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«Tripa» Celer, el primer poli ladrón que será juzgado en Santa Fe por enriquecimiento ilícito.

Gentileza de Aire de Santa Fe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Los fiscales del Ministerio Público de la Acusación solicitaron en su acusación una pena de 4 años de prisión y el pago de una multa de más de más de 3 millones de pesos. El pedido forma parte de una causa que se inició 2013 y que detectó inconsistencias en el patrimonio del entonces uniformado.

En 2019 lo condenaron a cinco años de prisión por realizar un falso allanamiento en barrio Barranquitas. En noviembre del mismo año un juez de Justicia federal de Santa Fe lo procesó por confabulación agravada y violación de secreto tras detectar sus vínculos con una banda de paraguayos que traficaba drogas a territorio santafesino. Ocho meses después, la Justicia provincial volvió a poner la lupa sobre su voluminoso patrimonio.

Se trata de Oscar Adrian “Tripa” Celer, un ex policía que prestó servicios en el Comando Radioeléctrico hasta el 6 de noviembre del 2017 cuando fue detenido infraganti, junto a otros tres suboficiales, en el interior de una vivienda a la cual habían ingresado con el fin de simular un falso allanamiento y así sustraer “armas, dinero y estupefacientes”.

El mismo vuelve a tener un nuevo capítulo en la Justicia provincial, luego de que los fiscales del área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, anticiparon que solicitarán una pena de cuatro años de prisión por el delito de “enriquecimiento ilícito” y el pago de una multa de $3.789.842,12.

 

El anticipo de pena contra el ex uniformado fue expuesto en una acusación que fue presentada por los fiscales al Colegio de Jueces Penales de Santa Fe. Próximamente la Oficina de Gestión Judicial deberá poner fecha de audiencia para que las pruebas de ambas partes se pongan sobre la mesa y así encaminar la causa a juicio oral.

Un patrimonio inconsistente.

Mediante un comunicado emitido por el MPA, los fiscales explicaron que la pesquisa judicial contra Celer se inició en Asuntos Internos en el año 2013 a raíz de una denuncia anónima. A partir de allí, la dependencia policial recopiló información de los bienes y deudas del acusado, y le requirió que justifique la procedencia de los fondos que utilizó para incrementar su patrimonio.

“Si bien hizo una presentación, la información que ofreció no le permitió justificar el aumento de su patrimonio. Además, sus afirmaciones no tuvieron relación con los datos de los registros públicos, y tampoco aportó documentación que pudiera dar sustento a sus dichos”, indicaron los funcionarios judiciales.

En concreto, la investigación detectó que entre el 2013 y 2017 Celer tuvo en su patrimonio cuatro automóviles (uno de ellos de alta gama, marca BMW -foto-); dos camionetas 4×4; un cuatriciclo; una motocicleta; dos embarcaciones y un inmueble de 374 metros cuadrados ubicado en Sauce Viejo, que según indicaron desde la Fiscalía el acusado se lo compró a otro hombre que también es investigado por la Justicia Federal por haber organizado actividades ilícitas de comercialización y transporte de estupefacientes. “El monto que no pudo justificar el imputado asciende a 1.819.681 pesos, tal como se concluyó y luego ratificó un perito contable del MPA”, subrayaron Hernández y Jiménez.

 

En este sentido, el monto no justificado por el imputado, actualizado a enero de 2020, asciende a un total de $3.789.842,12, destacaron desde la Fiscalía de Delitos Complejos de Saavedra y General López.

“Estamos ante un incremento patrimonial apreciable y desproporcionado, que representa más del triple del total de los ingresos que percibió como funcionario policial durante los cinco años relevados”, hicieron hincapié los fiscales. En tal sentido, sintetizaron que “aun percibiendo el triple de lo que recibía en carácter de salario, no llega a justificar su incremento patrimonial”.

El monto no justificado por el imputado, actualizado a enero de 2020, asciende a un total de $3.789.842,12, destacaron desde la Fiscalía de Delitos Complejos

Hernández y Jiménez destacaron además que “si bien el acusado estaba inscripto como monotributista para la venta de muebles, durante los cinco años analizados no existen registros de facturación ante la AFIP de que hubiera realizado alguna compra o venta”.

Drogas, armas y allanamientos ilegales.

Sobre Celer pesa además una condena acordada mediante un juicio abreviado en el cual cerró una pena de cinco años de prisión efectiva por el delito de tentativa de robo calificado (por ser en poblado y en banda; por el uso de arma de fuego; y por ser miembros de una fuerza de seguridad).

La condena fue en base a un hecho ocurrido el 6 de noviembre del 2017, cuando Celer junto a otros ex miembros de la policía, identificados como Cristian Basilio Gutiérrez de (40), Leonardo Abel Velázquez (33) y Exequiel Sebastián Romero (37), ingresaron en un domicilio de Iturraspe y Terraplén del barrio Barranquitas. Vestidos con su uniforme aparentaron realizar un allanamiento, pero sin una orden judicial e intervención de un fiscal.

Los cuatro exigieron al ocupante de la propiedad “dinero, drogas y armas”. La anómala situación fue advertida por vecinos que alertaron a la policía. Por esa razón, la zona se llenó de patrulleros y terminó con Celer, Gutiérrez, Velázquez y Romero detenidos.

 

Esa madrugada, los policías encargados de concretar la detención de sus pares le secuestraron a Celer una pistola calibre 9 milímetros que se encontraba cargada con con cuatro proyectiles del mismo calibre y en condiciones de utilización inmediata. La pistola se encontraba en el asiento trasero del auto del entonces agente del Comando Radioeléctrico. Justamente dicho automóvil se encontraba estacionado en inmediaciones de la avenida Peñaloza y Pedro de Vega.

Con Celer detenido, los investigadores del MPA peritaron su teléfono y detectaron que el uniformado supo ser la pata local de una banda narcoparaguaya cuyo integrante sería un santafesino radicado en el país limítrofe. Por tal vínculo, Celer fue procesado por el juez federal Francisco Miño en una causa que impulsó el fiscal Walter Rodríguez y que está pendiente de ser elevada a juicio oral.

 

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