El juez Banegas rechazó la acusación contra el imputado de asesinar a Rosalía Jara, pero no lo sobreseyó.

Para el magistrado hay abundantes evidencias contra Juan Valdéz (quien seguirá preso) pero pidió a los acusadores que reformulen la acusación con más precisiones.

Víctima: Rosalía Jara. Tenía 18 años cuando la mataron.

Imputado: Profesor Juan Valdéz. Fue su profesor y amante. Tuvieron una hija que hoy vive con Liliana Jara, madre de Rosalía.

Juez penal: Santiago Banegas.

Fiscal: Gustavo Latorre.

Querellantes en representación de la mamá de la víctima: Aníbal Zupel y Ariel Willambi.

Defensores: Jorge Faisal, Jorge Bedouret y Bárbara Reynoso.

En la audiencia preliminar  que se llevó a cabo el 22 de agosto de 2019 en los tribunales de Vera, el fiscal Gustavo Latorre y los querellantes en nombre de la madre de la víctima solicitaron al juez la apertura del juicio sosteniendo al sospechoso en prisión preventiva; mientras que la defensa le pidió que no eleve el caso a juicio y dicte el sobreseimiento de Juan Valdéz, por ser «incorrecta» la calificación legal de los hechos y por la «carencia de claridad, precisión, circunstanciación y especificidad en el relato de los hechos por los cuales se acusa».

En su decisión, el magistrado sostiene que «asiste razón a la postura acusatoria. No puede dejarse de lado que la fiscalía y la querella cuentan con un importante cúmulo de evidencias para sostener su teoría del caso, según los estándares requeridos en esta etapa del proceso. Es oportuno resaltar -y el propio fiscal lo ha reconocido en la audiencia, en una loable muestra de objetividad, que si bien los acusadores no cuentan con ningún testigo directo del momento mismo en el cual aconteció el hecho o con pruebas científicas que, en forma autosuficiente y aislada, acrediten que Juan Oscar Valdez dio muerte -o al menos retuvo y ocultó, según la acusación alternativa- a Rosalía Daniela Jara, sí cuenta con una gran cantidad de pruebas indiciarias que, a partir de su valoración integrada, les permite plantear un caso con proyección de condena. Debe recordarse que en innumerables precedentes se ha afirmado que es posible sostener una conclusión condenatoria en base a prueba indirecta, en la medida en que los indicios meritados sean unívocos y no anfibológicos y a su vez sean valorados en conjunto y no en forma fragmentaria o aislada. En similar sentido se ha expedido nuestro Máximo Tribunal Federal, para el cual «cuando se trata de una prueba de presunciones, es presupuesto de ella que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, no constituya por si la plena prueba del hecho al que se vinculan -en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de este medio de prueba- y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean ambivalentes». En esta lógica, no encuentra asidero la postura defensiva cuando, a partir de una consideración parcial, superficial y aislada, pretende echar por tierra los innumerables indicios con los que cuenta la acusación, y ello porque para poder descartar esta evidencia indirecta o indiciaria, se requiere realizar una confrontación crítica y simultánea de todos los indicios tomados como un conjunto, no resultando válido el recurso a su supuesta ambivalencia o falta de entidad convictiva que, en forma individual, cada uno de ellos posee.

Por otra parte, esta especial forma de evaluación de la prueba de contexto con la que se cuenta en cualquier caso, cobra especial relevancia en hechos como el presente en el cual -al menos desde la teoría del caso acusatoria- lo que se investiga es la comisión de un delito de género.

En tal sentido, el artículo 16.i de la ley nacional N° 26.845 y provincial N° 13.348, que han venido a reglamentar La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, específicamente consagran el principio de «amplitud probatoria» en este tipo de investigaciones, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes suelen ser sus naturales testigos. Aclara el juez que la disposición bajo comentario no implica en modo alguno flexibilizar los estándares probatorios que se requieren para con~enar -o en el particular- acusar al imputado, sino tener en cuenta las máximas de la experiencia para evaluar en forma consistente Vconcordante la prueba indiciaria o de contexto en su conjunto, a la luz de la sana crftica y de los principios de la recta razón, esto es, de las normas de la lógica, la psicología y de la experiencia común.

Tampoco debe dejarse de lado que la evaluación que en esta etapa se hace del material probatorio ofrecido para la audiencia de debate es sumamente limitada, porque dicha prueba no se produce aquí, sino recién en la
etapa del juicio oral. Es por ello que la doctrina, acertadamente, sostiene que «no son susceptibles de ser planteadas ni decididas objeciones del acto acusatorio que persigan debatir sobre la existencia o no del hecho, la intervención que al imputado se le atribuye, ni ninguna otra cuestión relativa a lo puramente sustancial ni la
insuficiencia de pruebas o la discrepancia sobre el mérito de ellas, pues estas cuestiones serán precisamente materia de incorporación, contradicción y evaluación en el juicio. El control con el propósito de examinar si la acusación es sustentable para justificar la apertura del juicio queda entonces solo limitado al elemento formal de la existencia de fundamentación y mención de los elementos de convicción en que ella se sustenta, con esto se cumple el examen de viabilidad plausible y sustentable de la pretensión para justificar la apertura del juicio».

