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Tras la adhesión de la provincia a la normativa nacional, el diputado señaló que en las provincias que tomaron esa decisión aumentaron varios índices delictivos relacionados al narcotráfico
Tras la aprobación por parte de la Legislatura santafesina para que la provincia se adhiera a la ley nacional de narcomenudeo, el diputado provincial Carlos Del Frade afirmó que esta acción permite «hacer una caja negra para sectores corruptos de la Policía» y que en las provincias que se tomó la misma determinación aumentaron todos los índices delictivos relacionados al narcotráfico.
El proyecto de adhesión fue solicitado por el gobernador Maximiliano Pullaro y aprobado por ambas cámaras. En Diputados obtuvo tres votos negativos, todos del bloque del Frente Social y Popular, emitidos por Carlos del Frade, Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver. En tanto, se abstuvieron Verónica Baró Graf, Lucila de Ponti, Alejandra Rodenas y Miguel Rabbia.
La ley de narcomenudeo, señaló Del Frade, “es para hacer una caja negra para los sectores corruptos de la policía que libera la zona en determinados barrios”.
«Todos los años el Ministerio de Seguridad de la Nación publica estadísticas oficiales sobre la cantidad de delitos que son llevados a la justicia para analizar la violación a la ley de estupefacientes en la Argentina y sigue presentando la cantidad de homicidios vinculados al negocio del narcotráfico. No hace falta crear un organismo que genere las estadísticas porque las mismas ya están. Es importante hablar con seriedad y estudiar lo que estamos haciendo. En cada una de las provincias que adhirieron a la ley de narcomenudeo hubo más asesinatos, más causas vincualdas al narcotráfico, creció el consumo y se poblaron las cárceles de chicas y de chicos pobres”, planteó Del Frade.
El legislador manifestó que «todas las sanciones legales nacionales persiguen al que consume» y ahondó: «Los argumentos dados por el oficialismo para aprobar una ley de narcomenudeo son falsos porque cuando se desarticuló a las bandas de Los Monos y de Alvarado quedó claro que los otros delitos que cometían habilitaban claramente a la justicia provincial y a las fuerzas de seguridad provinciales para trabajar».
“Los argumentos en este proyecto de ley hablan de la alteración del orden público y la ocupación de espacios públicos, que son delitos provinciales. El problema que tenemos es la corrupción que existe en las fuerzas policiales y en las fuerzas del Servicio Penitenciario, donde hay muchos que se suben a un patrullero para cuidar el negocio que vende drogas en lugar de cuidar a la gente del barrio. Este es un problema político”, concluyó.
