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Vicentin está elucubrando con un cambio de manos para la empresa estafadora del país.

Épocas en donde el Banco Nación estaba al servicio de la empresa Vicentín, lo manejaban todo…

 

Fuente: Juan Carlos Alderete.-

Ante el pedido de apertura de concurso preventivo en el Juzgado de Primera Instancia Distrito Nro. 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista por la empresa Vicentin S.A.I.C., creemos pertinente publicar el siguiente documento cuya autoría pertenece al Diputado Nacional por el Frente de Todos, Juan Carlos Alderete.

PROPUESTA PARA UN AMPLIO DEBATE NACIONAL: CASO VICENTÍN

La declaración de “stress financiero” de la empresa agroexportadora santafesina Vicentín (el mayor default corporativo de la historia provincial) está generando un sisma económico de alcance nacional.

La denuncia del director del Banco Nación, Claudio Lozano, sobre los préstamos otorgados por la entidad a la empresa Vicentin durante el gobierno de Mauricio Macri, el default comercial que esta generando el corte de la cadena de pagos, y la caída en default de otros actores de la cadena, la posible extranjerización de la empresa y el peligro de la perdida de cientos de puestos de trabajo encienden las alarmas de preocupación de todos los sectores.

Vicentin es un grupo empresario en torno al cual se mueve una gran parte de la actividad económica en la provincia de Santa Fe, grupo con presencia en una amplia red de sectores económicos que van desde la agroexportación, hasta frigoríficos, bodegas, algodoneras, etc. La familia homónima dueña de la empresa está en el puesto 27 de las 50 familias más ricas de Argentina según la revista FORBES del año 2018.

Así, inscripto como esta en el agronegocio en la Argentina, se vincula al dominante sector exportador ya que el 87% de su producción termina fuera del país. Vicentin es un grupo empresario con absoluta viabilidad, por lo tanto, no debe dejar de funcionar.

Actualmente, no solo está en juego su continuidad, se trata también de asegurar la continuidad de fuentes de trabajo, de ingresos al fisco nacional y provincial, de recuperar fondos necesarios en momentos de vigencia de una emergencia como la decretada por ley en el Congreso Nacional y de clarificar una situación que puede afectar a un sector clave de la economía nacional.

Consecuentemente, todas las estrategias que se adopten deben garantizar esto. La situación antes mencionada se agrava ante la reciente presentación de la empresa a concurso de acreedores. Esta instancia suele utilizarse para lograr una baja en las deudas y da como resultado la desvalorización de los activos.

En ese marco, Glencore (grupo asociado a Vicentin) podría comprar con muy poco dinero al grupo empresario, beneficiando de alguna manera a los actuales dueños de Vicentin. Las variantes de lo que harán los dueños de Vicentin con el futuro de la empresa deberán aclararlo ellos, pero no sería extraño pensar que se estuviese incubando algún cambio de manos que implicase, en última instancia, la extranjerización del grupo.

Distintas propuestas han surgido para solucionar esta situación: estatización completa del Grupo Vicentin, constitución de una empresa mixta mayoritaria del Estado con participación de distintos sectores interesados, formas de organización social de la producción donde combinen experiencias donde participen productores, trabajadores, el propio Estado, formas mixtas, etc.

Sin embargo, la cuestión esencial es cuál es el paso inmediato, mientras se profundizan los debates institucionales y públicos respecto al camino a seguir en referencia al futuro de la empresa.  En este sentido, se propone que, en tanto se debata la posibilidad de la estatización total, o la constitución de una empresa mixta u otro mecanismo, es preciso:

Asegurar la continuidad de la empresa, previniendo un vaciamiento o la extranjerización fraudulenta de la misma.

Asegurar la recuperación de los fondos prestados por la Banca Oficial o de aquella en la que participe el Estado.

Recomponer la cadena comercial, principalmente en lo que atañe a los pequeños productores y cooperativas afectados por el default.

