Las Toscas Multimedios SITIO OFICIAL
La mafia de las casas usurpadas que se investiga en Rosario, tiene sus connotaciones en Villa Guillermina, por cuanto al jefe de la brigada operativa de la A.I.C que tenía que investigar: el subinspector Alberto Orlando Rodríguez, alias ‘’Betito’’, oriundo de Villa Guillermina, a quien los fiscales le acusan, que en lugar de investigar extorsionaba, con ese dinero sucio estaba montando negocios en la localidad forestalera, regenteados por su hermano, a quienes la justicia del norte departamental, lo están investigando.
Desde hace unos pocos años atrás, se viene observando en la familia, un crecimiento económico llamativo, por cuanto han puesto en funcionamiento diversos emprendimientos: una cancha de futbol 5 de primer nivel, servicios de Remis, con vehículos que estarían a nombre de testaferros, despensa, carnicería, adquisición de terrenos e inmuebles en construcción.
Se sospecha la ilicitud de los dineros invertidos en estos negocios dada la situación económica que presentaba la familia y que repentinamente se aprecia este despliegue, que dado a la situación ilegal por la cual se encuentra detenido Rodríguez en Rosario, amerita investigación por parte de la justicia. Por el momento hace suponer que son muchas las personas que se encuentran al margen de la ley.
La trama, primero se develó en Rosario; El 09 de septiembre un matrimonio boliviano sufrió un feroz tiroteo contra su casa de Fraga al 700 bis. La hija de 11 años de la pareja resultó herida, pero no de gravedad. Esa familia había hecho un esfuerzo descomunal para comprar la casa, de buena fe, en 1.400.000 pesos. Tres policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se presentaron ante las víctimas: el subinspector Alberto Orlando Rodríguez, jefe de la brigada, oriundo de Villa Guillermina; el suboficial Víctor Alejandro Maldonado, y el oficial Sergio Ramón Bustamante. Como autoridad, debían confeccionar un parte preventivo con las actuaciones y notificar al fiscal de turno, pero lo omitieron. En su lugar acopiaron información que confiadamente les dieron las víctimas.
La familia contó que había tenido problemas con la persona a la que le compraron la casa, un gestor de nombre Miguel Ángel Herrera, y le mostraron a los policías una foto y el sitio de facebook “cirujeando” a través del cual hicieron contacto. ¡“Este es Herrerita”!, dijeron fuentes de la pesquisa que se frotó las manos el policía Rodríguez al ver la foto, demostrando tener vínculos previos con la red delictiva. Según una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), luego se comunicó con Herrera y el abogado Juan Pedro Chía (con oficinas frente a Tribunales) para exigirles de manera coactiva el pago de 200 mil pesos a cambio de no realizar allanamientos o impulsar un legajo penal.
La banda de estafadores quedó al descubierto a finales de diciembre con la denuncia del matrimonio boliviano, lo cual desembocó en la detención de seis personas, aunque se estima que hay por lo menos 30 involucrados. Los fiscales Valeria Haurigot y Federico Rébora pudieron desgranar la mecánica de las estafas y aprietes violentos. Según expusieron en una audiencia imputativa en enero, la banda detectaba inmuebles, los usurpaba con personas de la organización, luego falsificaba los títulos de propiedad para simular que eran legítimos dueños o poseedores, y los comercializaba a través de redes sociales o por vínculos personales.
Miguel Ángel Herrera, prófugo y con pedido de captura activa nacional e internacional, se le atribuye comandar la asociación ilícita, y trabajaba en complicidad con el estudio jurídico de Chía. Allí asesoraban a las víctimas con el fin de seducirlas para que compren los inmuebles. Cuando lo lograban, un falso gestor certificaba las firmas de los boletos de compraventa y de cesiones de derechos por medio de escribanos públicos.
Además de los citados Herrera y Chía, y Maximiliano Oscar García como organizadores; los fiscales ubicaron a Manuel José Lucarelli y Carlos Luis Tavacchi como miembros. A los policías de la AIC Bustamante, Maldonado y Rodríguez, les achacaron ser miembros en la formalidad del legajo. En realidad se valían de sus cargos y el acceso a la información de la banda para luego extorsionarla y hacerse de dinero sucio. Al policía Bustamante también se le atribuyó haber tenido ilegalmente un arma de fuego calibre 22 secuestrada en el allanamiento en su casa el 30 de diciembre pasado.
A los otros miembros se les imputó amenazas, usurpaciones, falsificación de documentos públicos y privadas; y estafas referidas a inmuebles de la provincia. Se presume que la organización funcionaba desde diciembre de 2018 En la audiencia del 6 de enero el juez Florentino Malaponte le dictó prisión preventiva por 45 días a García, Chía, y a los policías Maldonado y Rodríguez. Y domiciliaria para Lucarelli y Tavacchi luego de que pagaran cauciones de 10 mil y 40 mil pesos. La misma medida tomó para el suboficial Bustamante, quien deberá cumplir una serie de reglas de conducta. Cumplido ese plazo, hace dos semanas se revisó la medida cautelar de los cuatro primeros, y además se les endilgó un hecho nuevo. La estafa contra un gendarme que fue detenido en inmediaciones del estudio jurídico de Chia violentado e indignado porque lo habían estafado con una casa que adquirió hace algunos meses. Tras una audiencia que se desdobló viernes entre el 26 y 27 de febrero, el juez Gustavo Pérez de Urrechu prorrogó la detención cautelar de Chía, Rodríguez y García por el plazo de ley, mientras que el policía Maldonado (dijo que no tenía acceso a los partes preventivos y se limitaba a manejar los móviles), seguirá preso por 30 días, aunque bajo modalidad domiciliaria.
Y aunque el juez se lo rechazó, la defensa de Rodríguez había solicitado en esa audiencia transitar el proceso judicial en prisión preventiva domiciliaria en su casa del pueblo, donde se comprometía a quedar bajo el cuidado de su madre y un hermano, a trabajar como empleado administrativo en una remisería, y ofreció un auto como caución. “La complejidad de esta causa radica en que el jefe de la banda de usurpadores está prófugo, y fue la víctima de la extorsión policial. Los agentes no serían parte de la asociación ilícita, pero su accionar extorsivo desnuda una problemática gravísima. Son agentes corruptos que aparecen infiltrados en los organismos de investigaciones. Se muestran idóneos e impolutos, pero al final son parte de la trama delictiva. Eso genera un enorme desgaste y retroceso en la política de persecución del delito”, describió una calificada fuente judicial.
Una cuestión más espinosa son los negocios que de la nada levantó la familia de Rodríguez, principalmente un hermano. En el pueblo se sabe que regentea una flota de remises, tiene emprendimientos inmobiliarios, una cancha de fútbol cinco con césped sintético, y un supermercado. Otro antecedente importante es que en la ex Asuntos Internos de la Policía Provincial (ahora Agencia de Control Policial) también existe una presentación telefónica del 25 de diciembre de 2020 sobre estas cuestiones. Incluso, el oficial que la recepcionó recalcó que la comunicación quedaba grabada y luego sería transcrita y elevada a las autoridades. Mientras tanto, la Fiscalía de Rosario que investiga las extorsiones a los usurpadores de viviendas, sigue de cerca el historial de Rodríguez en su pueblo natal.
La semana pasada se giró un oficio a la Fiscalía de Reconquista para entrecruzar información y pesquisar el aspecto relacionado a los negocios de su familia en Villa Guillermina.
