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La constante entre las dictaduras militares y la militarización de la guerra contra las drogas en América Latina es la injerencia de EE.UU. Las evoluciones de la doctrina de la seguridad nacional y los enemigos internos. Militares como policías y narcos como terroristas. Con las miradas de los especialistas Ruth Diamint, Enrique Font, Victoria Darraidou y Carlos del Frade.
Hablar de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) es señalar el andamiaje conceptual que dio sustento a las dictaduras militares y a los procesos de militarización antidrogas en los países latinoamericanos.
Esta doctrina de seguridad pasó por evoluciones que le cambiaron el apellido: de seguridad nacional, hemisférica, continental o regional, pero sin quitarle su identidad: la idea de que existen “enemigos internos” que justifican el avance de los borcegos y las armas largas en el patrullaje de las calles de nuestra región.
El nacimiento de movimientos insurgentes en Latinoamérica justificó, ante el fantasma del avance comunista en la región, que se implanten dictaduras con gobiernos militares —apoyados y entrenados por Estados Unidos— que combatieron al enemigo “subversivo”. Los resultados son conocidos.
En Argentina la dictadura cívico-militar terminó con el saldo de 30.000 desaparecidos. Asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de bebés y persecución política. Terrorismo de estado. La justicia argentina calificó el proceso como un genocidio y en el Juicio a las Juntas Militares se dictaron nueve condenas a jerarcas de las Fuerzas Armadas (FFAA) por llevar a cabo un plan sistemático de exterminio en el marco de la dictadura cívico-militar que arrancó con el golpe de 1976.
La guerra contra las drogas también sirvió de excusa para militarizar Latinoamérica con resultados letales. Lo que conecta a las dictaduras latinoamericanas con la militarización contra las drogas y el Comando Sur del ejército norteamericano “son los intereses del saqueo permanente que tiene Estados Unidos”, dijo el periodista de investigación Carlos Del Frade, que también es diputado de la provincia de Santa Fe.
Colombia, México, Honduras, El Salvador y Guatemala son los países que durante las últimas décadas usaron y usan sistemáticamente a las Fuerzas Armadas para el combate al crimen. Estos países registran las peores violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas armadas en América Latina luego de las dictaduras.
Si nos vamos a México, desde que militarizó su guerra contra las drogas en 2006, los asesinatos se multiplicaron. En Ciudad Juárez se contaron 340 asesinatos entre 2006 y 2007. Esa suma se disparó a más de 1.300 en 2008 y para 2010 ya alcanzaban los 3.000 asesinatos anuales. El acumulado hasta hoy da un total de 330.000 personas asesinadas.
En Colombia las desapariciones forzadas que realizaron las Fuerzas Armadas, los grupos insurgentes y las bandas criminales se cuentan de a miles. El Registro Único de Víctimas de Colombia releva que al menos 47.259 personas fueron víctimas directas de desaparición forzada y otras 123.113 fueron afectadas de forma indirecta entre 1985 y 2018.
“No hay ningún caso en América Latina, África o Asia donde la intervención de las FFAA haya mejorado la seguridad pública o la violencia”
“No hay ningún caso en América Latina, África o Asia donde la intervención de las FFAA haya mejorado la seguridad pública o la violencia”. Lo dice Rut Diamint, investigadora principal del CONICET (jubilada), especialista en relaciones cívico-militares y profesora de la Universidad Torcuato Di Tella, en diálogo con Mate.
Pero volvamos al eje: ¿Cuál es el hilo que conecta dictaduras y militarización antidrogas en Latinoamérica? Veamos.
Qué es la doctrina de seguridad nacional (DSN)
Si nos vamos a buscar el origen del concepto de SN tenemos que viajar en el tiempo hasta llegar a 1947, año que el congreso de Estados Unidos aprueba la National Security Act (Ley de Seguridad Nacional).
Esta norma organizó un reordenamiento del aparato militar estadounidense y creó dos instituciones clave para su agenda de política exterior en tiempos de la Guerra Fría: el Consejo de Seguridad Nacional y la Agencia Central de Inteligencia, más conocida como CIA.
La DSN sirvió a EE.UU. para consolidar su dominación sobre Latinoamérica, después de convertirse en la hegemonía global tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es una doctrina subsidiaria de una estrategia geopolítica mayor, con un capítulo especial para Latinoamérica.
En palabras del especialista en relaciones internacionales Juan Gabriel Tokatlián, la “gran estrategia” (grand strategy) de Washington en tiempos de la Guerra Fría tenía el objetivo de contener el avance del comunismo y las ideas de izquierda en el mundo.
