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Oscar «Poppy» Larrauri apareció en la ruta del blanqueo de ingresos por juego ilegal de Leo Peiti y Traferri.

En los allanamientos que se produjeron esta semana los fiscales recolectaron pruebas sobre las supuestas maniobras de blanqueo del dinero que se obtiene del juego clandestino. Adquirieron inmuebles y vehículos de alta gama.

Un nuevo capítulo de la causa de juego clandestino pone otra vez bajo la lupa los vínculos entre el poder político y el económico. Los allanamientos en la mansión de Oscar Larrauri, expiloto de Fórmula 1, en el Golf Club de Fisherton, y un día después a un abogado cercano al empresario Leonardo Peiti, tan cercano que es vecino, apuntan a delinear cómo se conformaba y funcionaba la estructura de lavado de dinero que derramaba el juego ilegal, que posee un nivel de sofisticación importante.

El nombre de Armando Traferri no parece ajeno a este eslabón que investigan los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, porque el senador mantiene una vieja amistad con el expiloto de fórmula 1, al que acercó a la política, cuando fue concejal en Rosario en 2001. “Lo demuestran las llamadas casi cotidianas al legislador”, señalaron a Aire de Santa Fe fuentes de la investigación, tras el secuestro del teléfono de Larrauri.

 A la par, los fiscales insistirán en la necesidad de imputar a Traferri, tras pedir a la Corte Suprema la inconstitucionalidad del artículo 27 del código procesal penal que les impide convocar al senador a una audiencia imputativa. Esa normativa le otorga inmunidad a diputados y senadores e impide que sean citados a declaración indagatoria si la Legislatura no les suspende los fueros.

  “Hicimos una petición con el objetivo de imputar al senador Traferri. Creemos que hay pruebas contundentes en su contra. Y lo cierto es que la normativa que regula el Código Penal, es un impedimento”, afirmó Schiappa Pietra. Del otro lado, desde el entorno cercano a Traferri, opinan lo contrario, que esta causa es una operación del ministro de Seguridad Marcelo Sain. Esta semana en el Senado el propio Traferri agitó esa tensión con Sain al pedir un minuto de silencio para las víctimas de la inseguridad.

Por fuera de la Legislatura, la causa de juego clandestino se reactivó luego de que los fiscales Schiappa Pietra y Edery ordenaran allanamientos en torno al núcleo que está sospechado de lavar dinero del empresario Leonardo Peiti.

 En la causa detectaron cinco modalidades de lavado de dinero que triangulaba Peiti, Larrauri y José Fernández Chémez, un abogado que es pariente del capitalista de juego y vecino. La información fina sobre este eslabón empezó a ser palpable con una carpeta que se secuestró a principios de diciembre pasado en una oficina de la pareja de Fernández Chémez.

 

En esa carpeta aparecían operaciones entre Larrauri y Peiti. El jueves pasado, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal allanaron la mansión de Larrauri y otra casa en Fisherton. Encontraron más documentación que derivó en un tercer allanamiento a la oficina de calle Corrientes donde hasta hace dos años trabajaba Fernández Chémez, quien es actualmente funcionario de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, y actualmente lo hace su pareja.

 En dos semanas, cuando se termine de relevar la información recolectada, los fiscales analizan imputar a Larrauri y a Fernández Chémez, acusados de lavado de activos de dinero que proviene del juego clandestino.

Según apuntaron los investigadores judiciales, Larrauri habría realizado compras de más de una docena de inmuebles y vehículos de alta gama con dinero del empresario de juego clandestino, con quien mantiene una vieja relación de amistad. Los indicios apuntan a que esas propiedades después se “movían” en el mercado para disimular su origen. “Hay documentación muy importante que fue secuestrada y ahora se la procesará para después realizar las imputaciones”, indicó a Aire de Santa Fe el fiscal Matías Edery.

  Esta causa tuvo su pico de audiencia en agosto pasado cuando fueron detenidos dos fiscales acusados de cobrar coimas de Peiti. El jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal está preso actualmente en la cárcel de Piñero, a unos 20 kilómetros de Rosario, y fue sometido a una junta médica luego de solicitar la detención domiciliaria por cuestiones de salud. Gustavo Ponce Asahad, el otro fiscal, está detenido en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y fue quien en noviembre pasado declaró que el nexo entre la justicia y el empresario era el senador peronista Armando Traferri.

 Los fiscales pidieron el desafuero del legislador oriundo de San Lorenzo pero el Senado rechazó retirarle los fueros, al considerar que las evidencias contra Traferri eran débiles. El senador acusó al ministro de Seguridad Marcelo Sain de estar detrás de “una maniobra” política para perjudicarlo.

 El allanamiento contra Larrauri se produjo este jueves en una mansión de grandes dimensiones en el golf de un country de Fisherton, en el oeste de Rosario, donde tiene una de las residencias.

 Una de los objetivos en esta causa es seguir la ruta del dinero que provendría del juego clandestino. En ese punto los fiscales analizan documentación que surgió de los allanamientos de diciembre pasado para hallar los posibles nexos en materia de lavado de dinero.

 Fuentes judiciales señalaron que Larrauri tiene una vieja amistad con Leonardo Peiti en la zona de San Lorenzo, donde el expiloto tiene parte de sus empresas frigoríficas. Larrauri incursionó en política y en 2001 fue electo concejal de Rosario por el Partido Justicialista, cargo que ocupó hasta 2005.

Según los fiscales Peiti “era el encargado de seleccionar el personal a su cargo, ordenar la organización del negocio ilegal, proveer el software con el que debían funcionar los dispositivos electrónicos existentes en las salas de juego, recolectar el dinero producido, invertirlo y ocultarlo de los registros financieros y tributarios legales y acordar con las autoridades políticas y judiciales la protección del negocio ilegal”.

 El rol del exfiscal Serjal “fue el organizador de la cobertura judicial y abusando de su cargo dio directivas a Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad de Peiti en causas vinculadas al juego ilegal”. Y la función del senador Traferri en la asociación ilícita era la de “asegurar a Peiti la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos mientras él tenía por misión la organización de recursos económicos, materiales y humanos para montar la empresa ilícita destinada a la organización de juego clandestino”.

 “Gracias a la entrega de dádivas a funcionarios públicos, Peiti tuvo acceso a información reservada sobre posibles allanamientos que se llevarían a cabo en su contra en diciembre de 2018”, apuntaron. Ahora el nuevo eslabón que aparece en esta causa, que provocó un fuerte impacto político, es el de empresarios que participarían de operaciones de lavado de activos.

 

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