Las Toscas Multimedios SITIO OFICIAL
Gentileza; Gabriel Artes Visuales
“𝐻𝑜𝑦 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑖𝑏𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑦 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑎” es la consigna con la que se intenta distraer. Una frase que se disfraza de sentido común para ocultar una verdad incómoda: los pibes no salen impunes, salen marcados. La llamada puerta giratoria no es de la justicia, sino de la exclusión. Mientras el foco se posa sobre el menor pobre, el delito estructural —el que empobrece, endeuda y gobierna— permanece intacto y fuera de escena. A este gobierno no le importa ni el joven asesinado ni los asesinos: le importa perdurar en el poder y usar este caso como cortina de humo.
El asesinato de J. en Santa Fe no inaugura nada. No abre un debate: lo reactiva, como se reactiva una alarma vieja cuando el incendio ya está fuera de control. La baja de la edad de imputabilidad vuelve siempre en el mismo momento: cuando la política necesita simular acción, cuando el poder necesita un gesto rápido, visible, comunicable. No importa si sirve. Importa que parezca.
Cada crimen aberrante protagonizado por jóvenes pobres se convierte en una oportunidad discursiva. El horror se administra, se edita, se repite en loop hasta que la indignación se vuelve dócil. Entonces aparece la solución simplificada, casi infantil: castigar antes, castigar más temprano, castigar al que ya llegó tarde a todo. La ley como acto de venganza simbólica, no como herramienta de justicia.
La pregunta nunca es qué sociedad produce estos hechos, sino a quién podemos señalar rápido. Y el menor inimputable resulta ideal: no vota, no tiene voz, no tiene lobby, no tiene relato propio. Es el enemigo perfecto.
La política —toda, sin excepciones románticas— conoce bien este mecanismo. Lo ha usado con el aborto, con la inseguridad, con la pobreza, con la educación. Cuando las papas queman, se enciende el falso debate. No para resolver, sino para ganar tiempo, para tapar otros crímenes más prolijos, más caros, más estructurales. Crímenes sin sangre visible, pero con miles de muertos lentos.
Bajar la edad de imputabilidad no es una respuesta ética. Es una confesión de fracaso.
Fracasa el Estado que no llega antes que la violencia. Fracasa la escuela vaciada de sentido. Fracasa la política que confunde autoridad con castigo. Fracasa una sociedad que sólo mira a la infancia cuando se vuelve peligrosa. Y cuando ese fracaso ya no se puede ocultar, se lo maquilla con leyes punitivas.
Pero incluso si la ley se aprobara —suponiendo que no quede, como tantas otras, en letra muerta— no significaría justicia. No significaría reparación. Ni siquiera significaría cárcel. El sistema penal argentino no castiga de manera equitativa: castiga de manera selectiva. El problema nunca fue la edad, sino quiénes son castigables.
La imputabilidad no es una categoría jurídica neutra: es una categoría política. Decide quién merece comprensión y quién merece condena. Decide qué vidas son recuperables y cuáles descartables. Decide, en el fondo, quién importa.
Hablar de derechos humanos en voz baja —o directamente negarlos— es otro síntoma del mismo cinismo. Los derechos humanos no son una concesión ideológica ni un capricho progresista: son el último dique frente al retorno de la barbarie. Cuando se los relativiza, cuando se los presenta como obstáculo, cuando se los acusa de “defender delincuentes”, lo que se está haciendo es legitimar la violencia estatal como pedagogía social.
Castigar al menor no protege a la sociedad: la embrutece.
Porque una sociedad que enseña que el problema se resuelve eliminando al más débil está enseñando algo mucho más grave que la violencia: está enseñando que la responsabilidad siempre es del otro. Nunca del sistema. Nunca del poder. Nunca de quienes gobiernan, legislan, administran y saquean.
Mientras tanto, los verdaderos responsables siguen intactos. Los que diseñan políticas de exclusión, los que vacían hospitales y escuelas, los que convierten la desigualdad en paisaje, los que naturalizan el “sálvese quien pueda” como doctrina económica y moral. Ellos no son imputables. Ellos no aparecen en los debates. Ellos no tienen edad.
La justicia argentina se invoca como salvación, pero funciona como ritual vacío. Promete orden, pero administra abandono. Promete castigo, pero garantiza impunidad a los de siempre. En su nombre se pide más dureza, más control, más encierro, como si el encierro pudiera reparar lo que el abandono destruyó.
Ese joven salvajemente asesinado no necesita discursos oportunistas ni leyes hechas para la tribuna. Ese joven, hijo de esta Argentina destrozada, necesita verdad. Y la verdad es incómoda: no hay crimen juvenil sin una sociedad adulta que haya renunciado antes a su responsabilidad.
No se trata de bajar edades. Se trata de subir la vara ética.
No se trata de más castigo. Se trata de menos hipocresía.
No se trata de protegernos de los chicos. Se trata de proteger a los chicos de un sistema que ya los condenó.
Porque cuando una sociedad decide que la solución es castigar antes, lo que en realidad está diciendo es que ya no cree en el futuro. Y una sociedad que deja de creer en el futuro empieza, lentamente, a justificar cualquier forma de crueldad.
La verdadera urgencia no es bajar edades ni endurecer penas, sino asumir de una vez la deuda estructural que la democracia argentina mantiene con las infancias y adolescencias. En un país donde siete de cada diez niñas, niños y adolescentes viven en la pobreza y más de un millón se acuesta sin cenar, hablar de castigo es una forma sofisticada de crueldad. Esa es la violencia originaria: el hambre, la exclusión, la intemperie social. Todo lo demás es consecuencia.
No se trata de un problema penal, sino político y moral. La infancia no necesita un Estado que llegue tarde con la ley en la mano, sino uno que llegue a tiempo con derechos garantizados: con escuela viva, con salud, con cuidado, con futuro. Persistir en la lógica punitiva no sólo vulnera los estándares internacionales de derechos humanos: consolida una sociedad que prefiere castigar a sus niños antes que hacerse cargo de haberlos abandonado. Y ninguna democracia puede llamarse plena mientras siga confundiendo justicia con venganza y protección con encierro.
