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La “curandera umbanda” fue trasladada a Rosario y su defensor solicitó la prisión domiciliaria.

Vanesa Saravia, detenida bajo sospecha de manejar el negocio de la cocaína en Santa Fe, permanece detenida en el sur de la provincia mientras se resuelve su situación procesal.

Claudio Torres Del Sel, abogado defensor de la “curandera” Vanesa Saravia y su marido Martín Albaristo habló en Será Justicia y confirmó que solicitó la prisión domiciliaria bajo monitoreo electrónico para la mujer detenida en el marco de una causa por narcotráfico.

Vanesa Saravia, Martín Albaristo, Kevin Arce, Germán Dogañeri, Guillermo Paz, Leonardo Rivero, Álvaro Juriol y Ángel Aguiló fueron detenidos en la ciudad de Santa Fe por personal de la Brigada Antinarcóticos de la PDI. Quedaron a disposición de la justicia federal por vinculación con el tráfico de estupefacientes.

La causa se originó en el mes de agosto y culminó el pasado jueves 7 de noviembre con una serie de allanamientos en varios inmuebles de la ciudad que dejaron como resultado, además de los detenidos, el secuestro de casi 150 kilos de cocaína y cinco vehículos nuevos de alta gama.

Torres del Sel admitió que aún es “muy poco” lo que conocen de la causa contra Saravia y Albaristo. “Se produce el secuestro de una cantidad llamativa de cocaína, en unos vehículos que estaban en una chochera”, simplificó el letrado. A continuación remarcó que la principal prueba de cargo son una serie de videos: “Hemos pedido los registros fílmicos que son muchísimos, para poder identificar si nuestros defendidos están dentro de esas filmaciones”.

Sobre la situación personal de los dos principales investigados, el abogado expresó que tienen tres hijos en común, que están separados hace un tiempo y que no comparten el mismo domicilio. Al referirse al medio laboral de ambos, Torres Del Sel expresó que Martín Albaristo tiene un trabajo “alejado de cualquier tema de estupefacientes” y confirmó que Vanesa Saravia “tenía un trabajo religioso en un templo”.

El abogado defensor de los principales acusados también le respondió al fiscal federal Jorge Onel, quien había precisado que ninguno de los investigados contaba con tarea lícita registrada en la AFIP. “Más del 70% de la población no está registrado en AFIP, ignoran lo que pasa en el país. La mayoría realiza actividades sin estar registradas en la AFIP, creo que no es un argumento, son cosas que los fiscales dicen”, cuestionó Torres del Sel.

A la espera de la resolución

Sobre las declaraciones indagatorias, que tuvieron lugar el pasado viernes en el juzgado federal, el abogado defensor expresó que las tres personas que representa declararon y negaron los hechos atribuidos. “Esto recién comienza. Tenemos que ver cuáles son las pruebas de cargo para ir contra ella”, aclaró.

Para Torres Del Sel, la idea de que la mujer se puso al frente de una actividad que contaba con terreno vacante tras la desarticulación de varias bandas en la ciudad “es más una fantasía que una realidad”. “Primero van a tener que demostrar que es la líder de una organización”, insistió.

La casona de barrio Guadalupe

Se refirió también al inmueble ubicado en calle Echagüe al 6900 del barrio Guadalupe, donde fueron detenidos prácticamente todos los investigados menos Vanesa Saravia.

“La casa de calle Echagüe no estaba viviendo ninguna persona, había sido alquilada recientemente y se iba a utilizar para las actividades del templo”, explicó el defensor. Y agregó que ya fueron devueltas las llaves para dejar sin efecto en contrato de alquiler.

Según el letrado, la casa de Echagüe la alquiló una amiga de Vanesa que cumplía con los requisitos solicitados por la inmobiliaria con la intención de desarrollar allí las actividades del templo Umbanda. “En la ciudad hay templos donde van miles de personas y tienen recaudaciones gigantescas las que producen esas prácticas religiosas”, explicó.

Prisión domiciliaria

Por último, Torres Del Sel confirmó que ya inició los trámites para que Vanesa Saravia sea beneficiada con la prisión domiciliaria bajo monitoreo electrónico por tener tres hijos menores de edad, de 6, 12 y 14 años.

La pretensión ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, que debe dictaminar sobre la misma, tras lo cual se dará intervención a la secretaría de la niñez para que haga lo propio. “La convención de los derechos del niño es un privilegio que se otorga a ellos y no a la persona sometida a proceso”, remarcó el letrado.

“Hay muchos casos análogos donde se determina que se debe privilegiar la presencia de la madre en el hogar con los hijos menores”, explicó el abogado. Precisó además que “los derechos del niño no tienen que ver con el tipo de delito que se atribuye. La ley no hace diferencia. En el ámbito provincial hay personas en prisión domiciliaria vinculadas a hechos de homicidios”.

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