Recuerda el juez Banegas que la doctrina judicial santafesina se ha expresado en similar sentido al establecer que «para poder definir jurisdiccionalmente la sustancia de una acusación de un modo consistente, el magistrado debería tomar contacto directo con la evidencia, tanto de cargo como de descargo. Sin embargo, careciendo de inmediatez con la misma -atento a que las audiencias de las etapas intermedias resultan mayoritariamente argumentativas, tal tarea resulta imposible o al menos defectuosa, toda vez que solo en el debate se generaría la necesaria información de calidad para resolver acerca de las oposiciones que se formulen contra los requerimientos acusatorios (…) por ello el control acusatorio debe ser predominantemente formal y mínimamente sustancial, en tanto y en cuanto la inexistencia de inmediatez con los elementos convictivos impide (…) que el juez avance mucho más acerca del mérito de la prueba, puesto que solo el fiscal puede proyectar con bastante precisión el rendimiento que puede tener la misma durante el debate por haber pasado ante dicho funcionario la investigación (…) todo lo cual no puede ser suplido por la fundamentación acusatoria escrita ni por la argumentación vertida en la audiencia preliminar». Es por ello que sobre el fiscal pesa el deber de -con objetividad- estimar si cuenta con elementos suficientes para obtener una sentencia condenatoria, acusando en tal caso, como lo ha hecho en el sub-índice, dando sus fundamentos en tal sentido en la audiencia preliminar. Al respecto, Roxin plantea esta cuestión como una facultad- deber del acusador público, en el sentido de que se encuentra en la obligación de acusar cuando existen probabilidades de que un tribunal llegue a una condena con los elementos con los cuales se cuenta, debiendo considerarse «decisivo el propio pronóstico del fiscal, de modo tal que ello dependa exclusivamente de si probablemente, al final del juicio oral, él llegará a requerir una condena». Esto, a su vez, es un derivado lógico del principio de oficiosidad -o legalidad, en palabras del célebre jurista alemán- establecido por el artículo 16 de nuestro Código Procesal Penal, que establece que «Ia fiscalía debe realizar investigaciones cuando existe sospecha de que se ha cometido un hecho punible y, por otra parte, que está obligada a formular acusación cuando después de las investigaciones sigue existiendo esa sospecha vehemente».

Añade que en lo que respecta a este punto, «no entraré en análisis alguno respecto al valor convictivo de los elementos probatorios ofrecidos por los acusadores ya que, conforme a lo manifestado en los parágrafos previos y de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 296 del digesto de rito, esas cuestiones corresponden a otra etapa procesal, bastando aquí con mencionar que lucen como elementos suficientes para permitir el avance de la pretensión acusatoria».

En relación con la supuesta violación de garantías constitucionales del imputadoen el inicio de la investigación planteado por la defensa, el juez concluye que «este intento tampoco puede prosperar toda vez que, aún si se determinare en el momento procesal oportuno que esta declaración se tomó en violación de garantías constitucionales -e insisto, ello recién podrá resolverse con claridad al momento de producirse la prueba durante un eventual debate-, no ha convencido a este magistrado el Dr. Bedouret, pese a su enfática posición, que toda la investigación fiscal se fundamente en esta declaración testimonial cuestionada. Para evaluarse si esto es o no así, debe recurrirse al criterio de la supresión mental hipotética del acto viciado -propio del régimen de exclusiones probatorias, derivado necesario de la «teoría del fruto del árbol venenoso», se suprime el acto viciado y se verifica hipotéticamente si, sin él, en forma racional se arriba al acto regular. En el caso concreto, aun suprimiéndose mentalmente esta entrevista presuntamente viciada, toda la investigación penal preparatoria se mantendría incólume, y prueba de ello es que entre los diversos elementos de convicción que se presentan contra el imputado, ninguno tiene su origen en la entrevista testimonial atacada».

En cuanto a la oposición de la defensa a la calificación legal de los hechos, el defensor Jorge Bedouret sostuvo que el femicidio no ha existido, esa figura «exige que el agresor haya matado a la víctima por ser mujer y que se haya perpetrado el asesinato en un contexto de violencia de género en el que germina la conducta criminal para doblegar y someter a la víctima, esto es, cuando se supera la frontera del amor y se llega a la violencia» y sostuvo que «en toda la investigación no hay ni siquiera una fantasía, una conjetura, que diga que Juan tenía una relación violenta con esa mujer». Exigió «que explique la fiscalía dónde surge esa situación para hablar de violencia de género entre Rosalía y Juan» y que «hay seria doctrina que cuestiona esta figura por la inconstitucionalidad, por la violación al principio de igualdadestablecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional; la conversión en derecho penal de autor, ya que la condición de hombre se transforma en una presunción de culpabilidad o de mayor culpabilidad; la violación del principio de legalidad, ya que todo delito y toda pena deben estar predeterminados en la ley, siendo un elemento esencial en la descripción normativa del tipo (…) La frase ‘mediando violencia de género’ utilizada por los acusadores no cumple con los requerimientos del tipo, porque no se precisa cuál es la participación de Juan».