La intención de este Documento de Propuesta de Debate es ubicar el mecanismo legal que permita impedir la extranjerización de Vicentin, garantizar la permanencia de sus fuentes de trabajo, impedir que los manejos poco claros de esta empresa terminen empujando a la quiebra a pequeños productores y cooperativas que entregaron sus granos  y, a la vez, dar pasos en búsqueda de una solución definitiva recuperando los fondos de la Banca Estatal que son importantes y que pueden destinarse a fines productivos y paliativos de la Emergencia Social (emergencia alimentaria, salarios y jubilaciones, reactivación de la economía, apoyo al productor agrario, PYMES, etc.)

Una posible línea de acción

Se trata entonces de definir una medida urgente que evite el vaciamiento de la empresa y la pérdida de fondos del Estado. En este sentido, reproducimos, por creerlo conveniente, algunas de las declaraciones que el Senador Francisco Durañona emitió al respecto en los medios públicos:

El senador del Frente de Todos, Francisco Durañona propuso que el Estado “estatice la firma Vicentin y se quede con un porcentaje de las acciones, dado que es el principal acreedor de la gigantesca deuda que tiene mediante el Banco Nación (BNA) y el Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro)”.

“Hay que intervenir con la Inspección General de Justicia (IGJ) la sociedad e iniciar el proceso de CRAM DOWN para que el Estado se quede con el paquete mayoritario de las acciones de Vicentin”, propuso Durañona en diálogo con Radio 10.

El CRAM DOWN o salvataje es un sistema de propuesta de acuerdo preventivo por un tercero, quien, en caso de obtener la conformidad de los acreedores, adquiere la empresa concursada. Implica la sustitución del empresario en quiebra, que es sustituido por otro en mejor situación para salvar la firma. Ésta es una figura comercial mediante la cual se realiza un salvataje de una empresa en quiebra que consiste en la apertura de un registro en el que deberán inscribirse aquellos interesados en adquirir la empresa.

Durañona justificó que la decisión se debe dar producto del tamaño de la deuda que el grupo empresario tiene. Los dos principales acreedores son el BNA, que prestó casi 18.000 millones de pesos, y el Bapro, que otorgó 13.000 millones de pesos.

“Está previsto en la Ley de Concursos y Quiebras: a cualquier especialista en derecho comercial y concursal que se le pregunte ratificará la existencia de este protocolo porque no se habla de expropiación, sino de continuidad de la empresa”, afirma Durañona.

Por medio de este salvataje, el Estado se adueñaría de las acciones correspondientes a la deuda contraída con la Banca Oficial.

Es de destacar un antecedente de actualidad: el Correo Argentino S.A., empresa controlada por el Grupo Macri en concurso de acreedores desde hace 18 años, está cada vez más cerca de la quiebra. El paso previo es el procedimiento de “CRAM DOWN” o salvataje, que fue habilitado por la Cámara Comercial en diciembre último y ratificado ahora por la fiscal Gabriela Boquin, quien pidió también la intervención de la empresa. Así el Estado, uno de los principales acreedores de la deuda de la empresa controlada por Socma y Sideco, podrá intervenir activamente solicitando medidas para impulsar la causa, impugnar informes, cuestionar a los síndicos e intervenir en el legajo sobre vaciamiento y desvío. 

Se trata de debatir la pertinencia de esta u otras medidas mientras se abre un debate público sobre la estructura futura de la empresa Vicentin.

Algunos elementos a tener en cuenta para el debate.

La deuda con la banca pública

El informe que el director del Banco Nación, Claudio Lozano, elevó al directorio de la entidad para que determine los pasos a seguir frente al pedido de renegociación que pidió la compañía Vicentin cuestiona el “estrés” alegado por el Grupo y considera (como dice el informe mencionado), que “ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin”.

Claudio Lozano desde enero pasado es el flamante director del Banco de la Nación Argentina

Según se indica en el informe, “[…] en el proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentin con el Banco Nación, se superaron los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las Grandes Empresas […]”. Y que “[…] Sin embargo y sin fundamento alguno la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa. Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco, sino por la línea gerencial, en el período del último gobierno […]”.

