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Reveladores detalles del mercado negro de armas y municiones que tiene aterrorizado a Rosario. Sólo en abril, las balas hirieron a seis niños en esa ciudad.
Los cinco sicarios se pararon frente a la casa y dispararon 40 balazos. Uno de los tiros entró por el cuello y salió por la espalda de Luisina Biagiola, una chica de 13 años, que murió a los pocos minutos el 11 de febrero pasado. Esa cantidad de disparos no sólo busca matar, sino sembrar terror. Los ataques a balazos dejaron el año pasado 871 heridos en Rosario, una ciudad en la que en ese período se cometieron 214 asesinatos. Este año hay más de 230 lesionados con armas de fuego. Sólo en abril resultaron heridos seis menores de edad.
¿De dónde salen las armas y las municiones? ¿Cómo es el mercado negro que alimenta con pistolas y balas a las bandas narco? Desde hace tiempo las preguntas dan vueltas sin respuestas claras, bajo una duda endémica que pone bajo sospecha a sectores de la policía.
La cantidad de armas secuestradas en 2020 en la provincia –según un informe del Observatorio de Seguridad Pública- batió récord al llegar a 3.705 “herramientas”, como la llaman en la jerga narco. El incremento de la incautación hace suponer que hay mayor cantidad en la calle, aunque del informe se desprende que los secuestros más grandes fueron de pistolas 22, de bajo calibre, algo que llama la atención a las autoridades.
Si se mantiene la tendencia, la cifra de incautación de armas aumentará, según el jefe de la Policía de Rosario Adrián Forni. En operativos de prevención en la calle, se secuestraron más de 250 pistolas en esta ciudad. Al funcionario le llama la atención que en su mayoría son armas en buen estado, muchas nuevas, y de buena calidad.
El circuito del negocio de la venta de armas es aún un misterio en Rosario. Esta semana una investigación que llevaron adelante los fiscales Valeria Haurigot y Pablo Socca aportó un indicio claro, luego de una investigación compleja en la que tuvieron que usar el recurso del “agente revelador” para poder obtener información de cómo se movía la organización, integrada por ocho personas, entre las que había tres policías, uno de ellos, un experto en balística.
La banda acopiaba las armas en una sodería del barrio La Tablada, uno de los más violentos. Entre los sifones había fusiles, pistolas de distintos calibres y, sobre todo, más de 50 cajas de municiones. Parte de ese arsenal había sido robado en Cruz Alta, Córdoba, pero se escondía en la zona sur de esta ciudad, donde se comete más de la mitad de los crímenes en un contexto encadenado con el narcomenudeo. Se vendían a través de contactos que tejía un policía en disponibilidad que se desempeñaba en el área de Criminalística de la fuerza.
Todo comenzó en marzo pasado, cuando se detectó que un hombre que vive en Victoria, Entre Ríos, vendía de forma ilegal fusiles para caza mayor. “Lo hacía de ‘boca en boca’, a través de mensajes de WhatsApp”, apuntó una fuente judicial. El jueves fueron imputados ocho integrantes de la organización, entre ellos, los hermanos César y Sergio González, este último agente en disponibilidad con carpeta médica.
El problema de los investigadores era cómo acceder a información de los vendedores de armas sin que éstos se dieran cuenta de que dos fiscales seguían sus pasos. Un policía de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se transformó en un “agente revelador”.
Se interesó en la compra de armas e hizo contacto con el vendedor. Tenía tres meses, por la autorización que otorgó la Justicia, para develar la trama. Este policía se ganó la confianza de los vendedores de armas y, con fondos públicos del Ministerio de Seguridad, concretó la compra de siete fusiles y municiones por un total de 400.000 pesos.
En la investigación se logró establecer cómo funcionaba la organización, que, por un lado, vendía armas de guerra robadas y, por otro, expendía municiones de alto calibre, entre ellas, 9 milímetros. Esos proyectiles, según las fuentes judiciales consultadas por Aire de Santa Fe, salían del mercado legal.
La banda adquiría las municiones en armerías a través de testaferros, que aportaban la tarjeta otorgada por Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) que habilita la compra de balas a los “legítimos usuarios”.