También el defensor solicitó al juez Banegas que rechace el agravante contenido en el inciso 1° del artículo 80 ya que «la Cámara Nacional de Casación Penal ha dicho en el caso Escobar que la relación de pareja, a fin de ser considerada tal, no es cualquier pareja ocasional, sino aquella basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que comparten un proyecto de vida en común, sean de distinto o del mismo sexo; eso es en definitiva lo que el tipo penal exige… deben excluirse las relaciones ocasionales»; y en consecuencia solicitó Beroudet «que la acusación principal sea calificada como homicidio simple, sin agravantes».

En respuesta a los dichos del defensor, el fiscal manifestó que se cuenta con la declaración de numerosos testigos que dan cuenta de la relación clandestina que existía entre Rosalía Jara y Juan Valdez; en igual sentido se puede mencionar el testimonio de Elisa Lorena Faisal, la cónyuge de Valdez, a quien le reconoció que tenía una relación de pareja con la chica desde hace aproximadamente dos años.

Y reafirmó que «claramente se dan los supuestos de violencia de género», que Juan Valdez mató a Rosalía Jara «por la sencilla razón de que había un hijo en común, había un reclamo de alimentos, le habían iniciado a Rosalía Jara un juicio de impugnación de la paternidad por parte de quien había reconocido voluntariamente a su hija como propia, el Sr. Mansilla. Todas estas cuestiones preocupaban y mucho a Rosalía, porque las notificaciones de dichos procedimientos civiles fueron realizadas en esa fecha. No es tan solo por la circunstancia de que el hecho haya sido cometido por un hombre en perjuicio de una mujer (…) Si la muerte.se produce en un contexto de género y el imputado es un varón, la figura queda enmarcada en el supuesto del inciso 11° del artículo 80 del Código Penal», remarcó en el debate ante el juez en esa misma audiencia preliminar que motiva esta resolución.

En igual sentido el querellante sostuvo que «hay innumerable cantidad de personas que han acreditado la relación sentimental que tenía el imputado con Rosalía Daniela Jara; y respecto a la calificante de femicidio, me pregunto: la falta de atender a las necesidades básicas de la menor que el imputado sabía perfectamente que era su hija, la desigualdad de poder que surgía de ser él un profesor terciario que mantenía una relación con una chica menor, con las condiciones más humildes y vulnerables que pueden existir en la región, si eso no es violencia de género y no configura el supuesto del lnc. 11° del artículo 80, creo que no tenía sentido su incorporación a nuestro código».

A la hora de tomar posición sobre esta discusión, el juez expresó: -«En este punto también habré de dar la razón a la postura acusatoria, en razón de que no es facultad del magistrado interviniente en la audiencia intermedia analizar pormenorizadamente los extremos de la calificación legal escogida por los acusadores, solo en aquellos casos en que se adviertan errores groseros… debiendo en los demás casos dejarse dicho debate para la etapa del juicio oral y público». Aquí el juez recomendó que «no debe olvidarse que en el esquema adversarial el hecho por el cual se acusa y su calificación jurídica constituyen la teoría del caso de la fiscalía y la querella, es una mera hipótesis que será sometida a confirmación o refutación durante el debate oral y público».

La relación de pareja: 

Para el magistrado, «en el caso que se analiza, los acusadores han dado fundamentos válidos del porqué de la calificación jurídica escogida. En lo que respecta a la relación de pareja, existe una ingente cantidad de doctrina y jurisprudencia que avala tanto la postura de la defensa como la de los acusadores y solo será luego de realizarse el examen y contra-examen de los testigos y los alegatos de clausura de las partes en un eventual debate- que se contará con elementos suficientes como para avalar con certeza si debe imperar una u otra tesis. A tal punto no son pacíficas las posiciones doctrinarias y jurisprudencia les sobre el particular, que incluso en muchos fallos de tribunales colegiados se presenta la discusión entre los distintos integrantes de un mismo cuerpo, sin llegarse a un acuerdo».

El femicidio: 

En relación al otro agravante que es el femicidio, el juez sostiene que «asiste razón al querellante cuando sostiene la situación de vulnerabilidad económica de la víctima, plenamente conocida por el imputado y padre de su hija, que se negaba a contribuir con la subsistencia de ésta; todo esto según la teoría del caso propuesta por los acusadores, puede ser considerado, sin forzar en modo alguno los límites de la norma, como violencia de género».

Sugiere recordar el juez que «en el estado actual de la materia se ha comenzado a emplear el vocablo violencia como omnicomprensivo de diversas violencias o formas de manifestación de la misma. En tal sentido, la ley provincial N° 13.348 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en su artículo 4°, define a la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión. que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal».

