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Hermes Oscar *Vino Caliente* Juárez y el poder real, en los puertos del sur santafesino.

 

Por Carlos del Frade.

 La historia de la Argentina es, quizás, la historia del manejo de sus puertos. Quien maneja los puertos, maneja la Argentina.  “…si tengo un negocio llamado la Argentina”, dijo en su momento uno de los gerentes de Terminal 6, la unidad de tres aceiteras cordobesas y tres santafesinas que comenzaron a explotar muelles de Puerto General San Martín a fines de los años ochenta del siglo veinte.

En 1998, cuando se produjo la privatización del puerto rosarino y del Banco Provincial de Santa Fe, aquellas terminales privadas ubicadas en el departamento San Lorenzo, fundamentalmente las de Puerto General San Martín ya manejaban el 80 por ciento de las exportaciones del “negocio Argentina”.

Ese mismo año, la DEA, creada por Richard Nixon el primero de julio de 1973, estableció que por esas bocas entraba la mayor cantidad de drogas en el país de Belgrano, Juana Azurduy, San Martín y Evita.

La otrora segunda región industrial de América del Sur después de San Pablo, el gran cordón industrial que iba desde San Nicolás y Ramallo hasta Punta Quebracho, con Rosario como corazón, fue demolido como consecuencia de las políticas del consenso de Washington.

El ex cordón industrial del Paraná generó agujeros negros, ausencias de fuentes laborales en los barrios de las hasta entonces ciudades obreras. Allí el sistema instaló sus tres arterias por donde fluye el dinero fresco e ilegal, inmanente al capitalismo, contrabando de armas, narcotráfico y trata de personas.

En forma paralela, la diversidad industrial fue subordinada al polo exportador oleaginoso. La nueva Forestal, el sojalismo exacerbado, hizo de estos puertos la geografía más rica del “negocio Argentina”.

Vicentín, Cargill, Bunge, Aceitera General Deheza, Terminal 6, ACA, Bunge, Toepffer (ahora ADM), Dreyfuss, Renova, Nidera y Terminal Puerto Rosario, son los dueños verdaderos del bien pública y propiedad del pueblo argentino que son esos muelles, esos puertos ubicados entre el departamento Rosario y el departamento San Lorenzo de la bota santafesina.

Evasiones, elusiones, triples contabilidades, fuerzas de seguridad nacionales como Prefectura o la propia Aduana que no controlan, hicieron que los flujos de dinero se conviertan en millones de dólares capaces de generar corridas cambiarias, presiones políticas para gobiernos provinciales y nacionales y prebendas varias a dirigentes políticos y sindicales que siempre se mostraron sumisos ante el gran capital.

En medio de la geografía por donde pasa el mayor volumen de dinero, legal e ilegal de la Argentina, creció la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto General San Martín y desde su interior, un dirigente gremial, político y empresarial que sin terminar la primaria, vendiendo alcohol tibio y conociendo las islas entrerrianas y santafesinas junto a su padre en una modesta embarcación nutriera, devino en expresión y síntesis de esos negocios, Herme Oscar Orlando “Vino Caliente” Juárez, el referente de los estibadores, los verdaderos motores de esos puertos, los verdaderos hacedores de esa riqueza.

Cuando el primero de agosto de 2019, Juárez y su hijo fueron encarcelados no solamente la realidad anticipaba el final de la telenovela “El Tigre Verón”, sino que exhibía la suerte individual de un personaje digno de un sainete de Vacarezza o una serie de Netflix pero que ocultaba las responsabilidades políticas nacionales y regionales que fueron enhebrándose desde esas grandes empresas.

La fastuosidad de la acumulación material de Juárez que debe ser investigada no es, sin embargo, el resultado de la impunidad de un solo hombre. Cada una de las empresas mencionadas puede ocultar muchos más Juárez que ningún poder, por ahora, tiene intención de denunciar. Eso está latente en la resolución de casi trescientas páginas del juez federal de Campana, Adrián González Charvay. La política tendrá la responsabilidad de profundizar cada una de las lagunas oscuras que surgen detrás de cada nombre, de cada empresa, de cada sigla.

