Luego de la audiencia imputativa, realizada en los tribunales de Reconquista el 18 de marzo de 2025, el fiscal Nicolás Maglier manifestó que a Víctor «Pipo» García y a Alberto Saucedo, les imputó el delito de abigeato calificado, doblemente agravado, por la cantidad de animales robados y por la participación delictiva de persona dedicada a la crianza de animales.
Para el fiscal, está claro que quien le robó los animales a Rosendo Osvaldo Corgniali, es el peón del campo vecino, Alberto Saucedo, quien pasó la hacienda bajo arreo al cargadero del campo de su patrón (Rómulo Marega) donde pasó Pipo García con su camioneta y acoplado, cargó y se llevó las dos (2) vacas y tres (3) terneros a su propio campo, donde fueron secuestrados por la Guardia Rural Los Pumas.
Luego, alguien se ocupó de pasar una máquina para deformar el piso y borrar las huellas de los rodados.
Para cuando el peón de Corgniali avisó que faltaban los animales y se constituyeron en el campo junto a los policías rurales, solo quedaban las pisadas de los animales. Igual pudieron identificar a Pipo García porque «hay testigos», aseguró el fiscal, quien desmintió lo dicho por Pipo, quien aseguró que usó otra camioneta, «la de todos los días»; y no la Ford roja que le secuestraron.
Vale recordar que Pipo reconoció su participación en el hecho, pero dijo que desconocía que esos animales eran robados, aseguró que se metió en este delito por haber realizado una operación informal, lo que es «habitual» cuando hay confianza entre gente de campo, ya que después formalizan la documentación.
Dijo que él aprovechó para cobrarse una deuda de $2 millones de pesos que tenía Saucedo con él por mercadería que retiró de su Supermercado. Que le dijo que a los animales se los había dado su patrón, pero omitió verificarlo. Encima lo complica la desproporción que hay entre el valor de esos cinco animales robados y la deuda que supuestamente pretendía saldar su cliente.
CÁRCEL EFECTIVA
Con los indicios que tienen hasta aquí los investigadores, de ser condenados por la calificación escogida (abigeato doblemente agravado) para ambos, el destino es la cárcel, porque tanto la autoría (de Saucedo) como la participación primaria (de García) tienen un reproche mínimo de cuatro (4) años de prisión, explicó el fiscal, aclarando que no los salvaría ni siquiera el hecho de que ninguno de los dos imputados tienen antecedentes penales, ya que ese es el mínimo para este delito.
Además -en esa teoría del caso- al empresario le decomisarían definitivamente la camioneta y el acoplado (ya secuestrados), porque así indica la ley con respecto a los bienes utilizados para la comisión delictiva. De hecho que informó el fiscal que eso pediría y que ambos rodados ya fueron puestos a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), que es el organismo provincial que decide el futuro de los bienes secuestrados por ser utilizados para cometer delitos. Su objetivo es darles un uso social, ya sea rematándolos, destinándolos a instituciones estatales como la Policía o el sistema penitenciario, o entregándolos a entidades de beneficencia.
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SABÍA DEL ROBO
EL FISCAL DICE QUE TIENE INDICIOS PARA SOSTENER QUE PIPO SABÍA DEL ROBO, POR ESO LO IMPUTÓ
Sobre el argumento de García en Radio HOY, de que no tuvo intención de concretar el robo empezado por Saucedo, el fiscal respondió en el mismo medio y también entrevistado por Gustavo Raffin, que «hay datos objetivos que me permiten a mí como fiscal, en este estadio procesal, inferir que debía conocer: (los animales vacunos) son bienes registrables con marcas y señales, que están bajo titularidad de la persona damnificada. No habiéndose procedido regularmente a analizar esto antes de adquirirlo, a mí me permiten inferir de que hubo dolo», respondió en Radio HOY el representante del Ministerio Público de la Acusación, Nicolás Maglier.
¿PUEDE CORGNIALI SALVAR A PIPO?
Si García convence a Corgniali de que no sabía del robo, que actuó por desconocimiento y falta de cuidado, ¿el damnificado podría evitarle la condena? El fiscal respondió que la opinión del damnificado es importante, pero «no necesariamente es dirimente» frente a un delito de acción pública.
MÁS DETALLES DEL ROBO Y EL GROSERO «DELAY» DEL MPA
A fines del año 2024, le robaron cinco animales vacunos a Rosendo Osvaldo Corgniali desde su propiedad en Paraje El Algarrobal, distrito Lanteri, cuyo presidente comunal quedó involucrado porque fue quien, en persona y con su propio vehículo y acoplado, trasladó la hacienda robada a su campo, donde fue secuestrada por la policía.
Denunciado el caso, el 26 de diciembre, el damnificado y la policía rural rastrearon los pasos de los animales, y determinaron que los habían cruzado caminando al campo vecino, «Los Secos», propiedad de Rómulo Marega, donde vive su empleado, Alberto Saucedo; que es donde Pipo la recogió; y alguien se ocupó luego de pasar una máquina para deformar el suelo y borrar las huellas de los rodados. Cuando hay antecedentes de situaciones de este tipo y el fiscal quiere pedir al juez una prisión preventiva «para cautelar la investigación», eso lo argumenta como «peligro procesal».
(«Delay» es un término en inglés popularizado en las comunicaciones locales, que significa «retraso»). En el mundo de la música queda bien, porque sirve para añadir profundidad y textura a las grabaciones. En términos judiciales, es pésimo, porque se pierden pruebas y se desprestigia el Poder Judicial).
Vale aclarar que la causa se encaminó a partir de que la dirección quedó en manos del fiscal Maglier.
