Santa Fe tiene un nuevo escenario legislativo para las leyes de seguridad.

Opositores coinciden en que la salida de Sain podría destrabar el debate. El FPCyS insta a «un acuerdo político» en torno a la problemática

La reciente salida de Marcelo Sain del Ministerio de Seguridad provincial templó de modo parcial los ánimos en la Legislatura, sobre todo en lo que hace a los proyectos que la Casa Gris quiere sancionar para optimizar la gestión de una cartera que, en los últimos meses, devino en hierro caliente para el oficialismo. Son tres iniciativas que esperan debate desde octubre pasado y, al respecto, la renuncia del polémico funcionario permite entrever la configuración de un nuevo escenario.

En ese sentido, el nuevo jefe de Seguridad santafesino, Jorge Lagna, ratificó la semana pasada que tomará la posta y propiciará la aprobación del tridente de proyectos que, en su momento, la Gobernación pidió discutir en extraordinarias.

Luego de lucir conciliador y confirmar que está dispuesto a discutir las iniciativas con los legisladores, el flamante ministro no descartó avanzar con “los cambios que haya que hacerles, porque no son una verdad revelada”.

El paquete de iniciativas de Sain nunca logró abrirse camino parlamentario en un contexto de permanente colisión con la oposición e, incluso, un sector del justicialismo que apoyó a Omar Perotti en las elecciones de 2019.

No obstante, entre las bancas frentistas en la Cámara baja provincial deslizaron ayer a La Capital: “Existe predisposición a discutir los proyectos siempre y cuando el nuevo ministro explicite su plan de gestión y lo que piensa hacer con las leyes. En función de eso, habrá que construir un acuerdo político en torno al tema seguridad”.

“De nuestra parte, hay plafón para incursionar en eso. Pero todo dependerá exclusivamente del gesto de buena voluntad que tengan Lagna y el Ejecutivo”, sentenciaron.

En tanto, el diputado provincial Julián Galdeano (radical en Juntos por el Cambio, JxC) aseveró que con Lagna “se abre una nueva etapa que incluirá, si (en el gobierno de Perotti) deciden mantenerlas, las leyes de seguridad”. Y marcó diferencias con la impronta de la administración de Sain: “Es otro nivel de diálogo que permitiría avanzar con las iniciativas”.

 

Paralelamente, en el espacio macrista afirmaron —por lo bajo— “que en el Frente Progresista (FPCyS) nadie tuvo la voluntad seria de tratar los proyectos de ley, principalmente porque provenían de Sain y no tanto por su contenido”.

Por eso, en la vereda de JxC concluyeron: “Ya corrido el personaje (por Sain) del escenario, se podría avanzar en una síntesis respecto del alcance de las iniciativas” en pausa legislativa.

El combo de propuestas fogoneadas por el ex ministro apunta al cambio de la policía provincial y sus mecanismos de control. De hecho, Sain supo condicionar su permanencia en el gabinete de Perotti a la suerte parlamentaria de esos proyectos.

Para Sain, la continuidad del actual esquema orgánico y jurídico del área no permitirá generar modificaciones contundentes en la lucha contra el delito y, en especial, la ola de violencia que marca el pulso de Rosario.

De todos modos, los días por venir serán intensos: la comisión de Juicio Político de la Cámara baja acaba de habilitar medidas de prueba en el marco del pedido de apertura del proceso contra el ex titular de Seguridad, presentado por la Coalición Cívica (CC), por supuesto “mal desempeño de sus funciones”.

Incluso, el cuerpo especial sugirió al Ministerio Público de la Acusación (MPA) que se abstenga de habilitar el regreso de Sain al Organismo de Investigaciones (OI), cargo por el cual concursó en 2018 y luego pidió licencia para poder asumir al frente de Seguridad a fines de 2019.

De inmediato, la Casa Gris, a través del ministro de Gestión Pública provincial, Marcos Corach, cuestionó el rechazo opositor al retorno de Sain al Organismo de Investigaciones.

 

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