Ofreció diez millones de pesos para obtener la libertad, el fiscal Maglier Objetó y el Juez Gauna Chapero, resolvió prisión preventiva sin plazo.

 

 

Gentileza: Reconquista Hoy.. Gustavo Raffín, Julieta Riquel.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Después de una ardua discusión legal entre fiscal Nicolás Maglier y la defensa, el juez dejó en prisión preventiva sin plazo al ex campeón de fútbol, que fue imputado como jefe de una asociación ilícita y de organizar juegos ilegales on line.
Marcelo Alberto Toscanelli, de 57 años de edad, portador del DNI 16.547.409, domiciliado en calle Chile 677 de la ciudad de Granadero Baigorria, contador público nacional, soltero, y ex campeón del fútbol argentino en el año 1987 jugando en el primer equipo de Rosario Central, fue imputado de los delitos de asociación ilícita y juegos ilegales on line, y el juez penal Martín Gauna Chapero declaró legal la detención, habilitó la investigación penal preparatoria y dispuso que deberá permanecer en prisión preventiva sin plazo determinado, tal como lo pidió el fiscal reconquistense Nicolás Maglier, en una maratónica discusión llevada a cabo el martes 01 de diciembre de 2020 vía internet.
Toscanelli participó de la audiencia desde su lugar de detención, en la alcaidía de Rosario. Casi toda la audiencia estuvo cabizbajo, se mostró enfermo y su abogado pidió que vean su rostro de enfermo y miren los informes médicos. Justificó que por eso demoró su detención, pero sostuvo que es intolerable decir que estuvo «prófugo».
El Dr. Paul Krupnik, sostuvo que su defendido tiene cáncer en los intestinos y que no está en condiciones de estar en prisión; y que además tiene un niño de 4 años de edad con su actual pareja, quien es profesora universitaria y no puede ocuparse permanentemente, y allí hay un derecho a cuidar, el del niño, agregó la co-defensora, Martina Lianza.
La defensa llegó a ofrecer 10 millones de pesos en garantía para que Toscanelli no quede preso, pero no logró convencer al juez, ni siquiera de que haya tenido Covid, como argumentó la defensa.  Para el juez, Toscanelli perdió credibilidad y demostró que «es una persona que no se sujeta a las normas de convivencia», porque, si tenía Covid -como dijo- por qué concurrió en ese estado a sus oficinas de Rosario el 11 de noviembre, tal como quedó registrado en un video; pero incluso el magistrado puso en duda que sea cierto que tuvo el virus, lo que en ese caso también consideró que es reprochable, porque demostraría aptitud para el engaño y en esta etapa hay que garantizar la investigación. 
El fiscal Maglier le reprochó a Toscanelli haberse mantenido «prófugo del 11 al 26 de noviembre», dejó claro que no le creyó el impedimento de la enfermedad porque de ser real lo que sostienen en cuanto a la gravedad del caso, bien podría haberse acreditado, pero es inadmisible que no se haya puesto a derecho, eso demuestra que su libertad es poner en riesgo la investigación. Sospecha que podría entorpecer la investigación e incluso fugar, en lo que también coincidió el juez a la hora de fundamentar su decisión de dejarlo preso.
En su ataque al trabajo del Ministerio Público de la Acusación, el defensor llegó a sostener que la investigación no demuestra nada porque es «de vuelo gallinaceo «, y que nada va mas allá de la «elucubración afiebrada de la fiscalía «.
Sostuvo que los juegos ilegales on line no están prohibidos en la República Argentina, y que la Constitución es clara de que «lo que no está prohibido está permitido», lo que luego derribó el fiscal Maglier con sus argumentos, admitidos por el juez.
 Los hechos imputados al CPN Marcelo Toscanelli:
Primer hecho: Haber ocupado el rol de jefe junto con Fabricio Ciamporcero, en una organización criminal en la que junto con el otro jefe obtenían ganancias millonarias utilizando una aplicación vía internet que se identifica como «Aconcagua Poker», dirigida a la captación de apuestas de un número indeterminado de personas, sin contar con la debida autorización pertinente emanada de la autoridad competente, tal como informó la Caja Social  de la provincia de Santa Fe. Reprochó también el perjuicio millonario para la administración pública.
El segundo hecho imputado es la asociación ilícita de un grupo numeroso de personas, en la que cada integrante de la organización cumplía roles de acuerdo a su jerarquía, siendo Toscanelli uno de los jefes, dando las ordenes sobre la metodología del desenvolvimiento de la organización, por ser uno de quienes disponía de los mayores beneficios económicos de las ganancias obtenidas. 
En la audiencia imputativa realizada el 30 de noviembre de 2020, el fiscal Maglier calificó esos hechos dentro de la figura de explotación y administración del sistema de captación del juego de azar sin la debida autorización, en concurso ideal con el delito de defraudación a la administración pública, en carácter de autor, en concurso real con el delito de asociación ilícita, aunque el juez Gauna Chapero ya anticipó que él no convalida la figura de defraudación al Estado porque sostiene que la contiene la explotación de un juego ilegal. Aquí vale aclarar desde la redacción de ReconquistaHOY, que la eliminación de esa figura no modifica los mínimos y máximos de pena posible, ya que el mismo fiscal la consideraba en concurso ideal con el delito de organizar juegos ilegales.
