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El fiscal general Martín Suarez Faisal solicitó que los dos agentes de la Brigada Operativa Departamental que comenzaron a ser juzgados la semana pasada sean condenados por los “tormentos” que dijeron sufrir dos vendedores de drogas de la localidad del norte. El funcionario también pidió que la medida alcance a un médico.
El juicio que tiene en el banquillo de los acusados a dos ex agentes de la brigada departamental de reconquista y a un médico policial entró esta mañana en su etapa de definiciones. En su alegato el fiscal general ante el tribunal, Martín Suárez Faisal, mantuvo la acusación contra los tres imputados que tuvo el debate que se inició el martes 15 de octubre.
Durante una hora, el fiscal solicitó penas de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para Luciano Federico Martínez y Germán Daniel Arce dos agentes de la Brigada Operativa Departamental de drogas de Reconquista que prestaron servicios en esa área hasta el 2013. En tanto, para el médico legista Alejandro Oscar Daveau que también fue juzgado, solicitó un pedido de pena de dos años de ejecución condicional e inhabilitación por el doble de tiempo.
El debate oral y público tuvo lugar en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe (Primera Junta y San Jerónimo) y fue presidido por el juez Luciano Lauría junto a María Ivon Vella y José María Escobar Cello. La causa data del año 2013, cuando Ángel Ramirez y Gustavo Cernadas, ambos condenados tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, denunciaron haber sido golpeados por los funcionarios policiales.
Al comenzar su alegato, Suárez Faisal fue determinante: “no quedan dudas” que Martínez y Arce golpearon a Cernadas y Ramírez en la vía pública una vez que estaban reducidos y esposados, el 25 de marzo de 2013, tras un procedimiento policial comandado por Martínez. “Les propinaron una golpiza que les ocasionó lesiones”, manifestó el fiscal, y precisó que, además de los hematomas constatados, Cernadas padeció una fractura en el tabique y Ramírez una fisura en el maxilar.
El representante del Ministerio Público Fiscal insistió además que se trataron de “heridas sangrantes comprobables a simple vista, y (los detenidos) continuaron siendo objetos de malos tratos en la dependencia”. Dichas heridas fueron calificadas como leves en el primer informe realizado por el doctor Daveau, el primer galeno en revisar a Ramírez y Cernadas. “Cuando los llevaron a indagatoria el mismo juez se dio cuenta del estado deplorable de los detenidos y los mandó al hospital”, remarcó.
El fiscal también dio por acreditado el “violentísimo accionar” del grupo de agentes que participó en el operativo, tal como declararon vecinos y transeúntes ocasionales: “fue alevoso, tres, cuatro fierrazos con la punta de la escopeta”, citó de uno de los testigos. Por último, en el libro de guardia de la celaduría, se dejó constancia que las heridas se veían a simple vista, en rostro y en cuerpo de ambos detenidos.
El accionar de Martínez y Arce
En otro tramo de su alegato, repasó a continuación lo realizado por Luciano Martínez quien el día de los hechos, se encontraba a cargo del operativo, por lo que fue el principal responsable y como tal redactó el acta de procedimiento.
En ese documento, Martínez relató que se vio “obligado a usar la fuerza mínima e indispensable” por la resistencia que oponía Ramírez: “esa fuerza mínima fue quebrarle la mandíbula”, expresó Suarez Faisal, y concluyó: “no cabe duda que Martínez violó su deber funcional de asegurar la integridad física del detenido”.
Sobre Germán Arce, quien se encargó de la detención de Cernadas, el fiscal cuestionó la defensa vertida por el imputado. Arce dijo que no habría podido golpearlo de esa manera porque estaba recuperándose de una operación inguinal, “pero esa intervención lleva un mes de recuperación y se había operado hace cinco meses”, cuestionó.
¿Por qué intervino Daveau?
Finalmente el fiscal general alegó sobre la participación del médico policial: “No estaba de turno, recién había empezado su licencia. Alguien lo contacto a él y no a Gallardo, que era el medico que estaba de guardia y que al día siguiente constato las lesiones más graves”. En esa linea, hizo un doble cuestionamiento sobre la participación del doctor Daveau en la causa: como médico y como funcionario público. “No podía mentir, y en el informe médico quedó en evidencia que ocultó la gravedad de las lesiones: tiempo de curación de 10 y 5 días, cuando cualquiera que lo veía notaba la gravedad”. Para sostener esta última afirmación, el fiscal hizo alusión al testimonio de uno de los médicos que pasaron ante el tribunal, y que al ver las fotos de los detenidos vaticinó un tiempo de curación de un mes por lo menos.
Sobre la intervención de Daveau, Suarez Faisal expresó que “en ningún lado consta que Gallardo estaba imposibilitado de atenderlos”. Además remarcó que la licencia de Daveau “nunca se cortó de manera oficial”. “¿Por qué recurrieron a Daveau? No encuentro otra explicación que no sea porque él era quien iba a evitar que se los investigue por las vejaciones”, concluyó.
Los tres acusados durante el juicio. Maiquel Torcatt/ Aire Digital
Prisión e inhabilitación
En el último tramo del alegato, el fiscal solicitó condenar a Martínez a cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua, como autor de los delitos de vejaciones agravadas por violencia en concurso ideal con lesiones graves agravadas por ser cometidas por un funcionario policial en ejercicio de sus funciones, en concurso real con abuso de autoridad. En tanto, para Gabriel Arce pidió una condena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua como autor de los delitos de vejaciones agravadas por violencia en concurso ideal con lesiones graves agravadas por ser cometidas por un funcionario policial en ejercicio de sus funciones.
La solicitud del funcionario judicial también hizo hincapié en que ambos policías sean encarcelados inmediatamente tras la sentencia para asegurar el cumplimiento de la pena, ya que llegaron al juicio en estado de libertad. Por último, para el médico Daveau pidió una sentencia condenatoria de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación durante cuatro años para el ejercicio de la profesión, por considerarlo autor de los delitos de encubrimiento agravado por ser cometido por un funcionario público y falsificación ideológica.
Alegatos y sentencia
El debate se reanudará el próximo martes con el alegato del abogado querellante Gabriel Tanino y del abogado defensor Néstor Oroño. Luego, se espera que después de un cuarto intermedio el tribunal de a conocer su decisión.
