‘’La víctima del Narcotráfico, es la sociedad en su conjunto y espera que la justicia utilice todos los recursos posibles para desactivarla’’, opinó el Juez Aldo Alurralde.

La sociedad como víctima del narcotráfico y su derecho a resarcirse. Opinión del doctor Aldo Alurralde, juez federal de Reconquista.
El autor analiza aspectos del comiso de los bienes e instrumentos empleados para la comisión de delitos vinculados al narcotráfico, afirmando que este tipo de medidas constituyen un verdadero golpe a las organizaciones delictivas, que tiene a la sociedad en su conjunto como verdadera víctima.
La Ley 23737 en su artículo 30 dispone, entre otras cosas, que el juez procederá al comiso de los bienes e instrumentos empleados para la comisión del delito, salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho y que las circunstancias del caso o elementos objetivos acreditaren que no podría conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá a la incautación del beneficio económico obtenido por el delito.
Dicho comiso resulta de aplicación por su empleo en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la Ley 23737 y refleja los postulados del propio Código Penal que en su artículo 23 establece en su parte pertinente que en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros señalando además que el juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer.
 El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a
evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes. En todos los casos se deberá dejar a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.

Los postulados legales referenciados encuentran un claro respaldo en la creciente normativa internacional dictada en la materia. En tal sentido 4ta recomendación del GAFI[1] dispone que los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe: (a) bienes lavados, (b) producto de, o instrumentos utilizados en, o destinados al uso en, delitos de lavado de activos o delitos determinantes, (c) bienes que son el producto de, o fueron utilizados en, o que se pretendía utilizar o asignar para ser utilizados en el financiamiento del terrorismo, actos terroristas u organizaciones terroristas, o (d) bienes de valor equivalente.
Los países deben considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera de una condena penal (decomiso sin condena), o que exijan que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión que están sujetos a decomiso, en la medida en que este requisito sea compatible con los principios de sus legislaciones nacionales.
En este sentido y contemplando esta normativa corresponde destacar la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, Provincia de Buenos Aires de fecha 19 de diciembre de 2019 el cual mediante procedimiento de juicio abreviado, resolvió en lo que aquí interesa «CONDENAR a WALTER
ALBERTO CORTEZ como coautor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, a las penas de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, 45 unidades fijas (Ley 27.302), ACCESORIAS LEGALES y COSTAS» (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41 y 45 del Código Penal; 5 inc. «c» de la Ley 23.737 y 399, 403, 431 «bis», 530 y 531 del Código Procesal de la Nación) y se dispuso en el punto VI. el DECOMISO de los vehículos Ford Ranger dominio AA969GE, Ford Eco sport dominio AA923CK, Ford Focus dominio JIY-688, Volkswagen Voyage dominio JCJ237, Toyota Hilux dominio MFY-570 y Toyota Hilux, incautado (art. 23 CP)»[2].

De la misma manera, la Cámara Federal de Casación Penal en distintos fallos confirmó el decomiso de dinero dispuestos por los Tribunales Orales en delitos vinculados a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización[3].
En este sentido la mencionada Cámara Federal de Casación Penal inclusive ha ido más allá confirmando en un reciente y ejemplar fallo, un decisorio del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut que había dispuesto el decomiso de oficio de un inmueble agraviándose la apelante de que el mismo no había sido requerido por el representante del Ministerio Público Fiscal[4].
En este sentido el Dr. Gustavo M. Hornos en su voto sostuvo que la resolución en cuestión había sido suficientemente fundada con relación al decomiso del inmueble donde residía la pareja conformada por los condenados, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, toda vez que constituyó una locación necesaria utilizada por los recurrentes para la guarda de precursores químicos y materia prima destinada a la elaboración de estupefacientes, los cuales, a la postre, eran trasladados para su comercialización al sur del país. Agregó que: «Sobre el punto ya he tenido oportunidad de coincidir con Núñez quien claramente sostiene que «Son instrumentos del delito los objetos intencionalmente utilizados para consumar o intentar el delito», sea que se trate de objetos destinados específicamente al delito u ocasionalmente utilizados para la comisión del mismo. Y que es claro que el artículo 23 del código de fondo solo excluye del decomiso los instrumentos del delito pertenecientes a un tercero no responsable (cfr.: Ricardo Núñez: «Tratado de Derecho Penal», Tomo II, Ed.
Marcos Lerner, Editora Córdoba, p. 445/447). Puede tratarse de un instrumento que se haya utilizado para cualquier acto ejecutivo punible, para un acto consumativo y aún para actos de agotamiento, de modo que el inmueble o los vehículos, las cuentas bancarias o cualquier otro valor empleado como instrumento o infraestructura para la comisión de un ilícito, puede ser objeto de una pena accesoria (cfr. mi voto en la causa Nro. 3822: «JEREZ, Víctor Eduardo s/ recurso de casación», reg. Nro. 5174, rta. el 8/9/03; entre muchas otras).
 Llegado a este punto, debo mencionar que el art. 23 de nuestro ordenamiento de fondo dispone que le corresponde al sentenciante, en los casos que dicte una sentencia condenatoria, decidir sobre el decomiso de las
cosas que han servido para cometer el hecho. Justamente, en forma correcta, el aquo especificó el bien a decomisar y su vínculo con los autores y el delito investigado. Frente a ello, se entiende que los motivos casatorios esgrimidos por la defensa solo muestran una discrepancia con los fundamentos expuestos por el Tribunal a quo, y no logran desvirtuarlos en cuanto se evaluó que el inmueble decomisado fue utilizado como instrumento del delito».