Esta gran estrategia tenía un plan para las fuerzas armadas de Latinoamérica, que no entrarían en combate directo contra la URSS. El papel de los militares en nuestra región era otro: “luchar y doblegar al “enemigo interno” –el “comunismo” local– que era concebido como la extensión en la región del expansionismo soviético”, escribe Tokatlián.
Las ideas de SN pueden entenderse como parte de la larga historia del estado de excepción. Para Giorgio Agamben, el “estado de excepción” significó la entrada del ejército en la esfera civil moderna para el enfrentamiento a las amenazas externas e internas, mientras, en paralelo, las garantías constitucionales de la ciudadanía quedan suspendidas.
Para el campo de las ciencias políticas, la SN es un significante vacío. El politólogo Ernesto Laclau habla de los significantes vacíos como contenedores sin contenido, palabras que se cargan de sentidos intercambiables. Con este enfoque vemos que la SN es un concepto maleable, que se cincela a la medida de los proyectos intervencionistas de Estados Unidos.
En La guerra en las palabras (2022), Oswaldo Zavala cita al historiador Greg Gardin (2007), que analiza la presidencia de Truman en EE.UU. como la instalación de “un coherente sistema de administración extraterritorial (…) el cual permitía a los Estados Unidos, en el nombre de la lucha el comunismo y promoviendo el desarrollo, estructurar relaciones políticas y económicas internas con países aliados de forma que permitía acumular más y más poder para ejercitar un control efectivo sobre reservas de petróleo, oro, minerales, y otros recursos primarios, todo libre de la carga del colonialismo formal”.
Teorías de la evolución del enemigo interno
Con la guía de la DSN, los países de la región combatieron al “comunismo” como enemigo interno entre la década de 1960 y 1970. Si nos limitamos a la Argentina, las doctrina antisubversiva francesa y —principalmente— estadounidense, son claves para entender el objetivo de la dictadura cívico militar en su “lucha contra la subversión”.
Así como el comunismo fue el primer enemigo, la seguridad nacional encontró nuevos targets. Para el escritor Oswaldo Zavala, la SN es un concepto que “opera como la condición misma del delito, pues es el generador simbólico de ‘enemigos’ configurados por instituciones políticas de Estados Unidos”, que convergen con las ideas de gobiernos de la región.
Poco a poco, la lucha anticomunista entronca con la guerra a las drogas. En la década de 1980, los narcos aparecieron como los flamantes enemigos internos. En Qué hacer con las drogas (2017), Tokatlián, dice que en esta década “la guerra contra las drogas se convirtió en una cuestión de seguridad nacional tanto para los Estados Unidos como para varios países de Latinoamérica”.
Latinoamérica fue sumamente receptiva con los discursos y políticas de seguridad de Estados Unidos. El “Proyecto Hemisférico” del Tío Sam consistió en “una plataforma de intervención a largo plazo, construida a partir de mecanismos de cooperación internacional, diplomacia, acuerdos sobre seguridad y cumbres de gobierno de alto nivel”, describe Zavala.
El continente fue sede de 12 acuerdos sobre seguridad y defensa hemisférica unos años más tarde. En 1995 se creó el Comité de Seguridad Hemisférica en la Organización de Estados Americanos (OEA) y hacia 1998 ya saludamos a la “Estrategia Antidrogas del Hemisferio”, gestada por mediación de la propia OEA.
Entre los 80 y 90 se dieron marchas y contramarchas. En los años de transición a la democracia en América del Sur, la separación estricta entre tareas policiales y militares fue alentada por EE.UU. Pero, como explica Tokatlián, “en los años noventa la mezcla de tareas se hizo visible debido al mismo impulso de los Estados Unidos. Después del 11/9 y ante el auge de las llamadas nuevas amenazas —esa presunta gran conjunción de males (terrorismo internacional, crimen organizado transnacional, drogas ilícitas, proliferación de armas de destrucción, entre otros)— las fronteras entre seguridad interna y defensa externa se fueron desdibujando y los ejércitos del área se transformaron, según Washington, en crime fighters”.
En este contexto, fueron lobistas y agencias gubernamentales de EE.UU., como el Comando Sur, quienes elaboraron y difundieron la doctrina de las “nuevas amenazas”. La idea de las “nuevas amenazas” da lugar a “la militarización de la seguridad interior, a la securitización de agendas sociales como la pobreza y las migraciones, o a ambas cosas a la vez”, desarrolla La guerra interna, un informe especial del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En este sentido, afirma el informe, las nuevas amenazas implican “una continuidad con la doctrina de seguridad nacional”.
En la visión de norteamérica, “los militares de América Latina no tienen una función, no participan de conflictos. Entonces, ya que no hay una amenaza clara, lo que pueden hacer son tareas de tipo policial y esto lo vienen planteando desde el inicio del 2000”, describe Diamint.