Si no lo hace, Juárez será reemplazado por otro que cumpla el mismo rol, su mismo papel, pero el sistema de saqueo continuará en forma paralela a la concentración y extranjerización de riquezas por un lado y, por otro, el creciente empobrecimiento y violencia que soportan los sectores populares en la región del ex cordón industrial del Gran Rosario en particular y la Argentina en general.

Porque la intención de los sectores dominantes es que la nación siga siendo, solamente, “el negocio Argentina”, la decisión de las minorías por encima de las urgencias de los que son más en estos atribulados arrabales del mundo.

Un mes después. El jueves 22 de agosto de 2019, el diario “La Capital” de la ciudad de Rosario informaba que “el equipo de abogados defensores del gremialista y titular de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Puerto San Martín (CTP), Herme Juárez, apeló ante la Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín el auto de procesamiento del dirigente por diversos «errores técnicos» que ocurrieron durante el desarrollo de la causa y comprometieron el derecho de defensa. La medida se fundamenta en que al inicio del expediente, a principios de 2018, se incorporó un requerimiento fiscal por sospechas sobre actividades relacionadas al narcotráfico mencionadas en una denuncia anónima. Cuando esa acusación cayó por ausencia de pruebas, el juez federal de Campana que entiende en la causa, Adrián González Charvay, dijo que habría otros delitos de índole económico, pero no realizó requerimiento fiscal sobre esa situación”.

El magistrado, luego de esa observación, informó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y este organismo comenzó a investigar, pero sin que exista requerimiento fiscal sobre los supuestos delitos económicos. «Nuestro sistema penal inquisitorio exige que exista indefectiblemente un requerimiento fiscal. El juez es solamente un director de todo el proceso. Si eso no se da, se compromete todo el proceso, como creemos que se dio en este caso», explicó Gastón Rabadé, uno de los letrados defensores.

«La investigación de las actividades que podrían estar relacionadas con el lavado de activos de origen ilegal resulta nula desde su inicio. Fue lanzada de oficio sin instancia alguna de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal, en repugnancia con las garantías de defensa en juicio y el debido proceso legal, así como del principio acusatorio, pilar fundamental de nuestro sistema republicano de gobierno», indicó el letrado. «Si cae la causa por nulidad —que deberán resolver los jueces Alberto Lugones, Juan Salas y Marcelo Fernández— vuelve todo a la situación previa a la actuación de la Justicia y además se abre la puerta para iniciar un reclamo judicial contra el Estado, además de un jury de enjuiciamiento al magistrado que intervino de modo irregular», explicó Rabadé.

De Pablo Escobar al Tigre Verón. “La presente causa se inició el día 14 de febrero del año 2018, a raíz de la nota anónima remitida al correo electrónico oficial de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio  Público Fiscal de la Nación a cargo del Dr. Diego Iglesias, la cual daba cuenta acerca de la existencia de una organización delictiva que estaría  liderada por un sujeto llamado Herme Juárez que se dedicaría al tráfico transnacional de estupefacientes desde el puerto de Zárate, provincia de Buenos Aires, hacia el puerto de Veracruz, México, entre otros datos de  relevancia. Según la denuncia, dicha organización trasladaría los estupefacientes desde el norte del país hacia la terminal portuaria de Zárate, utilizando para ello distintas embarcaciones. Desde allí se arrojarían los estupefacientes al río, donde serían recogidos por otros miembros de la organización, quienes, utilizando vehículos de una cooperativa y una obra social que pertenecería al mencionado Juárez, trasladarían la sustancia hasta la mencionada terminal.  Una vez allí sería ingresada al depósito de la zona primaria, donde, con la connivencia de distintos actores vinculados a la operatoria diaria del puerto, sería acondicionada en contenedores (con precintos mellizos) y así exportada a México”, apunta el origen de la causa 69.145 que tiene como imputado a Herme Oscar Orlando Juárez “y otros” por infracción al artículo 303 por una denuncia efectuada por una persona de identidad reservada.

