Mirta Vallejos está siendo investigada por propiedades en Corrientes, Resistencia, Reconquista y Santa Fe.

La causa dirigida por el fiscal Regional, doctor Rubén Martínez, que involucra a quién hasta el momento es concejal de la ciudad de Florencia, señora Mirta Vallejos, denunciada por una veintena de vecinos, por haberles sacado dinero de los planes que ellos recibían, planes de viviendas que no se terminaron, casas que fueron entregadas a medio construir y otras irregularidades muy graves, que responsabilizan a la dirigente piquetera de haberse quedado con mucho dinero que el estado nacional y provincial, enviaba para los sectores más vulnerables, que ella decía representar.

La señora concurría a los lugares donde funcionaban algunas quintas o sembradíos y solicitaba permiso a los propietarios para sacarse algunas fotos junto a un grupo de personas que integraban su equipo de piqueteros y ello enviaba a la secretaría de agricultura familiar, para recibir fondos dinerarios, lo mismo hacia en emprendimientos de ladrillerías y en merenderos, se sacaban fotos y enviaban al ministerio de desarrollo social de la provincia y de la nación y recibía, en principio, fondos dinerarios y/o productos comestibles, con las cuales mantenía el staff de personas desocupadas que conformaba el grupo que dirigía.

Mientras tanto con el dinero que recibía del estado, más lo que obtenía obligándoles a los integrantes del grupo que les paguen mensualmente, de los que recibían de los planes sociales; adquirió una camioneta 0 KM que lo registró a nombre de su marido, una auto VW 0Km, registrado a nombre de su hija, tres motocicletas, y ahora investigan la titularidad de departamentos ubicados en Corrientes, Resistencia, Reconquista y Santa Fe, por supuesto que ninguno figuraría a nombre de ella, pero si estarían registrados a nombre de familiares cercanos.

Lo raro y llama mucho la atención que siendo Mirta Vallejos, concejal de la ciudad de Florencia, ahora expulsada del movimiento Evita, acusada  de quedarse con un porcentaje de las ayudas sociales que están cobrando los beneficiarios de Florencia de ese movimiento, todavía los concejales de dicha ciudad, NO se hayan pronunciado solicitando el apartamiento de la misma, mientras dure la investigación judicial, ya que el delito por el que la acusan es muy grave y salpica a todo el cuerpo colegiado de la ciudad norteña; a no ser que haya una orden de cubrirla, de alguna manera, o ella misma esté presionando para que eso suceda, porque sabemos cómo actúa; pero por el momento su situación legal es compleja y es muy probable que termine entre rejas.

Le contamos como sucedió la primera denuncia.

Hay una denuncia penal por las retenciones a los beneficiarios de ayudas sociales en dicha ciudad, un número importante de  personas pertenecientes a  dicho movimiento labraron un acta, firmaron más de 20 damnificados  y la elevaron a la fiscalía regional, además del reclamo de esas personas, en el acta esta denunciado todo el dinero que les saca a los beneficiarios de las ayudas sociales.

El fiscal Regional, doctor Rubén Martínez, tiene la causa en sus manos y está trabajando al respecto hace más de 20 días, cuenta con el excelente desempeño de los efectivos de la PDI dependiente de la URIX,  sabemos que están haciendo diligencias investigativas, entrevistas a las personas que la señora Vallejos, entrego las viviendas para saber si pagaron algo por las mismas y de qué forma lo hacían.

Desde nuestro medio hemos dialogado con los titulares ocupantes de las viviendas y ellos coinciden en sostener que eran obligados a asociarse a la agrupación ‘Isidro Velázquez’ y debían pagar una cuota mensual, en principio de cien pesos, luego fue aumentando, a la espera de beneficios.

Muchos de los inscriptos recibieron las viviendas, algunas terminadas y otras NO, la debieron terminar los ocupantes, pero sin ninguna documentación. Dicen también que venían algunos funcionarios de la provincia a entregar, pero no saben quiénes, porque nunca dijeron los nombres y apellidos, esto ocurrió hace aproximadamente tres años.

La concejal sale ahora a través de algunos medios de comunicación, denunciando públicamente que se siente perseguida, porque hay personas de civil que visitan los domicilios de los denunciantes; parece que ésta mujer no se enteró que cometió una serie de delitos y la causa está judicializada, que hay un fiscal, un juez y varios investigadores trabajando para esclarecer el hecho denunciado.

En lugar de tratar de entorpecer la causa, la señora tiene que ponerse a derecho y colaborar con los investigadores, NO mintiendo, presentando documentos, si posee, y prestar testimonios sobre las graves acusaciones que pesan sobre ella.

 

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