En el referido informe se documenta el acelerado crecimiento de la empresa en los últimos cuatro años, lo que se advierte en que las ventas anuales del Grupo Vicentin variaron como se indica a continuación:

Año 2015.- 27.100 millones de pesos, 19° puesto en el ranking de ventas. Año 2016.- 45.200 millones de pesos, 10° puesto en el ranking de ventas. Año 2017.- 61.335 millones de pesos, 7° puesto en el ranking de ventas. Año 2018.- 118.015 millones de pesos, 6° puesto en el ranking de ventas.

Lo anterior demuestra que, mientras que en el acumulado anual de los años 2016, 2017 y 2018, el total de las empresas de mayor facturación tuvieron una expansión de ventas del 51,36% de promedio anual; el Grupo Vicentin superó ese porcentaje ampliamente en un 83,87% de promedio anual.

A través de esto, se puede demostrar que el Grupo Vicentin, que ocupaba el puesto 19° de las 200 empresas en el 2015 y era la 4° cerealera de este grupo de empresas (superado sólo por Cargill, Aceitera General Deheza y la Asoc. De Coop. Argentina); pasó a ocupar en el 2018, el puesto 6° del ranking total y en el mismo proceso ocupar el primer lugar dentro de las cerealeras del ranking.

El Grupo Vicentin, según los trascendidos periodísticos, anunció que por «stress financiero» no va a pagar los 23.500 millones de pesos que debe a los bancos (18.500 millones al Banco Nación), ni los U$S 350 millones de dólares con los productores agropecuarios, más toda la financiación que tomó por Bolsa ni todo lo que debe a bancos internacionales de crédito en dólares.

Por otro lado, los 23.500 millones de pesos en los que está endeudado Vicentin en el mercado financiero doméstico representan el 20% de la facturación del 2018 (no de 2019) y dentro de ella, la deuda con Banco Nación de $18.000 millones es sólo el 15% de su facturación del 2018.

Además, en el citado informe se detalla el entramado societario que se utilizó para operar y se destaca que la relación entre el préstamo impago y la facturación de la empresa llega apenas al 20%, mientras que otras compañías como Arcor o YPF tienen una relación de 50% y 65% y no han planteado la crisis que alega Vicentin.

El lugar que la empresa ocupa en la economía nacional y en particular en el sector exportador (sexto mayor exportador de cereales, oleaginosas y sus derivados, con una participación del 9 por ciento de todo el mercado y el despacho de unos 300 barcos al año entre granos, harinas y aceites) señalan la necesidad de que el Estado en todos sus niveles intervenga en la crisis, pero no de cualquier manera. En situaciones similares, grandes empresas que contaban con el Estado como acreedor han aprovechado la oportunidad para licuar sus deudas haciendo cargo al conjunto de los argentinos y argentinas de las mismas.

Teniendo en cuenta que el incumplimiento de la empresa en el periodo 2015 – 2018 no hizo más que expandir su facturación, haciendo que los fondos públicos financiaran su crecimiento a expensas de los más necesitados. De los últimos 14 años, solo en el 2013 exhibe una ligera retracción de sus ventas.

El peligro de vaciamiento.

A la vez, la empresa es parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país, y empresas en el exterior: En Uruguay, Paraguay, Brasil y España.

Corresponde agregar en este punto el papel que cumple la empresa Renova dentro de la estructura del Grupo. Esta empresa materializa el acuerdo estratégico que Vicentin tiene con el Grupo Glencore, Trader mundial de granos y gigante minero. Acuerdo que ha dado lugar a una situación donde, en determinadas actividades, resulta difícil separar qué pertenece al Grupo Vicentin y qué pertenece al Grupo Glencore.