El 6 de agosto de 2019, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, emitió una resolución de casi trescientas páginas en las que sintetizó relaciones personales y un contexto imprescindible para entender lo que sucede: la geografía por donde pasa el mayor flujo de dinero de la Argentina, la zona portuaria del sur santafesino.

Por un lado, lo individual: “…Juárez resultaba ser el jefe y organizador, dado que sus directivas eran acatadas y sus planes eran cumplidos encargándose de la constitución, funcionamiento y distribución de tareas seleccionando a diferentes personas según la maniobra a llevar a cabo. Al respecto, es dable ponderar que si bien los demás miembros podían tener siempre grado de autonomía para el desarrollo de sus tareas, lo cierto que no existía posibilidad alguna de que la ejecución de las mismas no hayan sido dispuestas o autorizadas por el nombrado, conservando la decisión final en el manejo y dirección de la empresa criminal que comandaba”.

Por otro lado, lo colectivo. Y la necesaria pregunta: ¿hasta dónde y hasta quiénes llega lo colectivo de lo resumido en esta resolución del doctor Charvay?. Los fragmentos escogidos para esta nota tienen, en realidad, ese objetivo. Ampliar el foco de atención más allá de Juárez. Atender la magnitud de los nombres que aparecen en las escuchas telefónicas que figuran como imprescindibles elementos de pruebas y que, por lo tanto, tienen un alto grado de verisimilitud para los funcionarios judiciales.

Juárez es un digno personaje de Netflix y su detención fue el anticipo del final de la primera temporada de “El Tigre Verón”, antes de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del domingo 10 de agosto de 2019.

En este sentido, “existen constancias en autos de la exigencia de dinero por parte de la asociación liderada por Juárez a las empresas propiedad de Adrián Milisenda y Juan Garro, a fin de que estas pudieran operar sin inconvenientes en el Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe, cuyo monopolio ostentó la cooperativa liderada por el mencionado Juárez al menos hasta el año 2016 aproximadamente”, sostiene la resolución.

Cita la realización de “aprietes” y “también resulta llamativa la gran cantidad de armas y municiones halladas en los domicilios de Damián y Pablo Bunello y de Ramón Jerez al momento de procederse a sus allanamientos de las cuales si bien no se tiene probada una utilización concreta, teniendo en cuenta que su cuantía excede la simple defensa personal, bien podrían ser aplicadas a las maniobras coactivas que llevaba a cabo la asociación ilícita”.

Cabalgando sobre la mítica construcción de sindicalistas apretadores, uno de los ejes de la cultura política argentina y de la serie “El Tigre Verón”, la resolución judicial profundiza el anatema diciendo que “de esas constancias se vislumbra claramente -al menos con el alcance que esta etapa requiere- la intimidación ejercida por la banda liderada por Herme Juárez a través del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos de Puerto General San Martín sobre las empresas que querían operar en el puerto, coartando de este modo la libertad de actuación de las mismas para ejercer su actividad”.

El Departamento de Investigaciones del Narcotráfico de la Prefectura Naval Argentina informó que “hasta ese momento no se había podido constatar la relación de los investigados con actividades relacionadas a infracciones a la ley 23.737, sin embargo los mismos poseerían la estructura y la logística descripta a lo largo del expediente que serian utilizadas para la entrada y salida de sustancias estupefacientes del país”.

“…se estableció la simulación de operaciones comerciales con el objeto de realizar erogaciones en concepto de gastos mediante la emisión de facturas que no encontraban respaldo en efectivas prestaciones de servicios y el posterior depósito bancario de la suma correspondiente en las cuentas de las personas físicas y jurídicas investigadas, entre otras, con el objeto de dificultar el descubrimiento del verdadero origen de los fondos mediante la superposición de múltiples transacciones bancarias.

“A partir del año 2019 el Estado Nacional habría resuelto que para realizar los trabajos de estiba en el complejo agroexportador más grande del país, cualquier empresa podría presentarse para llevar a cabo tales tareas, rompiendo el monopolio empresarial/laboral ejercido por la Cooperativa liderada por Juárez, generando con ello la pérdida de clientes”.

