ocurrido el 23 de diciembre en el confín del barrio Las Flores, en un contexto de venta y consumo de drogas. Las víctimas fueron Érica Ayala y Sergio Roldán, ambos de 35 años, y un hombre que no había sido identificado.
Destrucción de armas de fuego secuestradas por la policía santafesina.
“El gobierno debe explicar qué fue pasando. Están esos 88 oficiales de Policía que contrataron y no se sabe bien qué hacen, me remite a una idea de reguladores de la violencia en el territorio. Yo creo que hay algo de eso que se está rompiendo y que habían logrado en 2024, con la disminución de los crímenes. Algo se rompió y falta que alguien lo explique”, indagó Del Frade.
“Sí, se recuperó la calle de Rosario, eso es un relato, pero la violencia narco policial sigue. Volvieron las balaceras en los barrios. Por qué lo que andaba bien ya no anda bien”, insistió.
El pedido de informes entró por la comisión de Seguridad de Diputados, y será tratado en febrero.