Glencore plc (PLC es una empresa de responsabilidad limitada PUBLIC LIMITED COMPANIES), es un holding extranjero con sede en Suiza, considerada la principal empresa privada dedicada a la compraventa y producción de materias primas y alimentos del mundo. En el año 2010 su facturación fue de 145.000 millones de dólares, un 36% más que en 2009, y el beneficio neto mejoró un 41% situándose en 3.800 millones. Glencore cuenta con más de 190.000 empleados (incluyendo contratistas) y tiene activos en 30 países. Glencore controla el 50% del mercado mundial de cobre, el 60 % de zinc, el 38 % de alúmina, el 28 % de carbón para centrales térmicas y el 45 % de plomo. En alimentos básicos controla casi el 10 % de trigo del mundo, cerca del 25% del mercado mundial de cebada, girasol y colza. Posee cerca de 300.000 hectáreas de tierras de cultivo siendo uno de los mayores productores del mundo de grano. A su vez, es el primer accionista de Xstrata con una participación de alrededor del 34%. Xstrata plc, en sus primeras épocas, era un monopolio minero anglo-suizo con sede en Zug, Suiza, y con domicilio social en Londres, Reino Unido. Fue un gran productor de carbón (y el mayor exportador del mundo de carbón térmico), cobre, níquel, vanadio y zinc y el mayor productor del mundo de ferrocromo. Tuvo operaciones en 19 países en África, Asia, Australasia, Europa, América del Norte y América del Sur. Todo lo anterior es una característica peligrosa en un área clave de la producción argentina.

Glencore PLC, es un holding extranjero con sede en Suiza, considerada la principal empresa privada dedicada a la compraventa y producción de materias primas y alimentos del mundo

Por la participación mayoritaria en la empresa Renova, que remite a firmas extranjeras (Glencore y Vicentin Paraguay), Renova termina siendo una empresa extranjera que sirve para distribuir utilidades dominantemente hacia Ginebra y Asunción con destino final incierto.

Todo lo anterior puede considerarse un peligro para el cobro de la deuda de Vicentin por su principal acreedor que es el Banco Nación. Además, la confusa composición del capital que controla Vicentin es un peligro para la Seguridad alimentaria argentina y para un proyecto de Soberanía alimentaria, elementos fundamentales de una Defensa Nacional Patriótico-Popular, Integral e Integrada, según el modelo sanmartiniano.

El proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentin con el Banco Nación superó los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las Grandes Empresas. Sin embargo y sin fundamento alguno, la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa. Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco Nación. Fue una decisión que corrió bajo la responsabilidad de las Gerencias a cargo. Es decir, las autoridades políticas del Banco Nación, en la gestión anterior, no quisieron dejar huellas respecto a esta decisión. Ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin.

El Banco Nación, junto con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, además del Banco Hipotecario, que tiene participación estatal, son los principales acreedores de Vicentin y deben asegurar el cobro de la deuda, además de preservar las fuentes de trabajo de miles de familias y las acreencias de acopiadores y productores para evitar el efecto cascada en toda la cadena productiva en momentos de declarada Emergencia.

Una cuestión de soberanía.

La intervención del Grupo Vicentin por parte del Estado (principal acreedor) permitiría incidir en un sector clave de la economía nacional evitando que los productores agrarios, en su mayoría pequeños y medianos como demuestra el reciente Censo Agropecuario Nacional, sean perjudicados.

Se garantizaría la continuidad laboral de los cientos de trabajadores y trabajadoras que desempeñan funciones directas e indirectas en sus plantas y que no se corte la cadena de pagos golpeando a los pequeños productores y los pueblos del interior.

Pero también sería una oportunidad inmejorable para que el Estado vuelva a ser protagonista en uno de los sectores fundamentales de nuestra economía, hoy dominado mayormente por empresas de capital extranjero. Por otra parte, se evitaría la pérdida de fondos necesarios para las Emergencias legisladas recientemente y para volver a poner en marcha el motor de la producción nacional y la pequeña y mediana industria principal generadora de puestos de trabajo en el país.

Sobre la base de entender que sin soberanía económica no habrá soberanía política ni posibilidad de justicia social, y en el marco de la crisis que vive nuestro país, existen mecanismos posibles para intervenir de manera inteligente, cuidando los intereses de los trabajadores y trabajadoras, así como los de las Provincias y la Nación.

