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El tribunal dio a conocer los fundamentos de la sentencia a Esteban Hanna Farah.

El Tribunal Pluripersonal, a cargo de los Jueces Penales de Primera Instancia Gustavo Adrián GON, Martín GAUNA CHAPERO y Santiago Roberto BANEGAS, presidido por este último, integrantes del Colegio Interdistrital de Jueces de la Cuarta Circunscripción Judicial, en juicio seguido contra Esteban HANNA FARAH, dio a conocer los fundamentos de la sentencia condenatoria, por la comisión del delito de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra, atribuyéndosele ambos hechos al imputado en calidad de autor y en concurso real entre sí, condenándolo a once años y medio de prisión.
En representación del Ministerio Público de la Acusación el  Fiscal Juan Carlos KOGUC, como representante de la querellante el abogado Juan José FARIZ, y en el ejercicio de la defensa técnica los abogados Andrés Santos Indalecio GHIO y Ricardo Ceferino DEGOUMOIS; del que, RESULTA, el hecho ocurrió el 30 de agosto de 2017 y el juicio oral y público comenzó  el miércoles 05 de agosto de 2020, conforme fue fijado oportunamente, se dio inicio a la audiencia de debate, siendo interrogado el acusado por sus datos personales y condiciones de vida; para luego ser advertido sobre lo normado por el artículo 317 para que preste atención a lo que iba a oír.
 Luego de las presentaciones correspondientes, los defensores solicitaron la palabra, manifestando que habían formulado denuncia ante la Fiscalía Regional por inconducta del fiscal Koguc ─dado que el acusador había convocado a los testigos de la defensa a los fines de interrogarlos, ocupando para ello personal policial─ denunciando abuso de autoridad y acompañando copia de la denuncia formulada y demás documental, por lo que solicitaron la suspensión del debate hasta tanto se resolviera el apartamiento del fiscal, en razón de haber perdido su objetividad para intervenir en el juicio.
 De lo manifestado por los defensores se corrió traslado al fiscal, el cual explicó que citó a los testigos de la defensa a fin de conocer qué sabían sobre el hecho, para lo cual se constituyeron junto con el querellante en la comisaría de Florencia, pero que de ningún modo amedrentaron a los testigos, por lo que no incurrió en una causal de apartamiento de la investigación y mucho menos en un delito. Agregó además que cuando la defensa ofrece testigos para un juicio, la fiscalía necesita entrevistarlos.
 Luego de escuchar a ambas partes, el tribunal resolvió no hacer lugar a la suspensión del debate y al apartamiento del fiscal peticionado, debiendo dichas cuestiones canalizarse por los carriles correspondientes.- Resuelta la cuestión previa, se otorgó a las partes la oportunidad de realizar sus alegatos iniciales.
El representante del Ministerio Público de la Acusación en su alegato inicial manifestó que el hecho traído a juicio ocurrió el día 30 de agosto de 2017, entre la una y las dos de la mañana. Esa noche Leandro Damián Durando ingresó con el acuerdo Alicia Rouvier, madre del acusado, una vez allí, Durando y Rouvier comenzaron a mantener relaciones sexuales en el dormitorio de esta, cuando Esteban Hanna Farah ─hijo de Rouvier─ sin golpear la puerta irrumpió en forma violenta con en la habitación con un revólver calibre 9mm, y, cuando la víctima estaba sobre la madre del acusado, este le efectuó un primer disparo en el abdomen. Luego, la víctima se incorporó en la cama y allí Hanna Farah realizó un segundo disparo, a boca de jarro, en el tórax de Durando. Ante esto, Durando cayó al piso. Inmediatamente llamaron al 107, haciéndose presente personal policial, que al arribar pudo comprobar que Durando estaba aún con vida, en el piso, pidiendo que no lo dejen morir. Instantes después arribó la ambulancia que trasladó a la víctima al hospital de Florencia, al cual ingresó fallecido.