Nombres, paraísos fiscales y diálogos inverosímiles. En relación a la sociedad “Irriliant Finance Limited”, el personal investigativo informó que se encuentra inscripta ante la Inspección General de Justicia como extranjera y que resulta homónima de una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

Finalmente se destacó que la presidencia de las sociedades “Agripuerto SA” y “Puerto San Martín Cereales SA” recae sobre la misma persona, llamada Carlos Alberto Candini… -Me tengo que reunir para ver ellos que puedan declarar. 70 y un 30 bajo la mesa, con estos números lo podíamos ubicar bastante…lo que puso Juárez, 3.600.000 pesos, nunca puso guita de su bolsillo, iba sacando conmigo mensualmente, fondos de la cooperativa…¿Cómo entra la que sacamos de la Cooperativa?…si nos piden, ¿qué hacemos?…Está contabilizado como un conjunto de vales a pagar, lo que es la disponibilidad. Pero no hay. Si lo sacamos a cuenta. Es una guita muy importante…- sostiene Ramón Tévez, en una conversación telefónica.

-No se si será verdad, pero dicen que puso tres palos verdes – en referencia a que Herme Juárez habría pagado para que “no lo toquen”. Ante ello, Eduardo manifestó: “A mi me dijeron también lo mismo y me dijeron tipos altos…tres palitos, tres palitos y pico verde puso”. “Herme se está llenando de guita, le abrió el juego a Garro y a Milisenda. Garro va todas las semanas con la mochila que revienta y se va con la mochila vacía delante de todo el mundo, es una cosa…es el delirio de grandeza y de impunidad que tiene el maestro…es la de Cristina”.

Una empresa unipersonal de Juárez. “…las ventas registradas en el período 2016 serían de carácter inusula o extraordinario, ya que no guardarían razonabilidad con el resto de los períodos, ni representan un volumen estable a lo largo del tiempo ni guardarán proporción con los bienes de uso del contribuyente ni con las compras registradas. Ello representaría indicios de una posible maniobra de lavado de dinero…se observó que 93 por ciento del total informado habría sido facturado a una única empresa, la sociedad Friar SA. Se indicó que la misma es una sociedad dedicada a la matanza y procesamiento de ganado bovino, como así también a su venta y que pertenece al grupo Vicentín…que según surge de fuentes públicas, este grupo estaría conformado por la familia Vicentín y Nardelli, destacando que Gustavo Luis Nardelli habría integrado junto con Herme Juárez la comisión de la Cámara de Actividades Marítimas y Portuarias en el año 2009”

Hernán López, ex gerente de la Cooperativa que se habría desvinculado el día 31 de enero de 2019, manifestó que “no se siente cómodo”, que la situación “es insostenible”, que Herme Juárez “acomoda toda la parentela” y “que la hija de hija de Herme -Débora Paola Juárez- va a trabajar dos veces por mes, cuatro horas y cobra 350 mil pesos”.

Permitiría establecer la presunción de que las hijas de Juárez actuarían como meras “prestanombres” ya que el uso, goce y administración de dichos bienes (adquiridos con fondos de Herme) estarían en cabeza de su padre…En tal sentido se expusieron una serie de indicios que indicarían que Herme Juárez utilizaría el nombre de sus hijas para registrar bienes propios con el objetivo de ocultar el verdadero origen de los fondos”.

Políticos regionales.  Se indicó que “Pipi” sería Armando Traferri, senador provincial por el departamento San Lorenzo, posiblemente involucrado en 2012 en la causa por supuestos vínculos de la policía santafesina con el narcotráfico. En cuanto a la chica de Victoria, se trataría de Isabel Castagnino, candidata a intendente por el Frente Creer Entre Ríos de la ciudad de Victoria.