En todos estos procesos hay una continuidad: la hegemonía sobre la región de EE.UU., el intento de borrar la línea entre seguridad y defensa, la cesión de facultades de fuerzas policiales a actores militares, y la formación y financiamiento del Comando Sur del Ejército de los EE.UU..
Antes que la DSN, lo que persiste hasta hoy, son los intereses del Tío Sam. Así lo entiende Enrique Font, abogado, docente e investigador de la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario: “Para mí mantienen vigencia los intereses norteamericanos sobre la región y creo que son cada vez más intensos porque ya no son solo de los gobiernos, sino también son fuertemente corporativos”.
Para el criminólogo, cuando bajó la espuma de la Guerra Fría en los 90, lo que apareció en reemplazo de ese enemigo para justificar la injerencia norteamericana en asuntos de países de América Latina, pasan a ser “las nuevas amenazas: el terrorismo, la narcocriminalidad, los daños al medio ambiente, el tráfico de personas, el tráfico de armas”. Y con las nuevas amenazas, dice Font, se intenta volver a usar las Fuerzas Armadas en tareas domésticas.
El diputado provincial de Santa Fe, Carlos del Frade, entiende que la DSN fue reconvertida. Por eso nos dice que “la segunda etapa de la seguridad nacional fue la doctrina de seguridad continental elaborada en los años 90, que tenía como eje ya no al subversivo político, sino al narcoterrorista”.
Hagamos un cálculo. Tomemos la siguiente ecuación:
DSN + Formación y financiamiento a FFAA + EE.UU. + Hegemonía sobre países Latinoamericanos + Intereses geopolíticos = Graves violaciones de DDHH.
Ahora despejemos el apellido de la doctrina de seguridad: sea nacional, continental, regional o hemisférica. Lo que nos queda es una agenda de política exterior de EE.UU. que abreva, en palabras de Oswaldo Zavala, en “un paradigma securitario”. Algo así como el gran paraguas que resignifica los marcos teóricos que ayudan a comprender las políticas del país que se considera —como nos explica Rut Diamint— “el elegido” para dirigir el mundo.
En el espectro cromático del verde militar, aparecen matices. Por ejemplo, la especialista en relaciones cívico-militares Rut Diamint no ve una continuidad de la DSN hasta hoy. Para ella: “Hablar del narcotráfico como una amenaza terrorista es una lógica norteamericana, pero no es la lógica de la DSN, que estaba muy vinculada al avance del comunismo”.
Intentando marcar puntos de contacto con la mirada de este artículo, Rut concede que entre las dictaduras militares y la militarización de la guerra contra las drogas en Latinoamérica, la continuidad es la persistencia y preeminencia de EE.UU en el intento por desdibujar la división entre seguridad y defensa.
El control civil democrático a las FFAA en Argentina
Argentina fue y sigue siendo una referencia en el control civil democrático a las FFAA si comparamos con el resto de la región latinoamericana. “Argentina fue siempre un hueso duro de roer”, dice Font.
Rut Diamint define el control civil de las FFAA como “el proceso continuo de producción de políticas de defensa desde el poder legítimamente instituido, con una cadena de mando claramente definida, que garantiza que el principio y el fin de cualquier intervención bélica responda a una decisión de las autoridades civiles”.
Si en Argentina todavía los militares no son policías —como sucede en muchísimos países latinoamericanos— es porque están impedidos de realizar tareas de seguridad interior por las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia. Todas fueron votadas con amplios consensos democráticos.
En América Latina, Argentina es el país que hizo las revisiones más profundas y definió las políticas más relevantes en el control civil democrático de las Fuerzas Armadas. Logramos esto, según nos explica Diamint, porque los militares perdieron la guerra de Malvinas, porque el primer gobierno democrático decidió enjuiciar a los responsables y porque se legisló la divisoria entre seguridad y defensa.
Sostener la división estricta entre seguridad y defensa demandó que nos plantemos. “Las presiones norteamericanas para romper este pacto democrático, mediante la instalación de la doctrina de las nuevas amenazas, han sido muy intensas”, dice Enrique Font.
La familia militar avanza
Este mes la revista crisis publicó el mapa político del gobierno de Milei. Allí puede verse cómo avanzó la familia militar en la ocupación de cargos que antes correspondían a civiles.
Hagamos zoom en dos casos paradigmáticos. En el Ministerio de Defensa se designó a un militar en un rol clave. Claudio Pasqualini es secretario de Estrategia y Asuntos Militares y fue jefe del Ejército durante la gestión de Cambiemos. Pasqualini tiene a su vez buenos vínculos con la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
Es el primer militar retirado que asume ese cargo. La tradición política argentina desde la restauración de la democracia fue que sea un civil quien conduce la relación con las Fuerzas Armadas.