Añade el magistrado en su resolución sobre la audiencia preliminar que «no existen dudas entonces de que si se probaren en un debate oral y público los extremos sostenidos por los acusadores, el homicidio ocurrido en el marco de una relación desigual de poder basada en la mayor edad, educación formal e ingresos económicos del presunto autor respecto a la víctima y la negación sistemática de aquel en contribuir al sostenimiento de una hija en común, podría subsumirse sin mayores esfuerzos argumentativos la conducta en el tipo previsto por el artículo 80, Inc. 11 del Código Penal. Será entonces en un futuro debate, en caso de arribarse al mismo, donde deberán discutirse estos extremos, tanto desde su faz teórica como desde el sustento probatorio que permita tener por configurada la base fáctica».

Hasta aquí, en el debate que corrresponde a esta instancia, prosperó la posición de los acusadores para llevar el caso a juicio, pero en la continuidad del análisis el juez vio ciertas debilidades, «oscuridad en el relato de los hechos»,  como se lo definió en la audiencia el defensor del profesor Valdéz.

Beroudet señaló al juez que «los hechos no se encuentran puntualmente determinados; ni siquiera han sido mínimamente establecidas las circunstancias en que se efectuaron, ni el modo, ni el lugar. No se encuentran debidamente detalladas las condiciones de tiempo, las condiciones de modo, de lugar del supuesto suceso. Es todo una larga conjetura pero que no describe ni la conducta del imputado, ni el modo o la forma en la que operó… no se precisa dónde muere la víctima… es sumamente oscura la acusación, no se entiende cómo sucedieron los hechos, cómo fueron ocurriendo uno tras otro, como una cadena ininterrumpida, cuál fue la cronología de los hechos… no hay claridad ni precisión… es muy difícil para esta defensa y para el imputado defenderse de una acusación semejante… la fiscalía realiza dos acusaciones diversas después del hallazgo del cuerpo, las cuales son contradictorias entre sí, diversas… ni siquiera tenemos la certeza de que Rosalía haya muerto… Hay dos hechos punibles, independientes, y no se detalla la forma de cada uno de ellos… la sentencia condenatoria debe ser idéntica a la acusación en cuanto a los elementos esenciales capaces de influir sobre la culpabilidad del acusado; por eso no se puede llegar a una sentencia condenatoria con estos elementos… tiene que haber una relación entre los hechos que se imputan, la acusación y la sentencia, porque el imputado debe defenderse a partir de la imputación, y lo que yo discuto es que la imputación es absolutamente deficiente, y consecuentemente toda la acusación… la acusación debe mantener los elementos que el imputado pueda utilizar para defenderse… que me aclaren de qué debo defender al imputado, si es de la segunda acusación, está bien, lo defiendo de eso… la acusación no tiene el contenido material que debe tener una acusación; habrá que rechazarla y reformularla».

En apoyo de lo referido por el Dr. Bedouret, su ayudante, la abogada Reynoso, introdujo por lectura ciertos párrafos del hecho atribuido, según consta en la acusación, resaltando que la misma expresa que «sin poder precisar día y hora, Juan Valdez la buscó a Rosalía, quien se subió a su automóvil y se retiraron del lugar, no pudiendo precisar en qué dirección. Posteriormente le hace apagar o le apaga el teléfono celular y posteriormente, sin poder precisar el modo ni el lugar, con dolo homicida, sesgó la vida de Rosalía Daniela Jara (…Y, concluye la defensora técnica del imputado sosteniendo que «(…) las dos acusaciones son contradictorias porque por un lado, en la segunda acusación dice que la llevó al campo de propiedad del Sr. Antonio Braida que queda a la altura del kilómetro 34 de la Ruta Nacional N° 98, pero en la acusación previa dice que la trasladó cinco kilómetros por la Ruta 40, por lo que estamos hablando de dos hechos totalmente diferentes, que no guardan relación uno con el otro».

En respuesta a ello el fiscal sostuvo que «no existe vaguedad en la imputación de los hechos… se encuentran detalladas todas y cada una de las circunstancias en las que se produjeron los hechos que se le atribuyen a Valdez… no es cierto que no se puedan determinar las cuestiones de modo, lugar y tiempo, eso no es así. Respecto al lugar y tiempo, está claramente establecido, justamente en base a las evidencias presentadas en el escrito de acusación. Con respecto a las dos acusaciones que se dice que son contradictorias, esto de ninguna manera es así: la fiscalía atribuyó en un primer momento la comisión del delito de retención y ocultamiento de una persona para obligar a hacer algo en contra de su voluntad; esa fue la primera imputación que se hizo, porque hasta ese momento no habían aparecido los restos óseos encontrados en el campo del Sr. Braida. Cuando aparecieron los restos y el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó el estudio correspondiente y determinó que el cuerpo pertenecía a Rosalía Jara, allí fue donde la fiscalía decidió acusar por el delito de homicidio, y no hay ningún tipo de contradicción porque si se presta atención, la primera parte de los hechos se corresponden, son prácticamente iguales, lo que varía es el resultado final; el encuentro de los restos óseos y’el resultado del Equipo Argentino de Antropología Forense es lo que nos llevó a hacer una nueva imputación conforme al artículo 281, por el delito de homicidio, de ninguna manera las imputaciones son contradictorias», sostuvo Gustavo Latorre, quien explicó que «la acusación alternativa que permite el artículo 295 del Código Procesal Penal se hace justamente para que -en el caso de que no se pueda determinar que efectivamente Valdez fue quien causó la muerte de Rosalía Jara de lo cual la fiscalía está convencida- queda la otra acusación. Por supuesto que las acusaciones pueden ser distintas y pueden variar determinadas cuestiones de hecho, como lo ha manifestado la defensa del Sr. Valdez, pero se debe tener en cuenta una cuestión: la acusación originaria fue realizada el 17 de julio del año 2017, mientras que la nueva imputativa fue realizada un año después, con todo el trabajo de la investigación penal preparatoria y que se ha llegado a esa conclusión».

