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La impunidad presente en Santa Fe, 16 años del asesinato de Sandra Cabrera.

(Por Carlos del Frade)

La investigación del femicidio de Sandra Cabrera reveló que los nichos corruptos de las policías (provincial y federal) eran las distribuidoras y garantes de parte del negocio del narcotráfico a principios del tercer milenio en la ex ciudad obrera.

16 años después esa matriz sigue invicta.

El 27 de enero de 2020 se cumplen dieciséis años del asesinato de Sandra Cabrera quien, por entonces, era la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina.

El expediente judicial hablaba de un contexto que nunca fue discutido políticamente: Sandra y otras trabajadoras sexuales eran explotadas por los nichos corruptos de las policías federales y provinciales para vender la droga que ellos incautaban en distintos procedimientos.

Era el año 2004.

El 7 de noviembre de 2008, presentamos un informe en relación al expediente que investigaba el asesinato de Sandra Cabrera.

Las conclusiones del trabajo periodístico, entre otras, fueron que no se investigaron los vínculos entre dueños de boliches, policías federales y provinciales.

Dijimos y escribimos: “A cuatro años y diez meses del crimen de Sandra Cabrera, una relectura crítica de los once cuerpos de la investigación judicial revela que no se siguieron las pistas que vinculan a dueños de boliches con policías provinciales y federales y que el asesinato de la secretaria general de AMMAR Rosario logró terminar con las denuncias que habían logado la remoción de la cúpula de la división de Moralidad Pública”.

El asesinato confirmó la condena que entrañaban las amenazas recibidas por Sandra, sus compañeras y su propia hija, Macarena, especialmente a partir de septiembre de 2003. Deberían revisarse aquellas causas que vienen desde 1998.

No se profundizaron los caminos que vinculan a dueños de boliches, policías federales y provinciales. Existe una naturalización de parte de la justicia provincial de los delitos denunciados en la causa y que tienen como protagonistas a integrantes de ambas fuerzas: desde hostigamiento a trabajadoras sexuales hasta compartir droga remanente de procedimientos para la venta en la calle.

Después del asesinato de Sandra Cabrera se apagaron las denuncias que habían producido los relevos en la cúpula de Moralidad Pública y otras reparticiones.

Volvió el miedo y continuaron los aprietes. Los que mataron a Cabrera siguieron con sus negocios y se sacaron de encima a una molesta denunciante.

 

Tampoco hubo explicación de parte del poder político de la provincia de aquel entonces por qué le sacaron la custodia policial a la asesinada menos de tres semanas antes del crimen.

El ex gobernador Jorge Obeid le manifestó su desagrado al entonces ministro de Justicia, Gustavo Béliz, por el acompañamiento que hizo el ex jefe de la división de Drogas Peligrosas de la Policía Federal al principal imputado. El resultado fue la separación de aquel responsable del área y su alejamiento de la ciudad. Más que un castigo, aquella medida política, cuatro años después, parece ser un encubrimiento de responsabilidades funcionales.

En todo el expediente las tres palabras que más se repiten son policías federales, provinciales y droga. Sin embargo no existió una búsqueda que intentara desarticular semejante grado de connivencia entre los sectores que supuestamente deben combatir al delito y que, en realidad, lo practican.

Tampoco hubo desde la entonces oposición política, hoy gobierno en la provincia de Santa Fe, una continuada y decidida voluntad de combatir las mafias que manejan el negocio de la prostitución y el narcotráfico en la zona de la terminal de ómnibus “Mariano Moreno” en la ciudad de Rosario.

En el encuentro que sirvió de marco a la presentación de la investigación, se planteó la necesidad de que se conforme una Comisión Bicameral que compile pruebas alrededor de la red ilegal de negocios y explotación de personas, “porque si el poder judicial no puede, no quiere o no sabe completar las pistas sueltas que quedaron en el expediente, es deber de la Legislatura resolver cómo continúan vigentes los intereses que llevaron al asesinato de Sandra Cabrera”.

La investigación por el crimen de Sandra Cabrera estaba a punto de cerrarse y no fueron tomados en cuenta las 116 declaraciones testimoniales ni las 25 informativas recabadas en los primeros meses de investigación.

El 7 de noviembre de 2004 la Cámara de Apelaciones consideró que “los testimonios no son válidos porque provienen de “personas con actividades callejeras que transcurren las madrugadas con un itinerario errante”. Los testimonios tomados a personal policial, uno calcado del otro, sí fueron aceptados.

La investigación del femicidio de Sandra Cabrera reveló que los nichos corruptos de las policías (provincial y federal) eran las distribuidoras y garantes de parte del negocio del narcotráfico a principios del tercer milenio en la ex ciudad obrera.

16 años después esa matriz sigue invicta.

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