Daniel Badía -Si, Herme. Juárez – Te hago una consultita… Badía – Decime…

Juárez – Viste que a Pipi le dimos…colaboramos con la campaña… Badía – Si, 250.000 pesos le pagamos. Juárez – ¿Te dio recibo a vos?. Badía – Mandaron la factura. Juárez – Ah…¿ya pagaste… Badía – Con factura, sin factura no pagamos nada…

Por otro lado se advirtieron diversas comunicaciones de Herme Juárez que podrían tener semejantes implicancias a las narradas, indicándose que el día 23 de abril de 2019 se produjo un diálogo entre el nombrado y Leonardo Raimundo, actual intendente de San Lorenzo. En la misma, se pudo identificar que Raimundo advirtió a Juárez sobre una maniobra del Concejo Deliberante de San Lorenzo que pretendía quitarle al titular de la cooperativa el privilegio de poseer una garita de vigilancia en la puerta de su domicilio. Raimundo, que en ese entonces se encontraba en campaña electoral, aseguró que todos sus concejales votarían en contra del proyecto.

Se señaló que al día siguiente, 24 de abril de 2019, Herme mantuvo una comunicación con un sujeto que se identificó como Juan a quien solicitó alistar a “los muchachos” ya que recorrería los barrios de San Lorenzo junto a Raimundo. Que asimismo, el día 26 de abril de 2019 se comunicó con Simón y realizó el siguiente comentario: “De la Cooperativa salió Perotti y Rodenas…si manejamos todo acá”.

Empresas y más empresas. Una denuncia contra la Cooperativa por infracción a la ley de Defensa de la Competencia 25.156, toda vez que esta abusaría de su posición de dominio e intentaría excluir a la empresa denunciante Milisenda, denominada Milisenada Servicios Portuarios SA, dicha denuncia habría estado apoyada por miembros representantes de distintas empresas que realizan similares actividades en la zona e integran la competencia de la Cooperativa.

Jerez: “…pero tirárselo a Milisenda el tema de que es funcional a los intereses de Muchison y aparte al ser funcional a ese está perdiendo interés él porque su empresa va a venir para abajo porque la torta en vez de repartirla en 3 la va a tener que repartir en 5”.

8 de mayo de 2019. Conversación entre Badía y Gustavo Enrique Gené, abogado contratado por Juárez. Arreglo entre Juárez y los empresarios que licitaron los servicios de estiba en octubre de 2017, entre los que se encontraban Adrián Milisenda y Juan Garro.

“En ese momento en donde ellos hacen la denuncia no le estábamos dando a la gente para hacer, cada vez que había un barco de aceite, Herme dio la orden que no le den a ellos la gente, a ninguna de las empresas, por eso hicieron la denuncia”.

Badía explicó: “En ese momento era 70 por ciento nosotros y 30 por ciento el resto de todos los otros. El tema de los porcentajes fue algo arreglado de palabra con la Cámara de Puertos Privados y con el subsecretario de vías navegables que era Metz en ese momento” y luego reconoció que “tampoco es lógico que sea así porque supuestamente todos tienen el mismo derecho a laburar de acuerdo a los que meten las empresas, es algo medio tirado de los pelos”.

Milisenda transmitió a Badía que quiere “explicarle las cosas a Herme para que se calme un poco. Es mejor lo que está pasando porque ya no hay más competencia, no existe más eso ya con lo que pasó ahora, no existe más”. Alfredo Milisenda es presidente y socio de Milisenda Servicios Portuarios SA, y titular de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.

Y Juan Alfonso Garro está vinculado a la empresa Servicios y Asesoramiento Portuario SRL.

-Pero bueno, qué se yo, lo que pasa es que las otras empresas son muy desprolijas, no saben cómo atacar, porque si estuviesen un poquito mejor asesorados, sabés cómo le hacen un orto, le tiran al piso y… Además se habría detectado su participación en el directorio de la firma “Imperus Financial SA”, constituida en Panamá en 2012. La Agencia Federal de Inteligencia informó que el patrimonio de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2017, ascendía a 2.100 millones de pesos; que la liquidez y solvencia de la Cooperativa se debe principalmente a la falta de distribución de los excedentes entre los cooperativistas. Esta situación guardaría relación con que los cooperativistas se encuentran empleados en relación de dependencia, en clara infracción al encuadramiento como cooperativa de trabajo.