En nuestra opinión, el verdadero «golpe» al narcotráfico surge de la efectiva afectación de los bienes y recursos que como logística se cuentan para la actividad ilícita ya que la pérdida de la libertad de una o varias personas que constituyen un eslabón demás en el entramado delictivo no los afecta más que temporalmente ya que inmediatamente reclutan a otros, alternan roles con los demás integrantes de la organización o continúan al mando de ésta desde la cárcel [5].
El verdadero «golpe» al narcotráfico surge de la efectiva afectación de los bienes y recursos.
La situación antedicha acontece aun en las pequeñas redes de narcomenudeo en donde muchas veces familias enteras ingresan paulatinamente al narcotráfico, ya que el rol de vendedor barrial que tenía el padre al momento de ser detenido es sustituido por su pareja e hijos quienes, a manera de posta, continúan con la actividad delictiva, mientras que quien se encuentra en la cárcel coordina y dirige dicha actividad.
Como observamos, en el narcotráfico no existe escala de valores humanos, ya que el dinero interesa más que el bienestar familiar, la libertad, la salud e inclusive la vida.
En el narcotráfico no existe escala de valores humanos. El dinero interesa más que el bienestar familiar, la libertad, la salud, e inclusive la vida.
Es por ello que con medidas como el secuestro de bienes, decomiso, embargo de cuentas, acciones etc. lo que se cree en el mito popular como «negocio de la droga» deja de serlo y todo lo que patrimonialmente se obtuvo como beneficio por la actividad delictiva se pierde en segundos siempre y cuando exista un oportuno actuar judicial.
Solo si el narcotráfico deja de ser «rentable» se podrá avanzar a pasos agigantados hacia una drástica disminución.
Asimismo la verdadera víctima del narcotráfico es la sociedad en su conjunto ya que afecta la salud pública y ésta tiene el derecho a resarcirse de los gastos en que incurre través de la utilización de los servicios públicos «uti universi» (hospitales, psiquiátricos, centros de tratamientos, etc.) para paliar sus consecuencias.
También es la sociedad la que financia con sus impuestos los gastos que derivan de la prevención y actuación estatal frente al delito, principalmente en sus estamentos policial, carcelario y judicial lo cual también genera un derecho a resarcimiento de la misma.
Horas policiales, judiciales, carcelarias y de efectores públicos financiadas por la sociedad «dueña de los impuestos» que no encuentran un debido resarcimiento económico que al menos permita financiarlas.
Es por lo expuesto ut supra que la Ley 23737 (B.O. 11-Oct-1989) sabiamente desde hace más de treinta años prevé un incipiente resarcimiento económico al establecer en su parte pertinente del artículo 39 que los bienes (decomisados) o el producido de su venta se destinará a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo. Concluye el mentado artículo que el mismo destino se dará a las multas que se recauden por aplicación de dicha ley.
Creemos que actualmente el proceso penal no debe ceñirse al paradigma clásico que lo centraba únicamente en la búsqueda de la «verdad material». Es así que el artículo 305 del Código Penal [6] faculta al juez a adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados con los delitos previstos en los artículos precedentes (Delitos contra el orden económico y financiero).
En operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes.
 Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Sólo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino específico.
Por último, se dispone que todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través de una acción administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido subastado sólo se podrá reclamar su valor monetario.
En conclusión sostenemos que un oportuno decomiso de bienes y traba de medidas cautelares por parte del Poder Judicial sin dudas permitirá a la persecución penal avanzar hacia cadenas de responsabilidades de mayor envergadura dentro de una misma estructura criminal, aunque la persona haya fallecido o no pueda ser atribuida una participación directa en la comisión del delito.
[1] El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF según su sigla en Inglés) es una organización intergubernamental creada en París, Francia en 1989 por los ministros de sus jurisdicciones miembros (G-7) para fijar estándares y promover la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y con posterioridad el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, la seguridad y paz mundial. Cuenta actualmente con 39 miembros (37 jurisdicciones y 2 organizaciones regionales- la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo-) 9 miembros asociados -grupos regionales estilo GAFI- y 23 organizaciones observadoras.