La vuelta de la participación estatal en este sector de la economía no sólo es el único resguardo que hoy existe de la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras, sino que además podría aportar a un cambio que hoy es imprescindible en el modelo productivo argentino. De esta forma, podría iniciarse un camino que recoja la experiencia del IAPI (INSTITUTO ARGENTINO DE PROMOCIÓN DEL INTERCAMBIO) durante los primeros gobiernos del General Perón.

Se pondría nuevamente en el centro la Defensa Nacional y el control del Estado sobre un sector clave para el desarrollo independiente de la industria nacional y del bien estar de la población, tomando como ejemplo los motivos que propiciaron la creación de YFP por parte del General Mosconi.

Se podría recuperar una porción de soberanía monetaria hoy en manos de un sector altamente extranjerizado que explica el ingreso de 2 de cada tres dólares que ingresan al país. Sector que se ha beneficiado con las sucesivas devaluaciones, muchas veces provocadas por la decisión de estas mismas empresas de no liquidar divisas, situación propiciada por el macrismo con la quita de las normas que obligaban a estas empresas a hacerlo en determinado tiempo posterior a la venta de los granos.

Con el estado formando parte de este complejo agroexportador las políticas fiscales podrían ser mejor focalizadas sobre un sector que ha tenido superganancias en las últimas décadas y ha descargado la carga impositiva casi siempre sobre los productores, el primer eslabón de la cadena agroexportadora.

Por otro lado, la referencia estatal en el sector permitiría aportar al mejoramiento de la comercialización, la generación de precios de referencia para los productores y para el mercado interno, así como distender la dependencia comercial que hoy nos ata (condicionando nuestro desarrollo independiente) a las superpotencias compradoras.

La necesidad de tomar definiciones.

En este documento, se incita a que el Congreso Nacional tome una definición sobre la forma en la que se puede intervenir en esta cuestión, con medidas institucionales y promoviendo un debate público integrando una comisión especial al efecto de buscar, de manera inmediata y perentoria, los mecanismos legales y acciones que deba tomar el Estado Nacional sobre la Empresa Vicentin para evitar el vaciamiento o la licuación de la deuda y la posible venta (o la venta simulada) de activos a monopolios extranjeros, profundizando la desnacionalización que ha sufrido Argentina.

En este sentido, los objetivos que se proponen de la intervención del Estado en el caso se resumen en:

Mejorar las condiciones de trabajo.

Garantizar un mejor control de los precios de los alimentos surgidos de la comercialización de este sector (trigo, maíz, etc.).

Redirigir la renta que hoy va a la especulación financiera y dirigirla a una política de crédito blando para los pequeños y medianos productores.

Promover precios mínimos a los productores evitando la especulación.

Evitar el “traspaso de impuestos” que hoy realizan las agroexportadoras a los productores haciendo muy compleja una política tributaria progresiva.

Efectuar un control real y puesta en práctica de una producción industrial y agraria ambientalmente sustentable.

Ejercer un mayor control sobre la moneda a través del manejo directo de una parte del ingreso de divisas (dos de cada tres dólares que ingresan a la Argentina ingresan por este complejo).

Generar la posibilidad de que las ganancias de la agroindustria puedan volcarse en parte nuevamente a las regiones en obras e infraestructura urbana y social y a un modelo productivo diversificado y sustentable apuntalando la industria nacional y la generación de más fuentes de trabajo

A su vez, se pretende investigar la operatoria de la Empresa, abriendo las causas necesarias en la Justicia Federal, ante cualquier ilícito que se advierta o descubra para recuperar fondos mal habidos y sancionar a los responsables.

Por último, se propone iniciar un proceso de debate público sobre la necesidad de constituir una sociedad del Estado o una sociedad mixta con mayoría Estatal con la empresa Vicentin. Buscando, de esta manera, los medios para la participación de los sectores interesados en el debate sobre el destino futuro de Vicentin: productores pequeños y medianos, las organizaciones de los trabajadores, así como las representaciones sociales y políticas de las regiones y las provincias para aportar la experiencia y el conocimiento desde la cercanía.

(*) Diputado Nacional por el Frente de Todos, Presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo y referente nacional de los desocupados y precarizados de la Corriente Clasista y Combativa de la República Argentina.

 

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