Se observaron fondos comunes de inversión, inversiones en plazo fijo y acciones en la sociedad “Bunge Limited” radicada en el Reino Unido. Que como se reportó en informes precedentes, Herme Juárez habría financiado actividades políticas del intendente de la ciudad de San Lorenzo, Leonardo Raimundo. Charla del 12 de junio de 2019, entre Hernán López, ex tesorero de la Cooperativa, y un sujeto llamado Ricardo.

-Murchison, en los últimos 30 años vino, armó su oficina y éste no lo dejó laburar y no está laburando Muchison. ¿Vos te creés que no le dijo a Macri algo?. Y no está laburando, por eso te dijo, necesitás un socio adentro. Los que están laburando están laburando porque reparten con el 1, no con el CUIT de la Cooperativa, con el CUIT de él laburan, esto te lo recontra super archi confirmo que es así…

Del 12 de abril de 2019, Juárez con Badía: “Bueno y ahora con las empresas andamos bien así que creo que no, viste, no creo. Después del arreglo que hice con Villanova en Terminal 6…está todo bárbaro”.

Roma no paga traidores… El 8 de mayo de 2019, en el diálogo entre Gustavo Gené y Daniel Badía, este último sostiene: “…el tema de los porcentajes fue algo arreglado de palabra, en su momento, con la Cámara de Puertos Privados y con el Subsecretario de Vías Navegables que era Metz en ese momento. Reunión de la cual yo no participé, y yo te digo que por los dichos de Herme que él supuestamente cerró ese tema. Esto entre nos, yo no participé y no sé cómo lo cerró. No hay nada por escrito, fue todo de palabra…”.

Jorge Metz resulta un personaje clave para este cronista.  Fue subsecretario de puertos, vías navegables y marina mercante durante 27 meses de la administración del ingeniero Mauricio Macri, dependiendo del ministro de Infraestructura y Transporte, Guillermo Dietrich, quien lo nombró a través del decreto 145 del año 2016.

 

A partir del primero de junio de 2018, Metz fue recompensado y ascendió a su cargo de secretario general del Comité Intergubernamental Coordinador de los países de la Cuenca del Plata, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Metz es la persona, según se desprende de la resolución del juez Charvay, que habría recibido aquellos “tres palos verdes” a las que aluden las conversaciones telefónicas de la causa.

Ese fue el precio que Juárez pagó por mantenerse impune.  En 2017, el jefe de Metz, el ministro Dietrich sostuvo que Juárez era el modelo empresarial a imitar. Dos años después, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich remarcó que la persona que más aportó información para la causa Juárez fue, justamente, el ministro Guillermo Dietrich.

Roma no paga traidores.  -Este tiene un pacto con el diablo (dijo Daniel Badía el 12 de junio de 2019). Dietrich y Metz ratificaron, a menos de dos años y tres palos verdes mediante, que el diablo siempre paga mal.

El negocio de la seguridad. Se ha comprobado que habrían sido desviados, durante el año 2018 y desde la Cooperativa, la suma aproximada de 198 millones de pesos con destino a Rubén Darío Zamora, su empresa denominada “DZ Seguridad SRL”.

El bien tutelado es el orden económico y la salud financiera del estado.  La calificación legal, en definitiva, según entiende el doctor Adrián González Charvay, juez federal de Campana, es de asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción y lavado de dinero de activos de origen ilegal.  “…en relación al bien jurídico tutelado por el tipo penal, son el orden económico y la salud financiera del Estado que resultan afectados por las maniobras de lavado de activos de origen delictivo. En este aspecto es posible identificar como valores afectados a la libre competencia y la estabilidad y solidez del sistema financiero”, sostiene el doctor Charvay.

