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Exfuncionarios del gobierno encabezado por Miguel Lifschitz brindaron una conferencia de prensa en la que dieron explicaciones sobre la situación financiera de la provincia al 30 de noviembre de 2019.
Las finanzas de Santa Fe han sido materia de cruces y polémica en los últimos días, ya que desde el espacio político que conduce Omar Perotti han acusado al anterior gobierno de dejar la provincia en emergencia, mientras que los referentes del Frente Progresista han desmentido tales consideraciones y han destacado los números con que entregaron la gobernación. Este martes por la mañana, los exministros Pablo Farías (Gobierno), Gonzalo Saglione (Economía) y Claudia Balagué (Educación), junto a los exfuncionarios Verónica Geese (EPE) y Pablo Seghezzo (Vialidad Provincial) brindaron una conferencia de prensa en la que pidieron «poner en contexto» las cifras que se manejan.
El primero en tomar la palabra fue Pablo Farías, quien consideró «preocupante» que el gobierno actual «no ponga cuidado en las calificaciones que está haciendo de la situación: si bien Santa Fe no escapa del difícil momento que está atravesando el país, la provincia ha mantenido indicadores que la diferencian y la destacan respecto de las demás. Esto está reconocido por organismos nacionales y nos ha permitido obtener en el extranjero financiamiento para obras a tasas beneficiosas que ni siquiera el Estado nacional ha conseguido. Además, en las licitaciones públicas hemos tenido hasta 20 empresas postuladas y eso habla de la confianza del sector privado para con la solvencia del Estado santafesino», argumentó.
El exministro de Gobierno apuntó contra la gestión de Perotti y dijo que «hubo una negación sistemática de la conducción actual a sentarse a hablar durante la transición», ante lo cual postuló que desde el Frente Progresista están «disponibles para aclarar lo que sea necesario»: «Tenemos todas las cifras oficiales presentes, jamás las ocultamos», añadió.
Farías también habló de una «diferencia de criterio» con el gobierno de Perotti respecto al manejo de las finanzas públicas: «No estamos de acuerdo con ajustar a cualquier costo. La idea del déficit cero fracasó en el país en los últimos años y sólo trajo problemas a la gente. Hoy a esa idea la están padeciendo los empleados públicos, con un cronograma de pago extendido que escapa a la ley y que se hubiera podido abordar de otra manera» argumentó.
Además, el exfuncionario dijo que la gestión de Miguel Lifschitz había notificado la situación financiera al gobierno entrante: «Cuando nos reunimos con la comisión de transición los primeros días de agosto, le notificamos formalmente que el déficit al 31 de julio de 2019 era de 10.500 millones de pesos. Y, finalmente, el déficit de cierre al 30 de noviembre fue de 8.200 millones de pesos. Es decir que hubo una reducción del déficit en esos meses porque bajo una política de reducción de gastos se pudo lograr un superávit en los meses de agosto a noviembre», valoró.
También recordó que una parte importante del déficit se generó cuando el gobierno nacional de Mauricio Macri decidió a fines de 2018 retirar los subsidios al transporte público y a la tarifa social eléctrica: «Nosotros, en vez de tomar una lógica de déficit cero y dejar que la sociedad no pueda acceder a esos servicios, decidimos con los recursos provinciales reemplazar esos subsidios y hacernos cargo de la situación», expresó, defendiendo una de las medidas más importantes que adoptó Miguel Lifschitz en su último año de gobierno.
Finalmente, Farías sostuvo que «frente a un presupuesto total de 408.000 millones, un déficit de 8.200 millones de pesos es absolutamente razonable, ya que no llega ni al 5% del presupuesto y no representa ni siquiera el 0,5% del PBI de la provincia», cerró.
A su turno, el exministro de Economía Gonzalo Saglione también apuntó contra la gestión de Mauricio Macri como responsable del déficit actual de Santa Fe. Particularmente, recordó que Anses nunca aportó la compensación a la Caja de Jubilaciones de la Provincia correspondiente a 2019, un monto de al menos 3200 millones de pesos, «lo que generó una disminución de recursos y déficit que no fue fruto de la política de gasto», señaló.