-El arma utilizada fue secuestrada, así como diversos elementos que permitían acreditar que la víctima y la madre del acusado se encontraban manteniendo una relación sexual.- El fiscal calificó el hecho como homicidio agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego; y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra, todo en concurso real, solicitando la pena de prisión perpetua, con accesorias legales, costas y decomiso de las armas de fuego secuestradas.
 A su turno, el representante de la querellante adhirió a la plataforma fáctica del acusador y a la calificación legal escogida, así como al tipo y monto de la pena pretendida.
Seguidamente, los defensores manifestaron que durante el debate pondrían en evidencia que los hechos no sucedieron en la forma y modo que propuestos por el fiscal. Sostuvieron que el fiscal sostuvo el homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por alevosía debido a su obstinación. Asimismo, expresaron que existía una realidad objetiva, que no se encontraba en discusión ni controvertida: que Hanna Farah dio muerte a Durando; sin embargo, resultaba importante establecer el cómo, el porqué, qué estaba haciendo y bajo qué circunstancias; todas ellas preguntas que llevarían al tribunal a concluir que la actividad desplegada por Hanna Farah ocurrió dentro de las causales de no imputabilidad del artículo 34, inciso 1.°, del Código Penal.
 Sostuvieron que el imputado se representó en su imaginario un juicio falso, el cual estaba legitimado para suponer por el estado en el que se encontraba. Desde su punto de vista, Esteban Hanna Farah obró más cerca del permiso que de la prohibición, porque escuchó un ruido en la habitación de su madre, lo cual lo impulsó a entrar y disparar, asemejándose lo ocurrido a una legítima defensa privilegiada.
 La culpabilidad se erige como piedra basal del sistema de cuantificación de la pena en nuestro derecho, toda vez que, conforme ha expresado con meridiana claridad la doctrina judicial santafesina “el núcleo legítimo para individualizar la pena consiste primordialmente en graduar cuál ha sido la culpabilidad del agente en el injusto, esto es: medir la extensión del reproche por el acto realizado y a partir de las circunstancias legalmente previstas que indiquen el mayor o menor espacio de autodeterminación que ha podido tener el sujeto al momento del hecho para conducirse de otra manera.
Es decir: cuanto más fácil o difícil le ha sido motivarse conforme a la ley o adecuar su conducta a derecho. La culpabilidad por el acto es el límite máximo de la pena en concreto, dado que es el máximo reproche posible. La duración de la pena, entonces, debe siempre guardar proporcionalidad con la gravedad del hecho, con la medida o magnitud de la culpabilidad”.
En lo que respecta a las reglas a tener en cuenta al momento de graduar la pena, son insoslayables las pautas que brindan los artículos 40 y 41 del digesto punitivo, resultando indispensable sentar, previamente, dos cuestiones: en primer lugar, que la norma no precisa si dichas circunstancias deben operar, en el caso concreto, como atenuantes o agravantes, por lo que entendemos que determinar este punto resulta una facultad que el legislador ha decidido deliberadamente dejar librada al criterio judicial.
 En segundo término, que no existe consenso doctrinario ni jurisprudencial respecto a cuál es el punto de partida para graduar la pena, ya que mientras algunos autores y precedentes sostienen que debe partirse del mínimo legal por ser la interpretación más favorable al imputado, otros afirman que debe iniciarse el cómputo en el punto medio entre el mínimo y el máximo de la escala penal establecida para el delito del cual se trate.
Adelantamos que suscribimos a este último criterio, no solo porque el principio in dubio pro reo ─invocado por quienes sostienen la opinión contraria─ solo resulta operativo para la valoración de los hechos y no para la interpretación del derecho, sino también porque es el único que permite evitar que, ante dos condenas por hechos análogos, pero en los cuales uno de los imputados solo tuviera circunstancias atenuantes y el otro no tuviese ni atenuantes ni agravantes, ambos reciban idéntica pena ─el mínimo legal─, lo cual trasluciría una grave injusticia.