En el mismo ministerio, la Secretaría de Estrategia Nacional es conducida por Jorge Jesús Antelo, brigadier de la Fuerza Aérea retirado en 2013. Según reconstruyó Perfil, Antelo “busca reeditar desde su área una suerte de Consejo de Seguridad Nacional”. Aunque aún “está lejos de ponerlo en práctica”.
El informe que publicaron afirma que “el avance de militares más llamativo y preocupante está aconteciendo en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde según distintas fuentes cinco expertos en espionaje que provienen de las Fuerzas Armadas ocupan puestos claves de conducción”.
Muchos de estos militares en puestos jerárquicos de la AFI fueron formados por EE.UU. en cursos o centros estratégicos de formación. El antecedente inmediato de esta participación militar en la agencia de inteligencia del estado (antes SIDE), fue durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.
Militares como policías y narcos como terroristas en Rosario
En las últimas semanas cuatro trabajadores sin vinculación con estructuras criminales fueron asesinados en Rosario con la intención de transmitir un mensaje al gobierno provincial.
La sucesión de hechos es así: el 2 de marzo desconocidos balearon un colectivo que transportaba guardiacárceles. A partir de ahí, se desataron requisas infernales a cargo del Servicio Penitenciario, pero incluyeron torturas muy violentas a los presos de alto perfil: submarino seco, submarino ruso, picanas y abusos de todo tipo. El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal presentó un recurso de habeas corpus en respuesta.
La gota que rebalsó el vaso fue la foto a lo Bukele que subieron a redes sociales el ministro de seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y el gobernador Maximiliano Pullaro. El texto que acompañó la publicación del 5 de marzo decía: “Cada vez la van a pasar peor”.
Los cuatro asesinatos trágicos fueron 5 días más tarde. La respuesta del gobierno nacional y provincial fue decir que las bandas ahora ejercen el “narcoterrorismo”. A la par, autoridades nacionales anunciaron su idea de utilizar a las FFAA en el combate contra el narcotráfico. Por ahora, con un rol logístico, pero con el anuncio de reformas para involucrarlas directamente en el combate. Vayamos de a poco.
¿Es narcoterrorismo lo que hay en Rosario? Se lo preguntamos a Rut y nos respondió inmediatamente que no. También nos habló de la ausencia de un proyecto político de parte de las bandas rosarinas: “desde mi visión hay bandas criminales, hay problemas de narcotráfico, pero no es terrorismo. No tienen la intención de tomar el gobierno, no hay una vocación de tomar el poder”.
Font coincide, en Rosario no hay terrorismo: “Creo que no se ajusta a la realidad. Estamos en Rosario, seguimos hablando de organizaciones locales muy rústicas, clanes familiares”. Además señala que darles este estatus de terrorismo “les sube el cartel” y puede amplificar la violencia.
Incluso si fuese real, para el criminólogo es un error decirles terroristas: “lo último que convendría es anunciarlo públicamente, porque le suben el precio a las organizaciones”. Según explica, si bien estas bandas hacen “un uso muy expresivo de la violencia, eso no las convierte en terroristas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) viajó a la 67° reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, para exponer su posición sobre Rosario. Victoria Darraidou, la Coordinadora del equipo de “Seguridad democrática y violencia institucional”, fue nuestra informante en la reunión. “Marcamos con mucha preocupación las medidas implementadas por el gobierno actual que hablan de involucrar a las Fuerzas Armadas en distintas acciones vinculadas al comercio de drogas”, nos dijo.
El CELS también señaló los ejemplos latinoamericanos de la ineficacia de las políticas de militarización en la disminución de la violencia letal. Además, Darraidou subrayó: “Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para afrontar el mercado ilegal de drogas, están capacitadas para intervenir sobre un enemigo, que es algo bien distinto”.
Si el extenso desarrollo de este artículo no alcanzó para poner en línea a EE.UU. y la DSN como punto nodal que articula dictaduras y guerra contra las drogas, Luis Petri nos hace un guiño para fortalecer nuestra argumentación.
Petri declaró en un acto que “algunos dirigentes demonizaron a las Fuerzas Armadas que actuaron en los 70″. Y lanzó, siguiendo la metáfora de nuestro artículo: “Hay un hilo entre el combate al terrorismo del pasado y la necesidad de actuar en Rosario”.
Antes de esa declaración, anunció junto a la ministra de seguridad Patricia Bullrich que enviarán un paquete de reformas al Congreso para modificar las leyes que impiden la participación de las FFAA en el combate al narcotráfico.
En un contexto donde el 82% de lxs habitantes apoya la participación militar en el combate al narcotráfico veremos, entonces, qué tan duro es el hueso democrático de la Argentina que este gobierno intenta roer.