Para cumplir con sus objetivos el GAFI emite una serie de Recomendaciones conocidas como Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Argentina es miembro pleno del GAFI desde el año 2000.
[2] Cfr. Cita causa FSM 59870/2016/TO1/CFC1, caratulada: «Cortez, Walter Alberto s/ Recurso de casación», integrada la Sala IV de forma unipersonal por el doctor Javier Carbajo.
En dicha causa y en primera instancia la magistrada de grado había señalado que: «… todos estos vehículos fueron adquiridos y/o llegaron a poder de los imputados -algunos registran denuncias de venta de sus titulares registrales y consecuentes prohibiciones de circular-, a quienes no [se] los ha visto trabajar durante el tiempo que duró la investigación. Para ello, me remito a los declarado por los preventores en cuanto a que no se les conoce ningún trabajo y que nunca se los ha visto laborar (fs. 53/4vta., 178/vta. y 291/2), más allá de alguna referencia vinculada a una labor de prestamista en que se ampararon los imputados que no ha quedado acreditada con prueba documental de entidad alguna, y al dialogo del que se da cuenta a fs. 257/8 en el cual se hace referencia a la detención de Cristian Cortez (hoy fallecido) con una importante suma de dinero y el temor de sus padres en cuanto a que no puede justificar la existencia del mismo; todo lo cual me que permite concluir que resultan ser el producto o provecho del delito».
 El cuadro referido no se ve modificado por las vagas afirmaciones efectuadas por la defensa con relación a que el padre del imputado, Daniel Cortez «posee una elevada jubilación como marino mercante por lo que, a lo largo de su vida, pudo y puede haber adquirido legítimamente los automotores».
[3] Confr. Fallo Sala II Causa No FCR 7963/2017/TO1/CFC1 «Rubino Carlos Emiliano s/ Recurso de casación» Sentencia de fecha 8 de Julio de 2020 la cual en su parte pertinente sostuvo: «… conforme la censura casacionista, ha de evaluarse en esta instancia si la sanción de decomiso, de los $ 67.747 secuestrados durante el allanamiento, ha sido debidamente aplicada.
 En primer lugar, se observa que el testigo Darío Giménez refirió que: «… el dinero estaba una parte en el bolsillo del pantalón y otra parte en latas. Que la cocaína, el envoltorio blanco y la balanza estaban en la misma banqueta». Asimismo, se indicó que: «todos estos elementos estaban en el mismo ambiente, sobre una banqueta según da cuenta el acta de fs. 64/vta.».
En este contexto, la juez a quo ponderó que: «… la documentación que trajo sobre un trabajo de mucama de la mujer y de la cuenta depósitos de Anses, además de ser de fechas muy anteriores, es ilustrativa de sumas que nada se condicen con lo hallado, y por tanto ajenas al objeto procesal, y sólo puede entenderse como un esfuerzo más, estéril, por mejorar la situación procesal».
De tal suerte, las alegaciones de la defensa en punto a que «… [se] ordena el decomiso de dinero sin motivo que lo justifique» evidencia una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (Fallos 302:284; 304:415; entre otros); de tal suerte la resolución puesta en crisis cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888, entre muchos otros)».
 En similar sentido confr. FCR 10954/2015/TO1/CFC8, Sala II, caratulada «Espindola, Franco Nicolás y otros s/ Recurso de casación» sentencia del 19 de Febrero de 2020 y FMZ 44318/2018/TO1/CFC2, Sala II, caratulada «Guiñez Carrizo, Claudio Pedro y otros s/ Infracción Ley
23.737″ sentencia de fecha 28 de Julio 2020.

[4] Confr. Fallo FCR 10954/2015/TO1/CFC8 del registro de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, caratulada «Espindola, Franco Nicolás y otros s/ Recurso de casación». Fecha 19 /02/2020 integrada por los Dres. Mariano Hernan Borinsky, Gustavo Marcelo Hornos y Carlos Javier Carbajo.
[5] Basta observar casos emblemáticos como la de Ariel «Guille» Cantero, líder de la banda «Los Monos» quien el año pasado fue procesado por la Justicia Federal de Rosario por comandar actividades narco desde prisión. Cfr. González, José Fabian y otros S/ Inf. Ley 23737. FRO 42096/2016.
[6] Artículo incorporado por art. 5 de la Ley 26683 B.O. 21/06/2011.

Autor: Dr. Aldo Mario Alurralde. Juez federal en Reconquista.

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