En idéntico sentido, el querellante manifestó que «no es cierto que no estén adecuadamente determinadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar y que los hechos no sean claros y precisos… no hay ningún tipo de contradicción entre las acusaciones».

Respecto a este punto del debate, el juez dijo: «deberé inclinarme por la tesis defensiva , toda vez que la relación de los hechos formulada por los acusadores carece de la claridad, precisión, circunstanciación y especificidad que expresamente demanda el inciso 2° del artículo 295 del Código Procesal Penal. En tal sentido, claro es aquello que resulta «inteligible, fácil de comprender»; preciso es todo aquello «perceptible de manera clara y nítida», «realizado de forma certera», «conciso, riguroso», lo conocido con certeza y sin vaguedad»; circunstanciado implica aquello referido o explicado con toda menudencia, sin omitir ninguna circunstancia o particularidad’; específico es algo «concreto, preciso, determinado. Ninguno de estos adjetivos puede predicarse sobre los hechos atribuidos y esto surge de la mera lectura de los mismos, toda vez que entre el primero y el segundo hecho descriptos existen sensibles diferencias que atinadamente remarcó en su presentación la Dra. Reynoso y que el fiscal reconoció en oportunidad de responder, sosteniendo que las mismas obedecen a las variaciones de la plataforma fáctica surgidas con el correr de la investigación. Aun siendo esto perfectamente atendible, toda vez que es natural que en el curso de la investigación penal preparatoria se puedan producir cambios en la imputación original -y así lo prevé el artículo 281 de la ley formal, no se entiende por qué al momento de formular acusación, tanto el fiscal como la querella mantuvieron la redacción de la imputación primigenia e introdujeron agregados contradictorios mediante un segundo relato de los hechos, coincidente en algunos tramos pero disímil en otros, en lugar de formular un único relato claro, preciso, circunstanciado y específico, como exige la norma. Se obliga al imputado, a su defensa técnica y al magistrado que eventualmente deba resolver sobre el fondo del asunto, a realizar una serie de inferencias y conjeturas para adecuar ambos relatos, lo cual no puede ser admitido a esta altura del proceso, cuando los acusadores entienden contar –y así lo han fundado- con elementos suficientes para obtener una sentencia condenatoria».

Añade la resolución del magistrado que «si quien suscribe adoptase una actitud en exceso laxa respecto a este particular, la suerte de la pretensión acusatoria intentada no mejora al analizarse otros extremos del relato de los hechos: ni de la redacción originaria ni de la ampliación surgen elementos fundamentales del tipo objetivo y subjetivo, tanto en lo que respecta a la acusación principal como a la alternativa. En lo que refiere a la primera de ellas, no surgen cuestiones tan centrales para la teoría del caso de los acusadores como la violencia de género por la cual se recurre al tipo calificado. Es cierto que en su alocución el querellante explicó este particular y que a lo largo del escrito acusatorio se presentan diversos fundamentos para ello, pero los mismos no se describen en el relato del o de los hechos, parte fundamental de la pieza procesal. En lo que hace a la acusación alternativa, sucede algo semejante: en ningún momento se establece por qué se escoge la calificante del inciso 2° del artículo 142 bis del Código Penal. Nuevamente una tarea de inferencias y suposiciones permitiría descartar el hecho de que la víctima sea ascendiente, hermana o cónyuge del imputado; y si se recurre al acápite rotulado «Acusación alternativa» del escrito acusatorio, podría entenderse que la selección de la agravante obedece a que Valdez mantenía con Jara una «relación clandestina». Ahora bien, debe tenerse en cuenta que -a diferencia de lo que establece el inciso 1° del artículo 80 que refiere a la «relación de pareja, mediare o no convivencia»- el tipo tratado en el artículo 142 bis, inciso 2°», específicamente exige la calidad de conviviente entre autor y víctima, no bastando con la existencia de una mera relación sexual o amorosa, más allá de su continuidad en el tiempo. Así las cosas, intentando forzar aún más una interpretación coherente de los hechos por los cuales se acusa con la calificación jurídica escogida y la pena requerida recurriendo al principio jura navit curia, podría entenderse que los acusadores en realidad no quisieron referir al inciso 2° del artículo 142 bis -cuyos presupuestos fácticos claramente no se dan-, sino al párrafo 2°, que establece idéntica pena máxima cuando del hecho resultara la muerte de la persona ofendida, como consecuencia no querida por el autor. El problema de esta interpretación es que se provocaría una insalvable contradicción con la acusación principal porque implicaría, a través de la descripción de una única plataforma fáctica, acusar alternativamente por un delito doloso y otro culposo o preterintencional -según la doctrina que se siga en la interpretación del mencionado artículo-, Asimismo, colisionaría con lo expresado en su escrito acusatorio por el fiscal cuando expresa, respecto a la acusación alternativa, que «se reiteran (..,) los argumentos vertidos en los puntos anteriores, excepto todos aquellos que estén directamente relacionados con el hallazgo de los restos óseos».