La resolución termina procesando a Herme Oscar Orlando Juárez y Oscar Juárez con prisión preventiva. También a Daniel Gustavo Badía, Hernán Mario Cruz López, Damián Luis Bunello, Ramón Jerez, Pablo Luis Bunello, Débora Paola Juárez y Mariana Lorena Juárez, sin prisión preventiva. Mientras que a Iván Juárez, Ramón Tévez, José Luis Gómez, Ana María Cañete, María Jimena Juárez y Exequiel Alejandro Aste, falta de mérito.

Recuerdos del futuro.  Esa reflexión del juez Charvay tiene una potencia política e ideológica contundente: el bien jurídico tutelado “son el orden económico y la salud financiera del Estado”. Juárez y cada una de las empresas mencionadas en la causa, dueñas absolutas del negocio de los puertos desde donde surge el 80 por ciento de las exportaciones argentinas, representan, justamente, ese orden económico y esa llamada salud financiera del estado.

El mayor flujo de dinero, legal e ilegal, pasa por esos muelles. El mayor flujo de dinero, legal e ilegal, conforman ese orden económico y le dan la salud financiera del estado. Es una extraordinaria revelación del funcionamiento del capitalismo en este tercer milenio.

Lo legal y lo ilegal se disuelven en el agua del Paraná. Como lo dice la propia resolución, por estos puertos puede pasar cualquier cosa, desde el narcotráfico al lavado de activos.

¿Juárez es el único culpable?. Una de las principales fuentes de información del juez Charvay es la Agencia Federal de Investigaciones. Allí trabajaba el operador judicial Marcelo D’Alessio, según lo ratificó ante el juez federal Julián Ercolini el 24 de julio de 2019. El supuesto abogado dijo que fue la AFI a través de Ricardo Bogoliuk, un excomisario detenido por el Juzgado de Dolores, quien lo convocó a trabajar y le pidió como prueba piloto sacarle información al empresario Pedro Etchebest sobre sus negocios en los Estados Unidos.

Etchebest fue el empresario que inició la denuncia en Dolores porque acusó a D´Alessio de haberle pedido dinero a cambio de no involucrarlo en la causa de los cuadernos, lo que supuestamente podía hacer gracias a una «amistad» con el fiscal del caso. Según su versión, fue Bogoliuk quien le dijo que le hablara al empresario agropecuario sobre directivos o funcionarios que le podían generar algún negocio o sensación de poder, ante lo cual elaboró una lista de funcionarios tales como Stornelli, Elisa Carrió, Patricia Bullrich y hasta el arrepentido Leonardo Farina. Aunque pronunció mal su apellido, D´Alessio apuntó que fue Pablo Pianamonti, un directivo de la ex-SIDE, quien lo habría promovido para llevar a cabo esa prueba piloto y hasta le habría propuesto «trabajar en forma orgánica o inorgánica en el sector que él iba a dirigir».

En uno de los mensajes difundidos entre D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, el hombre de la AFI que también supo presentarse como agente de la DEA, hizo mención que estaba trabajando para quedarse con los puertos de Rosario y San Lorenzo. La estampida del narcotráfico y del contrabando de armas en la Argentina del macrismo es directamente proporcional a las resoluciones y decretos que dinamitaron el control del estado sobre puertos y aeropuertos. Algún día los funcionarios nacionales que entregaron las puertas de acceso del país a los empresarios nacionales y extranjeros deberán responder por esas decisiones que generaron decenas de muertes jóvenes en los barrios de las ex ciudades obreras de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza, por nombrar, solamente, a las principales cinco provincias.

 

Juárez es, hace y deshace porque lo dejan o dejaron ser, hacer o deshacer. Es un jugador estratégico en la cancha grande de la geografía por donde pasa el mayor flujo de dinero de la Argentina de los últimos treinta años.

 

Los delitos que se le imputan también deberían extenderse a los empresarios que gozaron y sufrieron de sus servicios. El “orden económico” palpita por detrás de cada nombre, cada sigla, cada empresa que aparece en esta resolución de la causa Juárez.

Un orden económico que necesita tanto de los negocios legales como ilegales. Pero eso si, en pocas manos.

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