Situaciones como estas solo pueden superarse si se parte de la semisuma del mínimo y del máximo legalmente establecidos y desde allí se hacen funcionar los diversos parámetros atenuantes y agravantes, siendo dicho promedio en el sub judice de veinticinco años.
 Partiendo de allí entonces, en primer término, debemos referir que no existen circunstancias que agraven la culpabilidad de Hanna Farah, habida cuenta de que tanto su desmedida reacción y la torpeza en su actuar fueron ya tenidas en cuenta para considerar su error como vencible, y la tenencia ilegítima del arma con la que dio muerte a Durando ya fueron consideradas para establecer el punto de partida de la pena en abstracto, razón por la cual, cualquier nueva consideración implicaría una violación del principio.
 Entre las circunstancias atenuantes, consideramos a favor de Esteban Hanna Farah las que se enumeran en los párrafos siguientes.- 1.2.1. Se trata de un delincuente primario, sin contacto alguno con el sistema penal con anterioridad a este hecho.  Según acreditaron diversos testigos de concepto, el imputado trabajaba regularmente dentro de diversas tareas acordes a su capacidad laboral, tales como cortado de leña, producción y venta de carbón, cuidado de ganado.
 Fundamentalmente, el imputado actuó movido por un error de prohibición indirecto vencible, el cual, conforme ya hemos referido, merma muy sensiblemente su culpabilidad.- De los diversos abordajes doctrinarios existentes al respecto, adelantamos que adherimos a la teoría estricta de la culpabilidad, por las razones que expondremos a continuación. En primer lugar, no creemos que exista una equivalencia entre la culpabilidad de quien obra bajo este error y quien lo hace bajo el de tipo, ya que en el caso del error sobre los elementos objetivos de una causal de justificación el agente actúa con conciencia y voluntad de realización de los elementos del tipo penal y ello debería estimularlo a tomar mayores recaudos que le permitan cerciorarse de la real concurrencia de los requisitos de la eximente.
Si se acepta la tesis de la teoría de la culpabilidad de que el dolo de tipo incita a reflexionar sobre la juridicidad y antijuridicidad del hecho, respecto de aquel que no tiene duda alguna sobre la prohibición penal, sino que cree, a causa de la existencia de una situación justificante, poder realizar el tipo de prohibición, con mayor razón tiene que regir la exigencia de comprobar los presupuestos objetivos de su suposición.
En el caso concreto, Hanna Farah obró con dolo ─quiso matar y mató─ excluyéndose toda posibilidad de sostener que su obrar constituye una conducta equivalente a un ilícito imprudente; por lo que resultaría sumamente injusto punir su accionar como si de un error de tipo se tratase, dispensándose idéntico tratamiento a dos situaciones que resultan notoriamente diferentes entre sí, como postula la tesis restringida de la culpabilidad, la cual rechazamos, y como pareciera que intentaron sostener sus defensores (pese a su enorme confusión de conceptos dogmáticos claramente disímiles, evidenciada en sus alegatos iniciales y conclusivos).
 Por otra parte, tanto la teoría de los elementos negativos del tipo como la de la ausencia de dolo de injusto y del desvalor propio de los delitos dolosos ─que buscan llegar a la misma consecuencia que la teoría restringida de la culpabilidad, pero por un camino diferente─, surgen de una mixtura del tipo, la antijuridicidad y la culpabilidad, borrando así las claras líneas que separan estos tres estratos del delito, resultando por tanto reprobables desde el punto de vista de la dogmática penal, pues implican volver a la distinción entre error de hecho y error de derecho, la cual se encuentra superada desde hace tiempo, en forma prácticamente pacífica, por la doctrina y la jurisprudencia.
 Asimismo, estas teorías parecen olvidar que muchas veces el error de tipo puede estar motivado en valoraciones equivocadas de hechos adecuadamente percibidos (en aquellos tipos que incluyen elementos normativos), y en otras oportunidades el error de prohibición puede basarse en una equivocada percepción de hechos adecuadamente valorados (tal como sucede en este caso, en el cual se presenta un error sobre las circunstancias fácticas de una causal de justificación). Ello permite advertir con toda claridad el poco rigor técnico de la pretendida distinción entre error de hecho y error de derecho, lo cual llevó a su abandono por la mayoría de los doctrinarios penales desde hace décadas.