Otra figura que el juez de la investigación dejó tecleando es la de asociación ilícita, ya que confesó que tiene sus dudas sobre la aplicación de esa figura, pero dio la oportunidad al fiscal que avance en la investigación ya que si le parece sólida la figura del Art. 301 bis, que es la explotación y organización de juegos ilegales.
Vanos fueron los esfuerzos de la defensa al intentar que el magistrado declare nula la detención y las escuchas telefónicas. Argumentó que consta en el legajo que el mismo día que comenzó la investigación (22 de diciembre de 2019), pidieron al juez Gustavo Gon las diez intervenciones telefónicas, lo que para él es inadmisible y violatorio de las garantías constitucionales, ya que no se puede disponer ligeramente una intervención telefónica para ver si se encuentra un delito, debe haber una investigación previa, indicó. El juez salvó eso que consideró un «error», ya que no duda que antes hubo una investigación, que es la que les permitió determinar los números telefónicos que le pidieron al juez que intervenga, amén de «otro error» que castigó a chicotazos verbales el defensor, ya que erraron en un número y por error escucharon durante tres meses las conversaciones de una persona totalmente ajena a los hechos que se investigan.
Otra cosa que achacó sin suerte el defensor, es que a él le parece muy playita la imputación, ya que se realiza a todos los sospechosos una imputación «idéntica, vacía de contenido «, lo que reprocha que dificulta la posibilidad de defensa. Cascoteó al fiscal que solo hace «un relato» sin especificar el rol o cómo determina que el imputado cumple determinado rol en la organización delictiva, «que es lo que él hacía, cuando lo hacía, como lo hacía, donde lo hacía. Estamos en una imputación de la cual es imposible defenderse», remarcó Krupnik.
Más argumentos de la defensa:
El defensor pidió a los fiscales «que los inventos jurídicos los hagan con la gente en libertad», no que los utilicen para dejar en prisión preventiva a la gente, como en este caso a este destacado ex deportista. 
El Dr. Paul Kupnik sostuvo que la provincia no regula el juego on line, no hay ley al respecto, y lo que no está prohibido está permitido, como lo establece la Constitución.
 Enseñó que Toscanelli explota legalmente los juegos on line en Brasil y latinoamérica, por eso van a encontrar sellos y otras pruebas.
Cuestionó las escuchas diciendo que “es sumamente peligroso construir una investigación a partir de lo que hablan otros”, ya que no hay ninguna escucha a Toscanelli. Puso el ejemplo que “le escucharon el teléfono a una persona por error”. 
Para el abogado defensor, el Estado debería sentirse más agraviado cuando se avasallan las garantías constitucionales de modo irracional, que por la supuesta defraudación por no pagar impuestos. 
Sostuvo el Dr. Krupnik que en la investigación «no hay informe financiero, no hay mas que dos escuchas aisladas de dos personas que refieren a «Tosca y Marcelo» para imputarlo y pedirle prisión preventiva sin plazo.
«Tengo ganas de mudarme del país cuando veo lo que pueden hacer desde el Estado, me da miedo que el Estado pueda hacer esto con la gente. Acá metieron presa a la gente y ahora salen a investigar cuando es al revés el camino. Es de temeridad absoluta.  Achacó al fiscal no haber explicado nada de la asociación ilícita, solo “usa la imaginación, lo que no es bueno para imputar personas».
Toscanelli habló brevemente para decir que es Contador y que por eso visita a dueños de empresas y líderes de organizaciones. 
Al disponer la prisión preventiva sin plazo para Toscanelli, el juez fundamentó que él valora que hay evidencias de la comisión del delito vinculado a la organización y explotación de juegos ilegales, pero descartó la imputación de la defraudación al Estado porque considera que la envuelve el Art. 301 bis que refiere al primer delito. También avisó que «tengo mis reservas» sobre la figura de la asociación ilícita, instituto que observa que «es usado abusivamente por los fiscales en todo el país para solicitar prisión preventiva», pero tuvo en cuenta que su colega Gustavo Gon ya la validó en esta misma causa; y entiende que el fiscal tiene derecho a investigar esa figura.
Para dejarlo en prisión preventiva, el juez Gauna Chapero tuvo en cuenta que de ser condenado, Toscanelli tendría cárcel de efectivo cumplimiento, que hay mucho por investigar, que se trata de un delito muy complejo, que la organización criminal tiene ramificaciones por toda la provincia, que el imputado no demostró idea de ponerse a disposición del proceso, que es una persona con vínculos y tiene empresas en Brasil, y que observa que hay riesgo de fuga e incluso de que abandone el país. Considera que la sola libertad del imputado podría entorpecer la investigación. 
No dejó pasar por alto la imagen del 11 de noviembre, con el sospechoso ingresando a las oficinas, donde puso en peligro la salud pública ya que según dijo demoró su entrega porque tenía Covid; y es revela que «es una persona que no se sujeta a las normas de convivencia»; y si no tenía Covid y usó el certificado para justificar su no presentación, también es reprochable.
En cuanto al argumento que su hijo lo necesita porque tiene 4 años, el juez respondió que la protección del menor queda resguardada por su madre. 
En cuanto al plazo de la prisión preventiva, el juez se inclinó a lo que solicitó el fiscal, sin plazo, ya que el defensor omitió cuestionar el cuánto.

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