Reconoce el juez que  «no puede requerírsele a los acusadores en esta etapa que su argumentación sea constringente (en el sentido de que sea de tal naturaleza que no deje otro camino a la razón, que ser compelida hacia la tesis propuesta) ni unívoca, puesto que estos requisitos recién podrán ser exigidos si al momento de formular sus alegatos de clausura, luego de meritar la prueba ya producida en el debate, insisten en su solicitud condenatoria; pero sí puede -y debe- exigírseles que su acusación no sea autocontradictoria y que sus propios argumentos no se destruyan entre sí.Entiéndase bien que esto no empece la posibilidad de realizar acusaciones alternativas (facultad expresamente concedida al fiscal y al querellante por el artículo 295 del Código Procesal Penal), ya sea por hechos compatibles entre sí o infuso por hechos que sean mutuamente excluyentes (v. gr. es perfectamente válido acusar alternativamente por homicidio culposo y cometido con dolo eventual, donde existen elementos del tipo objetivo comunes pero subjetivos mutuamente excluyentes). Ahora bien, si desea hacer uso de dicha facultad, necesariamente deberá detallarse, con toda claridad y sin lugar a equívocos, si se acusa sobre una única base fáctica con dos o más calificaciones jurídicas alternativas diversas o si, por el contrario, se acusa por diversos hechos, en forma alternativa, y cada uno subsumido en una figura penal diferente. Nada de esto surge palmariamente en la descripción de los hechos de esta acusación, que constituye un galimatías auto-contradictorio y confuso, según el propio fiscal reconoció; situación que, insisto, pudo haber sido salvada con una relación clara y precisa del -o de los- hechos en la acusación, que puede realizarse sin requerirse -en principio, al menos- la celebración de una nueva audiencia imputativa a tal fin».

Recordó el juez que «debe tenerse presente que la postulación del hecho se erige como la pieza central del escrito acusatorio, porque será a través de ella que se marcará claramente la hoja de ruta sobre la cual el imputado podrá defenderse y respecto a la cual el tribunal de juicio -si se llegare a esa etapa- fallará en virtud del principio de congruencia, que resulta basal para ejercer debidamente el derecho constitucional de defensa en juicio (arts. 333 -inc. 1°, última parte- y 335 del Código Procesal Penal; 18 de la Constitución Nacional; 8.2c de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 14.1.b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Nuestro Cimero Tribunal Federal ha dicho que «el principio de congruencia exige mantener incólume el razonamiento por el cual a un hecho determinado le corresponde una consecuencia jurídica determinada», por lo tanto, se requiere identidad del juicio de subsunción entre la acusación y la sentencia, por lo que, además de los mismos elementos fácticos considerados relevantes desde el punto de vista normativo, debe mantenerse idéntica posición de cada uno de estos elementos en la estructura de la imputación. Esto no implica en modo alguno -permítaseme insistir- que el fiscal no pueda variar una o más veces la atribución de hechos o su calificación jurídica a lo largo de la investigación -siempre y cuando, huelga decirlo, pueda seguirse un hilo conductor de las diferentes imputaciones-, pero siempre que decida proceder en tal sentido y posteriormente acuse, deberá fijar claramente, en ese momento, los presupuestos fácticos y jurídicos de los cuales deberá defenderse el imputado».