Error de hecho y error de derecho, por un lado, y error sobre el tipo y error de prohibición, por el otro, son, por consiguiente, dos parejas de conceptos completamente diferentes. Hay errores de derecho que son errores sobre el tipo, como el carácter ajeno de la cosa; hay errores de hecho que son errores de prohibición, como el error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación”.
Ahora bien, pese a las diferencias doctrinarias existentes sobre el particular, existe un punto de convergencia entre los diversos autores: el error evitable sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación debe traducirse en una sensible reducción de la culpabilidad del agente, incluso entienden que puede perforarse el mínimo legal; criterio que no compartimos, salvo casos excepcionalísimos, porque implica una inadecuada injerencia del Poder Judicial en un espacio reservado al legislador).
Llevadas estas consideraciones al caso concreto, creemos que el obrar de Esteban Hanna Farah, quien no actuó movido por pasiones reprobables sino por la equivocada percepción de que su madre estaba siendo víctima de un ataque, si bien resulta penalmente reprochable ─fundamentalmente por el alto grado de evitabilidad del error en el que se encontraba inmerso, del cual hubiera podido salir con un mínimo grado de sensatez y atención─ nos impulsa a mover el fiel de la balanza punitiva sumamente cerca de la base de la escala penal.
 Todo lo dicho en los parágrafos precedentes nos lleva a concluir que la pena justa a imponer al imputado es la de once años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo con más sus accesorias legales.  En lo que respecta al decomiso, no existen dudas de que el consiste en una pena accesoria,  la cual abarca la pérdida definitiva, por parte del condenado, tanto de los elementos utilizados para la comisión del delito,  como aquellos derivados de su comisión. consiste en la privación o pérdida de los instrumentos o efectos del delito, conforme consagra el artículo 23 del Código Penal, al disponer que en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en el código o en leyes especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito.
 La doctrina ha señalado que dicha norma no se opone a que los instrumentos sean empleados en su integridad por los entes oficiales, puesto que lo que se persigue es que no pasen a poder de terceros, disponiéndose sobre los efectos, que el destino de ellos queda librado a las reglamentaciones locales. En este sentido tratándose el arma decomisada de un revólver modelo Lefaucheux, cuya fecha de fabricación data del siglo XIX, pieza que reviste destacado valor histórico, se procederá a su entrega al Ministerio de Educación y Cultura de la provincia, para que disponga su destino según su relevancia histórica o cultural.
 El restante material balístico, armas de fuego y demás efectos secuestrados en el marco de la presente causa, no encontrándose comprendidos en las categorías de instrumentos utilizados para la comisión del delito” ni de aquellos derivados de su comisión, no resulta procedente su decomiso, correspondiendo su devolución al Ministerio Público de la Acusación, a fin de que disponga el destino que estime corresponder.
Por lo expuesto, en base a las disquisiciones de hecho y derecho vertidas en los parágrafos precedentes, y conforme a lo normado por el art. 334 del Código Procesal Penal, por unanimidad y en nombre del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, este tribunal pluripersonal; RESUELVE: 1. Rechazar la calificación legal de los hechos formulada por los representantes del Ministerio Público de la Acusación y de la parte querellante, como homicidio calificado por alevosía (artículo 80 ─inciso 2.°─ del Código Penal).- 2. Condenar al imputado Esteban HANNA FARAH, como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra, en concurso real entre sí (artículos 79, 41 bis, 189 bis ─inciso 2.°, párrafo 2.°─, 45 y 55 del Código Penal; 3 de la ley n.° 20429 y 5.2.b del Decreto 395/1975); a la pena de once años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, con más sus accesorias legales y costas.

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