VARIOS ALLANAMIENTOS Y SECUESTRO DE PRUEBAS
En el marco de esta causa, se ordenaron varios allanamientos con secuestro de pruebas.
En la casa de Saucedo, secuestraron su celular y una escopeta que tenía sin declarar, lo que también constituye delito. En su celular, encontraron una decena de llamadas realizadas a Pipo García, e incluso a su madre, el día que robó la hacienda a su vecino. Evidentemente, Saucedo estaba urgido para que Pipo García retire la hacienda robada.
UNA CAUSA QUE EXPONE NUEVAMENTE AL MPA
Recién tres meses después del robo, el fiscal Gerosa (con autorización del juez penal de turno) mandó a secuestrar pruebas vinculadas con Pipo García. Fue el 11 de marzo, cuando requisaron dos de sus estancias: «Doña Nelly s.a.» y «Puesto Blanco», donde secuestraron su camioneta y el acoplado utilizado para la comisión delictiva, tal lo señalado por testigos.
También ese 11 de marzo, allanaron su supermercado, ubicado en la localidad de Lanteri, donde secuestraron pruebas de la deuda de Saucedo. Y otro privilegio, es que recién ahora, tres meses después, le secuestraron el celular.
Vale recordar el historial del abigeato, que cuando existen agravantes (y en este caso son dos, por la cantidad de animales y por la participación de gente que conoce del negocio de hacienda) normalmente se procede con la detención de los involucrados. Como aquí, si detenían a Saucedo, debían detener también al empresario y político, la salida fue no detener a nadie.
Y si por la gravedad de este tipo de delitos ya se ordena la detención preventiva de los involucrado, acá más se expone la consideración especial, porque hubo otro aspecto no menor: el ocultamiento de pruebas, que fue la deformación del piso del cargadero de hacienda, para borrar las huellas de los rodados utilizados.
Si bien Saucedo está en el target de los perseguidos penalmente por el Estado Provincial, pasó a ser el gran beneficiado por tener como consorte de causa, como partícipe necesario del delito, a un político y empresario.
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QUÉ DICE LA LEY
(Sobre los delitos que el fiscal le imputó a los procesados)
Abigeato: Cuando el delito involucra cinco o más cabezas de ganado y participa una persona que se dedica a la crianza, cuidado, faena, elaboración, comercialización o transporte de ganado (como se imputó en este caso) , la pena va de cuatro (4) a diez (10) años de prisión (Artículo 167 quater del Código Penal Argentino).
Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil: pena de seis (6) meses a dos (2) años de prisión y multa (Art. 189 bis del C.P.A.). Este delito le fue imputado también a Saucedo, porque al allanar su domicilio le encontraron una escopeta no declarada.
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QUÉ DIJO PIPO GARCÍA
El presidente comunal de Lanteri aceptó una entrevista y reconoció su participación en el hecho, pero remarcó que fue «involuntaria», que no sabía que los animales eran robados.
Reconoció que él mismo los trasladó en su camioneta y acoplado (eso si, dijo que la camioneta no es la que le secuestraron, sino «la que uso habitualmente»). Remarcó que sabe que el traslado de hacienda tiene un requisito legal que no cumplió, pero refirió a la informalidad habitual con la que se opera en este tipo de transacciones entre gente conocida del campo, que muchas veces se traslada la hacienda y luego se formalizan los trámites. Puso énfasis en decir que jamás se involucraría en un robo.
Explicó, además, detalles de la transacción que hizo con Saucedo: que es un cliente de su supermercado, donde retira mercadería a cuenta, que va cancelando periódicamente. Ahora había acumulado una deuda de aproximadamente $2 millones de pesos, que canceló entregándole «dos vacas regulares y tres terneros», que estimó en ese monto (lo que fue desmentido por varios oyentes que conocen el precio de la hacienda y dicen que el valor de esos animales es muy superior).
Otra cosa que intentó dejar claro García es que él colaboró en todo momento con la investigación, facilitando el trabajo de los agentes dentro de sus campos y de su negocio.
EL PESO DE VÍCTOR GARCÍA
Vale recordar que Pipo es Víctor García, empresario ganadero y productor agropecuario de toda la vida. Además, hace 10 años que es el presidente de la Comuna de Lanteri. Tiene una trayectoria intachable como comerciante y empresario agropecuario; y viene de renovar la confianza mayoritaria del pueblo en las últimas cinco elecciones, que ganó todas.
Ha sido el primer mandatario PRO en la Provincia de Santa Fe, por lo que en su momento fue visitado por el propio Mauricio Macri; y más acá, por la vicegobernadora PRO, Gisela Scaglia. Está alineado con la conducción de Maximiliano Pullaro dentro del Frente «Unidos para Cambiar Santa Fe»; y en ese contexto, luego de una década, decidió dejar la presidencia comunal al terminar su mandato el 10 de diciembre de 2025; y en este turno electoral se postula como precandidato a integrar la Comisión Comunal en la lista que encabeza su delfín, Gabriel Moschén, acompañado por Mariana Rodríguez, Jésica Fernández, Elio Dean, Cintia Conti, Iván Zechín, Antonela Bogadín, Juan Ignacio Peresón, Gabriela Raffin, Laureano Sánchez, Carolina Flores, Guillermo Moschén, Sofía Vallejos, Diego Gómez y Micaela Gómez.
«Hay que dar lugar a otros, que vengan los más jóvenes con su empuje y entusiasmo. Voy a acompañar a los chicos y vamos a seguir colaborando desde otro lugar», expresó el mandatario cuando anunció su decisión.