“El problema en este tipo de causas es que las armerías venden las municiones de forma legal. Es decir, está toda la documentación que respalda la operación. El punto es que utilizan a usuarios habilitados por ANMaC como supuestos testaferros”, afirmó una fuente judicial.
En los 12 allanamientos realizados el lunes en Rosario y en Entre Ríos se secuestraron 20 armas largas –fusiles, escopetas y carabinas–; 11 pistolas y revólveres calibres 9 mm., .45, .38 y .32. También, 800 municiones para las armas largas y 2500 para las de puño.
La sospecha es que esas armas y proyectiles se ubicaban en el mercado negro que alimenta la violencia en Rosario, donde este año se produjeron 81 homicidios y un promedio de dos heridos de bala por día.
En la investigación se interceptó una línea telefónica que usaba uno de los encargados de negociar las armas. César González usaba mensajes de WhatsApp para contactarse con los interesados. Ofrecía armas de todo calibre y municiones, que obtenían de una armería en el barrio Bella Vista, de Rosario.
La última compra que pactó el “agente revelador” (fueron cuatro, en total) fue de una mira telescópica y municiones 9 mm. Los efectivos de la AIC hicieron un seguimiento para detectar de qué lugar salían las armas. Descubrieron que las municiones se guardaban en un galpón ubicado en Bermúdez al 6600, en el sur rosarino.
En la casa del sodero en La Tablada se encontraron 14 credenciales de legítimo usuario (CLU) y otras tantas de control de consumo de municiones. Se descuenta que se usaban para comprar legalmente armas y balas de modo de insertarlas después en el mercado negro.
En noviembre de 2018 la justicia federal detectó que Rosario era uno de los puntos principales de la red de logística que tenía una organización que traficaba armas de guerra al exterior. Dos hermanos, Ramón y Flavio Ragusa, quienes siguen detenidos, luego de que el año pasado rechazaran su excarcelación, enviaban armas a Paraguay, a través de empresas de colectivos que salían de la terminal de ómnibus de Rosario.
El destinatario era Eduardo Ramírez Cantero, un ciudadano paraguayo conocido como Matungo, quien está detenido en Paraguay junto a su socio León Ocampo. En las investigaciones, tanto en Paraguay como Argentina, se sospecha que estos intermediarios guaraníes vendían ese material bélico a grupos criminales brasileños como Primer Comando Capital y Comando Vermelho.
La causa comenzó el 17 de octubre de 2018 cuando la División Sumarios de Prevención de la Dirección General de Aduanas (DGA), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), puso en conocimiento del magistrado un pedido de «envío controlado» realizado por la División Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina.
En el escrito se informaba que cinco días antes, la oficina Miami de Homeland Security Investigations (HSI) había interceptado un paquete que contenía 100 piezas de armas de alto calibre. Tenía una falsa declaración de lo que se despachaba. La carga simulaba ser indumentaria deportiva que tenía como destino final un domicilio de la ciudad de Campana.
El 20 de octubre pasado llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza funcionarios del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos con una valija negra en cuyo interior había una caja de cartón con las piezas de armas de alto calibre. Se decidió reemplazar la carga original por partes de madera pintadas de negro, acondicionadas en bolsas herméticas tipo ziploc y baterías aportadas por la Gendarmería Nacional. Y se colocó un rastreador satelital.
Fue el comienzo de una investigación que terminó descubriendo «una agrupación delictiva tendiente a llevar adelante actividades de contrabando, acopio, fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, piezas e instrumental para producirlas, como también procurar dar apariencia lícita a los bienes obtenidos en ese contexto, haciendo de ello su actividad principal y habitual», según la descripción que hizo el juez en el expediente.
A fines de noviembre de 2018, en una primera resolución, Yadarola procesó a siete sospechosos, entre los que estaban Román Ragusa y su hermano Flavio, odontólogo de profesión. La investigación continuó para dar con otros eslabones de la organización y, en junio pasado, se hizo una serie de allanamientos en Martínez, Bahía Blanca, Tandil y en la ciudad de Buenos Aires, donde, según el Ministerio de Seguridad, la Gendarmería secuestró más de 2500 armas.
En un allanamiento que realizó la Policía Nacional de Paraguay en marzo de 2016 secuestró una encomienda con partes de FAL que había enviado por medio de una empresa de ómnibus de Rosario a Clorinda.
