En la investigación contra Vicentin, las fiscalías no poseen recursos, el trabajo es artesanal, el tiempo paso y los resultados se desvanecen.

 Gentileza: Aire de Santa Fe.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Cómo se llevan adelante las investigaciones penales contra la agroexportadora que tratan de determinar si se trató de un default fraudulento. Entre la sanción penal y el recupero de activos, los objetivos de los fiscales de la causa Vicentin.

Las investigaciones penales abiertas a partir del default de Vicentin tratan de determinar si se trató de un default fraudulento. Indicios sobran, como lo vienen señalando acreedores de todos los tamaños y latitudes, y por eso los fiscales tienen dos objetivos: por un lado la acción penal para probar los delitos y eventualmente conseguir sanciones, y por el otro recuperar los activos que se sospecha fueron fugados.

Esta última parte es la más compleja para las fiscalías penales del país por ausencia de recursos económicos, tecnológicos y humanos especializados para la recuperación e interpretación de la información que son comunes en casi todas las investigaciones de delitos complejos donde se intenta seguir la ruta de dinero o bienes para incautarlos.

 “No tenemos software que uno carga los datos y te hace el trabajo de seguimiento. Acá están los empleados horas, días y semanas con las planillas de movimientos de dinero subrayando una partida y rastreando a dónde fue el dinero y de ahí el próximo paso. La tarea no es sencilla porque no es un movimiento, sino miles”, cuenta un funcionario judicial federal.

  “Después ocurre que la empresa argumenta que ese movimiento fue para pagar sueldos, pagarle a la Afip, a proveedores… es todo un trabajo de comprobación que debe estar debidamente respaldado para llegar a una acusación sólida”, completa.

 En Rosario, donde la Agencia de Criminalidad y Delitos Complejos tiene a su cargo la investigación de cinco denuncias contra Vicentin por los delitos de estafa, presentación de balances falsos y desbaratamiento de derechos acordados, las condiciones para desarrollar las tareas están lejos de ser las óptimas. Faltan recursos especializados para trabajar con causas de este nivel de complejidad y recursos económicos para contratar asesores externos. Además, enfrente hay un batallón de contadores y abogados que conocen el terreno de la evasión, ocultamiento de bienes y lavado de activos como la palma de su mano.

En muchas de estas causas ordenar allanamientos y secuestro de teléfonos, computadoras y archivos es lo más sencillo. El paso siguiente es desencriptar la información, analizarla, clasificarla e interpretarla para construir pruebas sólidas y seguir la ruta de los bienes si lo que se pretende es recuperarlos.

 

 

También los fiscales trabajan sobre una línea muy delgada, entre denuncias de acreedores que por razones que pueden suponerse no se presentaron al concurso de acreedores; y bancos internacionales de primera línea que le prestaron cientos de millones de dólares y aducen haber sido engañados con balances que ocultaban pasivos y garantías superpuestas que cuando quisieron ejecutarlas ya lo había hecho otro antes. ¿Es tan sencillo engañar a bancos internacionales de la talla de los que demandan en Rosario? ¿Con sólo dibujar un balance liberan millones de dólares? ¿Esos bancos cumplieron con las normativas financieras internacionales a la hora de prestarle a Vicentin?

El caso Banco Nación.

En la fiscalía criminal correccional a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, que funciona en el quinto piso de Comodoro Py 2002 de Retiro, el desafío es enfrentar los planteos casi diarios de los mejores estudios de abogados de Buenos Aires que defienden a ex funcionarios políticos del Banco Nación, a los funcionarios de carrera y a los directivos de Vicentin que están bajo investigación por el otorgamiento de préstamos de forma irregular entre agosto y diciembre de 2019 por 105 millones de dólares.

Los funcionarios del Banco Nación aducen que fueron engañados por Vicentin y los directivos de la empresa que no estaban excedidos de los límites establecidos en las normativas oficiales. La fiscalía ya tiene establecidos cómo fueron los hechos, ahora está en la tarea de establecer los roles de cada uno de los 26 investigados que es lo que lleva más tiempo.

 Esta investigación tropezó con la convulsión que provocó el default de Vicentin dentro del Banco Nación, que además coincidió con el recambio de autoridades políticas. Allí comenzó toda una tensión, donde también juega la pata sindical, con la línea de funcionarios de carrera que temen que alguna firma por orden política termine con ellos pagando el pato.

 En Comodoro Py esperaban que esa reticencia se subsanara con la contratación de una auditoría externa pero hasta ahora no ocurrió.

 El primero que sacó a la luz los desmanejos en el segundo semestre de 2019 con los préstamos concedidos a Vicentin fue Claudio Lozano, flamante directivo del Banco. Incluso elaboró un informe con el detalle de las irregularidades, que tiene carácter extraoficial ya que nunca fue tratado por el directorio del BNA. La fiscalía para contar con toda esa información lo descargó de la página del partido político que lidera Lozano, quien todavía no concurrió a prestar declaración testimonial.

 Sobre la base de ese informe, la fiscalía solicitó 14 medidas, entre ellas en febrero envió al BNA un pedido amplio de información, con más de 50 puntos. La respuesta recién llegó en junio, en muchas partes incompleta, con lo que hubo nuevos requerimientos. Esta colaboración incompleta del Banco Nación, a pesar del recambio de autoridades.

Un proceso que llevará tiempo

El recupero de activos va en paralelo a la acción penal, pero instrumentarlo tiene una complejidad mayor y es el proceso que más tiempo lleva. Más si la ruta de esos activos conduce fronteras afuera, donde entran a jugar tratados de colaboración e información financiera entre Estados y las famosas guaridas fiscales, diseñadas justamente para ocultar bienes.

 La fiscalía de Pollicita trabaja codo a codo con la Dirección general de recuperación de activos y decomiso de bienes del Ministerio Público Fiscal.

 En Reconquista, el fiscal Roberto Salum, a cargo de la investigación que se tramita en el juzgado federal de esa ciudad por Lavado de activos y Aprovechamiento indebido de beneficios fiscales (en este caso reintegros a la exportación), lo hace con la cooperación de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos).

 A un año del default de Vicentin, y con la idea extendida entre acreedores gobiernos e investigadores judiciales de que el default es consecuencia de una planificación iniciada desde 2014 de despatrimonialización, sobreendeudamiento y fuga de activos a través de una red de empresas creadas a tal fin, las fiscalías van –con las dificultades antes detalladas–, tras la ruta del dinero y los activos. El primer paso es reconstruir ese derrotero, identificar los bienes, lograr cautelarlos y luego recuperarlos.

 

Compruebe también

Con un mensaje por el Día de la Madre, Alberto Fernández contó que el bebé que espera con Fabiola Yañez es un nene

Con un mensaje por el Día de la Madre, Alberto Fernández contó que el bebé que espera con Fabiola Yañez es un nene

El Presidente expresó su saludo en su cuenta de Instagram y reveló el sexo del …

Así  se construye la esperanza en las EFA del norte santafesino.

Así se construye la esperanza en las EFA del norte santafesino.

Por Carlos Del Frade Me lee un cuento profe…  Así le dice una chica entre …

DEJANOS TU COMENTARIO