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La Justicia santafesina define si autoriza a los presos el uso de celulares.

La Defensora General, Jaquelina Balangione, presentó un habeas corpus que apunta a que los internos de la provincia puedan mantener contacto con sus familiares a través de teléfonos que sean “debidamente registrados por el Servicio Penitenciario”.

La Justicia provincial deberá definir si los presos alojados en los distintos establecimientos carcelarios de la provincia de Santa Fe pueden utilizar teléfonos celulares desde sus centros de detención. Así lo solicitó la Defensora General de la Provincia, Jaquelina Balangione, en base a un habeas corpus de carácter colectivo que fue presentado por los defensores regionales de Santa Fe capital y Rosario, Leandro Miró y Gustavo Franceschetti.

La solicitud será debatida en una audiencia que fue fijada para martes 28 de abril, a las 18,00 horas, en la Sala 2 del subsuelo de tribunales y que será presidida por el juez penal de primera instancia, Leandro Lazzarini. De la misma también participará el defensor Miró, el fiscal del área de Ejecución de la Pena del Ministerio Público de la Acusación, Eladio García, el fiscal de Estado, Rubén Weder, y autoridades designadas por el Servicio Penitenciario.

El habeas corpus que fue solicitado por los representantes del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal tiene como fin que las personas privadas de su libertad “cuenten con un celular de su titularidad que deberá estar debidamente registrado en el Servicio Penitenciario” para así poder dar “cumplimiento del derecho a la vinculación familiar”, según indicaron fuentes judiciales a Aire Digital. En este aspecto, una idea que rodea a la presentación es que “los dispositivos no cuenten con cámara de fotos ni la posibilidad de conectarse a datos móviles”.

El pedido se apoya en una serie de normativas nacionales e internacionales vinculadas a los Derechos Humanos. Como, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reconoce “el papel medular” que tiene garantizar el contacto entre internos y su familia y que es el mismo Estado quien debe garantizarlo.

Los funcionarios judiciales también tuvieron en cuenta la resolución del 30 de marzo pasado que fue dictada por un Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, que resolvió de manera favorable el pedido que había realizado el defensor ante la Cámara, Mario Coriolano. En aquel fallo, el juez Víctor Violini, autorizó a los presos el uso de celulares mientras dure el período de la cuarentena dispuesta por el coronavirus.

La resolución del camarista bonaerense destacó que en la provincia de Buenos Aires existe un “altísimo porcentaje de la población carcelaria que renunció voluntariamente a recibir visitas de sus familiares o a salidas transitorias mientras dure la pandemia”.

 “La prohibición de usar teléfonos celulares hoy vigente significa que los internos se encuentran impedidos en forma absoluta de establecer contacto con sus familiares, lo que importa tanto como decir que se encuentran imposibilitados de saber lo más elemental: si sus familiares se encuentran resguardados, a salvo, enfermos o críticos”, destacó el fallo del juez de Buenos Aires y el cual forma parte del sustento legal que ahora la Defensa Pública impulsa para que se aplique la provincia.

La Defensoría además basó su pedido en la opinión del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura que describió como inhumana la incomunicación de los presos, debido a los cuadros de depresión y desesperación que se evidencian en los internos al no poder tener visitas. Finalmente hizo hincapié en la reglamentación que llevaron a cabo distintas provincias del país como Mendoza, Chubút, Entre Ríos y Tucumán.

Actualmente los presos alojados en la provincia de Santa Fe tienen suspendido el régimen de visitas como medida preventiva para evitar algún contagio del virus del Covid-19 desde el 18 de marzo luego de un acuerdo establecido entre autoridades del Servicio Penitenciario, Colegios de Jueces, Fiscalías, Defensoría y delegados de pabellones.

Días después de que se cortó el vínculo entre presos y sus familiares, los penales de Las Flores y Coronda ardieron en llamas tras distintos motines que dejaron como saldo un total de ocho muertos y así pusieron al descubierto los altos índices de violencia que se viven diariamente en los establecimiento carcelarios.

 

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