Los fiscales pedirán el desafuero del senador provincial Armando Traferri, final de una carrera delictiva.

Tras la declaración que prestó el senador peronista, Edery y Schiappa Pietra señalaron que tienen evidencia necesaria para que solicitar a la Legislatura que retire los fueros al legislador de San Lorenzo.

«Vamos a solicitar el desafuero». Con esa frase que dejaron sobre la mesa, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra tomaron esa decisión luego de que el senador peronista Armando Traferri “se negó a ser imputado amparado en sus fueros” como legislador.

Los fiscales aseguraron que tienen evidencia para imputar al senador provincial por el departamento San Lorenzo. Ahora la pelota pasa a la Legislatura, que tendrá que decidir si desafuera o no a Traferri.

 La postura que tomaron los fiscales se produjo luego de que Traferri fuera convocado al Centro de Justicia Penal, donde llegó poco antes de las 9 acompañado de su abogado José Luis Vázquez. Traferri anunció el día anterior, con la sospecha de lo que iba a ocurrir, que expondría su posición frente a este escándalo político y judicial el lunes en Rosario.

En un documento de 11 páginas que dio a conocer el miércoles pasado, Traferri expuso su defensa al negar las fuertes acusaciones que hizo el exfiscal Gustavo Ponce Asahad el viernes pasado, cuando admitió que cobró coimas del empresario que manejaba el juego clandestino en el sur de Santa Fe Leonardo Peiti.

 La extensa exposición de Ponce Asahad, que se produjo el viernes frente a la jueza Eleonora Verón, ya había sido adelantada en declaraciones informales ante los fiscales, que desde octubre tuvieron el tiempo para recolectar las pruebas que avalan el pedido de desafuero de Traferri. Ese material es voluminoso. Los fiscales no fijaron el tipo de delito por el que será imputado Traferri, porque por una estrategia procesal necesitan que el legislador sea desaforado para que se celebre una audiencia imputativa frente a la jueza Verón. En esta etapa que se cumplió este viernes no estuvo presente la magistrada porque debido a los fueros no se podían dictar medidas cautelares.

 “Nosotros tenemos la evidencia y no tenemos nada que esconder”, afirmó el fiscal Edery tras un encuentro con los periodistas después de la declaración que prestó Traferri.

En su defensa esta semana Traferri dijo que esta causa “se trata de una maniobra política que surge nítida”. Afirmó además que “la política de la provincia se muda de escenario y traslada el teatro de su realización, en un trasbordo institucionalmente peligroso, al ámbito del Poder Judicial y más precisamente, al ámbito del MPA”. Y puso en la mira al ministro de Seguridad Marcelo Saín como artífice de una “campaña de desprestigio”.

 Esa estrategia de defensa no funcionó como esperaba, porque los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada afirman tener las evidencias suficientes para pedir su desafuero, algo inédito en la historia reciente de la política santafesina.

 La citación de Traferri se produjo después de que el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, que admitió haber cobrado coimas del empresario Peiti, declarara durante más de tres horas y media en una audiencia que provocó un escándalo político. Ponce Asahad acusó a Traferri de ser una especie de intermediario entre el empresario de juego clandestino y la justicia.

Ponce Asahad endilgó a Traferri de tener influencias directas en la Fiscalía de Rosario para proteger a Peiti, un empresario que manejaba una red de casinos clandestinos con la protección de este fiscal y su jefe Patricio Serjal, quienes están imputados por cobrar sobornos de 5000 dólares por mes a cambio de evitar que este hombre que sea investigado. El empresario también le pagaba, según admitió Ponce Asahad, a Los Monos, luego de que balearan un edificio de su propiedad y le dejaran un mensaje escrito en la pared: “Leo pagá”.

Ponce Asahad enumeró las reuniones y llamados que había mantenido con Traferri desde 2017 hasta mediados de este año como intermediario del fiscal regional Patricio Serjal, con quien hasta el viernes compartía calabozo.

«El abogado (Angelo) Rossini (de Peiti, el empresario de juego clandestino) quería reunirse conmigo. Le dije por qué no se reunía con Serjal (el fiscal regional, también preso). Me dijo que no y que el senador (Traferri) estaba al tanto. Automáticamente lo llamé al senador y le dije de la reunión. Me dijo «armala para mañana». El senador me dijo «andá tranquilo y escuchalo»”, contó Ponce en la audiencia en la que declaró.

“Cuando entré a la cochera, él salió a mi encuentro. Es un hombre que usa moños extravagantes. Me dijo: «Peiti se va a entregar, va a hablar y lo vamos a tumbar a Serjal. Así que hay que salir a declarar y tirarle con munición gruesa. Lo único que no hay que nombrar es al senador». Y me ofreció 40 mil dólares. Le dije que no tenía nada más que hablar. Esto para mi fue una emboscada del senador Traferri, de Rossini y de Peiti contra mi», agregó en su extensa declaración donde se quebró emocionalmente varias veces.

“Nosotros tenemos la evidencia y no tenemos nada que esconder”, afirmó el fiscal Edery

Esta causa estalló luego de la declaración como arrepentido del empresario Leonardo Peiti, imputado por juego clandestino –que nunca estuvo en la cárcel-. Su testimonio derivó en las detenciones de Ponce Asahad el 4 de agosto pasado y seis días después de Serjal, a quienes –según confesó- pagaba 5000 dólares por mes para que custodiaran desde el Ministerio Público de la Acusación que no hubiera investigaciones sobre los casinos clandestinos en el sur de Santa Fe.

 

El nombre de Traferri había sido mencionado en la primera audiencia imputativa del 5 de agosto. En la investigación que llevaron adelante los Edery y Shiappa Pietra apareció en uno de los teléfonos que usaba la secretaria de Peiti un llamado que había realizado el exdiputado Darío Scataglini, quien un día después de que se revelara esta llamada fue apartado de la Legislatura, donde trabajaba con el legislador y presidente del PJ de Santa Fe Ricardo Olivera, pero no pertenecía al Frente de Todos, sino que habría llegado a ese lugar por un pedido de un alto funcionario judicial.

Scataglini llamó a la secretaria del empresario imputado el 10 de julio pasado a las 20.41. “Necesitaría hablar con Leo”, le dijo a la mujer y luego agregó: “Llamo de parte de Traferri”. No habló directamente con Peiti, porque uno de los empleados de la fiscalía le había dicho que lo estaban escuchando y que debía destruir el teléfono. Scataglini declaró este miércoles ante los fiscales, quienes después ordenaron la citación a Traferri.

 

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