Conforme a lo expresado, la descripción de los hechos en el libelo acusatorio, para cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 295, inciso, 2° de la norma formal, debe permitir que, sin necesidad de recurrir a inferencias, conjeturas o citas a una y otra parte de la misma pieza procesal, se puedan apreciar en forma sucinta y no ambivalente todos y cada uno de los elementos subjetivos y objetivos del o de los tipos penales imputados, con clara -no contradictoria identificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales acaeció el hecho endilgado. Sobre este particular, es necesario precisar dos cuestiones:  En lo atinente al modo de comisión, la situación resulta un tanto particular, sobre todo en casos como el presente, en el cual el autor -Valdez o cualquier otro, eso deberá determinarse, eventualmente, en un juicio oral y público- ha realizado ingentes esfuerzos -según la teoría del caso de la acusación- para procurar su impunidad mediante elocultamiento del cadáver lo cual lógicamente conspira contra las posibilidades de establecer puntillosamente la forma en la cual se produjo el deceso de la víctima. En este sentido, diversos fallos a lo largo y ancho del país han sostenido la posibilidad de condenar a un imputado por homicidio aun en caso de que nunca se halle el cuerpo  (a partir del señero precedente en el caso «Bru» del año 1993, resuelto en 1999 por la Cámara de Apelación Penal de La Plata y seguido, entre otros, por el reciente fallo en el célebre caso «Maira Benítez, resuelto durante el año en curso por la Tribunal de la Cámara en lo Criminal de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Chaco), siempre que los indicios y restantes pruebas de contexto en su contra sean contundentes, conforme ya he referido en parágrafos anteriores y a lo cual me remito en honor a la brevedad. Todo ello permite ser un poco más contemplativos -al menos en esta etapa- con la acusación. Ahora bien, debe tomarse con mayor estrictez la cuestión relativa al tiempo y al lugar. Obviamente no puede exigirse un detalle absurdo de minutos y segundos -en lo referente al tiempo- ni de metros -en lo atinente del lugar-, pero sí al menos límites relativamente acotados que permitan recortar el hecho atribuido de la totalidad del tiempo y espacio. Ese límite no puede establecerse de antemano: quizás en una imputación por abusos sexuales reiterados en perjuicio de una niña bastará para dar por cumplimentado el requisito de tiempo, referir a que los mismos ocurrieron en repetidas ocasiones entre los cuatro y los doce años de la menor, pero ese umbral de ocho años muy difícilmente satisfará el requisito de determinación temporal en un delito de robo, por ejemplo. En el caso que nos convoca, no puede requerírseles a los acusadores que determinen con absoluta certeza la hora o el lugar donde ocurrió el hecho muerte pero al menos deben establecerse un margen lo más acotado posible.  Esto no se consigue a través de expresiones como (… ) sin poder precisar día y hora, pero luego de las 22.20 del día 1° de julio de 2017 (…) Tampoco puede pedírseles que con toda precisión establezcan hacia dónde se dirigió el imputado con su vehículo luego de encontrarse con la víctima, pero si deciden introducir estos detalles en su relato, claramente deberán evitar palmarias contradicciones como sostener, simultáneamente, en dos relatos que supuestamente son complementarios, que Valdez trasladó a Jara «unos cinco kilómetros aproximadamente por la ruta 40, a unos 600 metros del bañadero del inmueble rural de ‘Tanino’, a mano izquierda con sentido al Arroyo Golondrina», pero a su vez que una vez que la víctima subió al vehículo «se retiraron del lugar, no pudiendo precisar en qué dirección».

Juzga el Dr. Banegas que «todo lo expresado en los considerandos precedentes permite traslucir una evidente oscuridad en la descripción de la plataforma fáctica, lo cual implica un incumplimiento del requisito sustancial del artículo 295, inciso 2° del Código Procesal Penal, que necesariamente deberá subsanarse si los acusadores pretenden el avance del proceso a la siguiente etapa.  Y esta subsanación en modo alguno puede realizarla quien suscribe toda vez que, si bien el referido artículo le «otorga al juez de la investigación penal preparatoria, por primera y única vez, el control de la acción penal en punto a su contenido y oportunidad (…) concediéndole la facultad de fijar los hechos que van a ventilarse durante el debate, pudiendo recortar en todo o en parte, las pretensiones del o de los actores penales (…) no puede ‘introducir’ hechos o transformarlos en otros».

Aclara el magistrado que «lo dicho precedentemente no es óbice para que los acusadores, en caso de que así lo estimen conveniente, reformulen su acusación. Esto no colisiona en modo alguno con los principios de progresividad y preclusión porque justamente lo que está en discusión durante la etapa intermedia es si se clausura o no la investigación penal preparatoria, la cual de momento permanece abierta.  Por otra parte, este criterio es plenamente conteste con lo expresamente solicitado por el defensor técnico del imputado, quien con acierto expresó que lo que corresponde es «rechazar la acusación y reformularla».

 

Juan Valdéz sigue imputado, no hay sobreseimiento. 

«Huelga decirlo pero tampoco importa lo referido en los parágrafos que anteceden dictar el sobreseimiento del imputado. Si bien dicha cuestión no fue fundada oralmente por los defensores técnicos en la audiencia preliminar y por lo tanto este magistrado podría omitir toda referencia al respecto, sí fue mencionada en su exposición por el Sr. Fiscal -objetando la pretensión efectuada por la defensa en su escrito de responde- y en razón de ello entiendo atinado realizar algunas breves consideraciones sobre el asunto:

