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Por el caso, la empresa de energía despidió en las últimas semanas a tres empleados. Desde la Justicia estiman que la banda operaba desde 2012 y permitía a los «clientes» reducir el costo a un índice cinco veces menor al que consumían regularmente.
La compleja investigación administrativa y judicial de la denominada “EPE paralela” por los fraudes con adulteración de medidores de luz y conexiones clandestinas, desembocó en las últimas semanas en el despido de tres empleados de la compañía estatal, y la detención de otras tres personas en el marco de varios allanamientos ordenados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). En al menos dos causas hay 55 personas bajo proceso penal entre ex empleados, electricistas y usuarios que requirieron un “retoque” en el medidor. Estiman que la banda operaba desde 2012 y cobraba entre 5.000 y 27.000 pesos por los trabajos en viviendas particulares y comercios. En algunos casos habían establecido un sistema de canon o “abono mensual” para sostener el negocio ilícito.
El accionar de la banda de empleados y ex empleados de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) quedó al descubierto a fines de 2018 en el marco de una investigación de la Fiscalía de Imputados No Individualizados y la Brigada Operacional Delegación Tribunales de Rosario. Las actuaciones se judicializaron a partir de una denuncia que presentaron las propias autoridades de la EPE. Es que dentro de la compañía se inició un investigación interna con datos anónimos que ponía bajo la lupa empleados que podrían estar involucrados en las maniobras.
¿Qué hacía la banda? Lo que medio o casi todo Santa Fe sabe desde hace años. Se dedicaba a retocar medidores de consumo de energía para reducir la facturación, y para ello realizan conexiones clandestinas directas. Casas, comercios, negocios. Todo aquel que requiriera del servicio y tuviera “el” contacto para llegar a algunos de los integrantes de la banda, luego lo vería reflejado en una ostensible merma en los watts del medidor.
La investigación que en un primer momento estuvo a cargo de la Fiscalía NN se basó principalmente en las intervenciones telefónicas y escuchas que captaron conversaciones entre los sospechosos y las personas que solicitaban los trabajos. Más adelante se transcribe la charla entre algunos de los integrantes de la banda, que por los términos e información que en las que se dan, se desprende que algunos son empleados de la EPE con potestad para dirigir inspecciones o intervenciones de los medidores.
Las elocuentes escuchas
Estas son algunas de las escuchas que forman parte de la investigación que logró desbaratar parte de la banda que integraba la denominada “EPE paralela”.
–”Tengo un medidor digital que es trifásico, eso es lo que tengo. Patri me dijo que vos hacías el trabajo digamos, y que me lo acomodabas al porcentaje de consumo que yo, por ahí, quería. Una cosa así”.
Otra conversación entre integrantes del grupo delictivo saca a la luz el modus operandi
_”No sé qué número arreglaste vos con él. Porque dice que vos le dijiste que son seis lucas (seis mil pesos) cada uno”.
_“Yo no le di precio nunca”
_“Por eso, si siempre le cobramos, viste, eran nueve lucas, entre los super (supermercados). Todos, los chinos. Eran nueve lucas, que en realidad hubieran sido 10.000. Le dije la otra vez diez viste, y se hizo el boludo. Me siguió pagando siempre nueve.
_”Y no le dije nada, está bien, nueve».
_”Por eso, la parrilla (restaurante) es como cualquier súper de eso, su gasta más o menos lo mismo. Son nueve lucas”.
_“Sí, aunque la hagas algo menos tampoco es tanta la diferencia”.
_“Sí, por eso, seis lucas…no existe un trabajo de seis lucas”
_”Si te llega preguntas dicele que el negocio son nueve o diez lucas. Y después una casa, se ve, la casa que se yo, más o menos,calculale cuatro lucas, cinco lucas. Menos de esa plata no se puede cobrar”.
_”Menos de cinco ni vale la pena porque el trabajo es el mismo”.
_”Si, si, el trabajo es el mismo, pero viste, por ahí menos, pero por ahí para no perderlo vamos a agarrarlo. Pero tampoco vamo a hacerlo por mil pesos. Ni para la nafta”.
En otra escucha, una comerciante que se deduce es de origen chino habla con uno de los operarios encargados de la adulteración del medidor, quien le pide que deje cajones en la vereda para disimular o tapar cuando realizan el trabajo.
_”Hola”
_”Si”
_”Escuchame. Tes y media cuatro menos cuarto va a ir dos compañeros míos. Yo no voy, yo después paso a la noche. Van a ir y te van a hacer el trabajo así podés abrir tranquilamente”.
_”Bueno. ¿Me van a llamar o va a ser así…”
_No. Lo que yo te pido es que vos le dejes, igual que hizo tu compañero, tu paisano ahí en Rondeau (una avenida de Rosario), que me dejes quince cajones, quince cajones de gaseosa o cerveza, lo que tengas, porque eso lo usan ellos para tapar, sabés”.
_”Ah, listo. Ahora le pregunto a mi primo cómo es, eh”.
_”Si, si, dejale…dejale más o menos quince cajones afuera, a las tres y media cuatro menos cuarto. Tenelos preparados así ellos lo arman ahí afuera. Y vos no salgas afuera, dejalos que ellos trabajen. Y hacen el trabajo tranquilo ¿sabés?”.