Además, recordó «el impacto que generó en las provincias» el decreto mediante el cual el gobierno de Cambiemos eliminó temporalmente el IVA a los alimentos, un tributo fuertemente coparticipable: «Santa Fe perdió entre 3.000 y 4.000 millones de pesos por esa decisión», indicó Saglione, y concluyó en que «si sumamos estos dos rubros –ANSES e IVA–, prácticamente equivale al déficit actual».
Verónica Geese, la extitular de la Empresa Provincial de la Energía, habló sobre la situación de esa entidad y pidió «poner en contexto los números»: «La EPE factura por año 50 mil millones de pesos. Si debiera 5 mil millones, no sería un número exorbitante en la situación actual. Pero, de todos modos, nosotros no dejamos a la empresa con una deuda de 5 mil millones», arremetió.
«Si el gobierno actual no ha pagado la última factura a Cammesa –la empresa mayorista de energía eléctrica–, ya es una decisión de ellos. Teníamos financiada por Cammesa una factura del año de 2 mil millones con cheques a vencer después del 10 de diciembre y esos cheques estaban cubiertos por dinero que quedó en la cuenta corriente de la Empresa, información que fue remitida a la Auditoría General de la Nación y que allí se puede verificar», detalló.
Geese manifestó que «en 2019 el país enfrentó una devaluación brutal y durante el año la empresa absorbió dos aumentos de la energía mayorista, en mayo y en agosto, para no trasladarlos a los usuarios. Tampoco le trasladamos a la gente la tasa de interés que Cammesa nos estaba cobrando, cercana al 80%. La tasa de interés es algo que decide el gobierno nacional», recordó y argumentó que «600 millones de pesos de intereses frente a una facturación anual de 50.000 millones no es irrazonable ni significa que la empresa esté en emergencia».
«Creo que la situación en que dejamos la empresa, para el momento que está viviendo la Argentina, es completamente razonable», insistió. Ante la repregunta de los periodistas, la exfuncionaria fue contundente: «Negamos que la deuda sea de 5.000 millones. Eso es una manipulación de las cifras por parte de la gestión actual para argumentar el pedido de emergencia», sentenció.
Por su parte, Pablo Seghezzo, quien tuviera a cargo la Dirección Provincial de Vialidad durante la gobernación de Miguel Lifschitz, recordó que ésa «fue el área del Ministerio de Infraestructura y Transporte donde se ejecutó mayor cantidad de presupuesto» para llevar adelante lo que definió como «un plan histórico» que incluyó «1.000 kilómetros de repavimentación de rutas provinciales –una cuarta parte de toda la red vial–, 250 kilómetros de pavimento nuevo y 250 kilómetros de enripiado».
«La deuda actual de Vialidad Provincial equivale apenas a un mes y medio de certificación de obras. Hay que poner las cifras en contexto», advirtió Seghezzo, quien además opinó que «es importante que el nuevo gobierno provincial retome el contacto con las empresas contratistas y continúen las obras que ya están en marcha y hoy se encuentran paralizadas».
Finalmente, la exministra de Educación Claudia Balagué salió al cruce de las declaraciones de la nueva responsable de la cartera, Adriana Cantero, que en los últimos días había criticado la titularización de horas cátedras en el nivel secundario.
Balagué rechazó hablar de «titularización masiva» ya que, explicó, las horas titularizadas en el último año equivalen sólo al 0,8% de las 550.000 horas cátedra que en total se dictan en los distintos niveles de la educación pública santafesina.
«Durante 12 años realizamos titularizaciones que alcanzaron a 55.000 docentes. Esto no es otra cosa que garantizar el derecho a la estabilidad laboral y que el docente tenga un mayor compromiso con sus estudiantes y con su escuela», agregó. Además, argumentó que «las titularizaciones son públicas y absolutamente transparentes y están firmadas en las paritarias, porque los gremios propician que se hagan», concluyó.