El Código Procesal Penal, en su artículo 303, inciso 4°, subordina el dictado del sobreseimiento a la concurrencia de los «presupuestos necesarios», que no son otros que los previstos en el artículo 289, inciso 1°, al cual reenvía el artículo 306 del mismo cuerpo normativo. En tal sentido debe comprobarse la existencia de una de las causales extintivas del ejercicio de la acción penal, las cuales se encuentran expresamente establecidas en el digesto punitivo en sus artículos 59 -muerte del imputado, amnistía, prescripción, renuncia del ofendido en el caso de delitos de Instancia privada, aplicación ,de un criterio de oportunidad, conciliación o reparación del perjuicio o el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión del proceso a prueba-, 64 -la oblación voluntaria del mínimo o el máximo de la multa, según la etapa del proceso en la que se efectivice- o 68 -indulto dictado antes de la sentencia condenatoria-; u de otra de carácter también perentorio -v. gr., la excepción de cosa juzgada-. En el caso de que ninguna de estas causales se presenten -como ocurre en el sub examine-, solo podrá dictarse el sobreseimiento cuando resulte evidente -según establece el referido artículo en sus incisos 2° y 3°- que el hecho investigado no se cometió o no encuadra en una figura penal; o que el delito no ha sido cometido por el imputado o media una causal de justificación, inimputabilidad, ‘inculpabilidad o excusa absolutoria. Desde una perspectiva netamente semántica, evidente es todo aquello que resulta «cierto, claro, patente y sin la menor duda». Ya desde una aproximación más jurídica, la «cualidad de lo evidente se logra racionalmente con un material de conocimiento que no deja lugar a incertidumbre sobre la verdad de la conclusión. La evidencia lleva a la posibilidad de un acertamiento racional por cualquier persona que (…) tenga acceso al objeto de percepción. Que la conclusión pueda ser patrimonio de todas ellas, es decir su universalidad, es uno de los datos que diferencia lo evidente de lo notorio».

 

Juan Valdéz sigue bajo sospecha

«Extrapolando lo antedicho a la presente investigación penal preparatoria, difícilmente pueda predicarse la cualidad de «evidente» de la no ocurrencia del hecho investigado o de la ajenidad de Valdez con el mismo, toda vez que, si bien legítimamente puede cuestionarse el valor convictivo del material probatorio adunado por la fiscalía y la querella para obtener una sentencia condenatoria –y eso será cuestión propia de dilucidarse, eventualmente, en un debate oral y público si la presente causa arriba en algún momento a dicha instancia-, la prueba de descargo con la que se cuenta tampoco permite arribar a la «certeza negativa» respecto a la ocurrencia del hecho o a la participación punible del imputado en el mismo. Teniendo en cuenta lo antedicho, resultaría» inconducente realizar cualquier consideración atinente a tres de los restantes tópicos cuyo análisis me dispuse a efectuar inicialmente (admisión y rechazo de medios de -prueba ofrecidos para el debate, constitución del tribunal y cuestiones relativas al auto de apertura de juicio) y por ello me abstendré ex profeso de hacerlo, en la inteligencia de que los jueces no están obligados a tratar todos los argumentos utilizados por las partes, sino sólo aquellos que estimen decisivos para la solución del caso» (CSJN, Fallos, 301:970; 303:275, etc.), habida cuenta de que, conforme a las disquisiciones precedentes, no he de hacer lugar a la apertura del juicio solicitada por el Ministerio Público de la Acusación y por la parte querellante».

 

Es razonable y proporcional que el sospechoso continúe en prisión preventiva

Para el juez Santiago Banegas, la prisión preventiva del profesor Juan Valdéz «sigue luciendo razonable y proporcional en base a lo debatido en la audiencia celebrada el día 02 de julio del año en curso, cuyos presupuestos fácticos y jurídicos no han variado, remitiéndome en mérito a la brevedad a los argumentos allí vertidos por quien suscribe en la resolución dictada in voce durante el mismo acto, sin perjuicio -huelga decirlo- de las facultades de solicitud de revisión que el artículo 225 de la norma formal otorga a los defensores técnicos del imputado».

«Por lo expuesto, en base a las disquisiciones de hecho y derecho vertidas en los parágrafos precedentes, y conforme a lo normado por el art, 303 del Código Procesal Penal,

RESUELVO:

1- Rechazar las acusaciones presentadas por el Ministerio Público de la Acusación y por la parte querellante contra el Sr. Juan Oscar Valdez, demás datos obrantes en autos, sin perjuicio de la facultad de los referidos litigantes de reformularlas, si estimaran que se encuentran reunidas las condiciones previstas en el artículo 294 del Código Procesal Penal.

2- Mantener la medida cautelar oportunamente dispuesta sobre el imputado, por todo el tiempo que dure el proceso, sin perjuicio de las facultades que el artículo 225 del digesto adjetivo les confiere a sus defensores técnicos.

3- Tener presente la reserva de recursos formulada por los defensores técnicos del imputado, para su oportunidad y si correspondiere.

Protocolícese el original. agréguese la copia y notifíquese.

Desarrollo de la noticia: Gustavo Raffin – ReconquistaHOY.com

 

Más de 2 años preso sin juicio

El Poder Judicial mantiene preso al profesor Juan Valdéz desde el 20 de Julio de 2017. Si para el mismo mes de 2020 no está condenado, deberán liberarlo inmediátamente porque ya se habrán vencido todos los plazos. El juicio se demorará aún más de lo que pensaban en el Ministerio Público de la Acusación ya que deberán reformular la acusación; y aún es incierta su realización.

La defensa insistirá con pedir su sobreseimiento.

Valdéz tiene 39 años y siempre se manifestó inocente. Es padre de una nena que nació de su relación con Rosalía Jara.

Rosalía fue asesinada. La vieron con vida por última vez en la noche del 01 de julio de 2017 en un bar de Fortín Olmos. 

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