Las intervenciones telefónicas fueron claves, y a partir de esas evidencias, otras de campo y documental permitieron se pudo conectar los delitos con sus autores. Por eso en noviembre de 2018 la Fiscalía ordenó varios allanamientos cuyo resultado arrojó la detención de ocho personas, entre los que había ex empleados jerárquicos y del área técnica y administrativa de la EPE, ciudadanos y usuarios que se valieron del servicio. Al día siguiente se entregó otro sospechoso que estaba prófugo y quedó vinculado al expediente.
Con los autores identificados, la investigación fue girada a la fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio Valeria Haurigot. A mediados de noviembre de 2018 la funcionaria imputó a las nueve personas por la defraudación. Aunque la jueza Silvia Castelli aceptó la calificación legal, no hizo lugar al pedido de prisión preventiva efectiva y ordenó la libertad bajo fianza y reglas de conducta.
Empleados infieles y connivencia
En ese momento, Haurigot dio precisiones de la mecánica y características del caso, con lo cual pudo avanzar en la imputación de nueve hechos. Según los datos colectados, se cree que la organización funcionaba desde 2012, con conexiones clandestinas y medidores fraguados a “clientes” a los que les solicitaban entre 5 mil y 27 mil pesos para brindar un servicio, que igualmente sostenían con “un bono” mensual, a modo de “mantenimiento”.
La organización tenía roles definidos, con cabecillas que contactaban a los interesados, otros que hacían los trabajos de calle y, como se advierte en las intervenciones telefónicas, quienes direccionaban órdenes de trabajo o inspecciones.
“Muchas de esas operaciones conllevan un riesgo enorme y no se podían hacer si no se cuenta con personal habilitado para cortar la luz de la cuadra”, indicó la fiscal sobre las supuestas infidelidades o complicidades de empleados activos de la EPE. “Requería, necesariamente, por más que fueran electricistas, que hubiera connivencia de estos empleados, que son del área subterránea, para que cortaran la energía y no terminaran todos electrocutados”, graficó Haurigot. Entre los imputados figuran ex empleados, jefes de cuadrilla y del departamento administrativo.
Más de 50 implicados
Según pudo confirmar Aire Digital la pesquisa ya tiene 55 imputados. Además de los integrantes de la “EPE paralela” también figuran aquellos clientes que se corrompieron ante la oferta, y afrontan cargos, en libertad, como coautores del delito de “estafa agravada”. Se trata dueños de casas particulares, algunas residenciales, de locales comerciales, de supermercados chinos, fábricas de plásticos, de zapatos y hasta de un frigorífico.
La carpeta judicial está en etapa de análisis para consolidar las acusaciones con vistas al juicio oral y público. En ese sentido la fiscal hizo una distinción respecto a aquellos clientes implicados. Si bien se sabe que cometieron un delito, Haurigot aclaró que tendrá en cuenta ciertos matices.
“No es lo mismo un jubilado que atraviesa una situación apremiante porque no puede hacer frente al pago de la factura, que un cliente residencial, un comerciante o el dueño de una pequeña fábrica, que cuentan con recursos. Antes de elevar la requisitoria a juicio vamos a evaluar caso por caso y las circunstancias particulares de cada uno”, explicó la fiscal ante una consulta de Aire Digital.
Esa investigación tuvo una novedad hace dos semanas, cuando la EPE anunció oficialmente que había resuelto despedir a tres empleados infieles envueltos en el escándalo de la “EPE paralela”. Esa resolución se tomó luego de agotar los procesos administrativos de instrucción de sumarios internos.
En ese sentido, presidente de la EPE, Maximiliano Neri, fue contundente. “Prometimos que el que las hace las paga. Fueron desvinculados tres agentes de la empresa. Seguimos investigando a través de la unidad de investigación que creamos a tal fin. Además, vamos a colaborar para que todos los involucrados que no son personal de la empresa asuman las consecuencias legales, ya que también participaron del fraude.
Y recalcó que igualmente la investigación interna sigue activa en busca de los responsables de los fraudes. “El fraude a nuestra empresa es el flagelo más grande, necesitamos que la gente entienda lo grave de esta estafa, y que los involucrados afronten las severas consecuencias. Vamos a seguir investigando para encontrar a todos los que hayan participado de este delito”.
Desde la EPE indicaron que si bien estas maniobras se hicieron visibles en Rosario, en la ciudad de Santa Fe también se reciben gran cantidad de denuncias relacionadas a vecinos que adulteran medidores. Sin embargo, los datos acopiados en la capital de la provincial no permiten aún individualizar a las sospechosos de retocar los dispositivos. “Tenemos muchas denuncias e incluso se realizan semanalmente procedimientos antifraude, pero cuesta detectar a los autores”, indicaron a Aire Digital voceros de la compañía.
Cayó “Bichito de Luz”
No se trata del simpático insecto que ilumina los jardines en las noches. «Bichito de luz» es una persona, un hombre de carne y hueso con habilidades técnicas que, al decir de la calle y algunos grandes clientes que apelaron a sus “servicios” se movía con total impunidad y tenía montado un negocio rentable en torno a la adulteración de medidores de energía eléctrica, incluso de gas.
La semana pasada cayó detenido junto a otras dos personas. Le empezaron a seguir los pasos luego de una denuncia anónima que llegó en marzo de 2019 la presidencia del directorio de la EPE. Allí se especificaba que existía un electricista de nombre Marcelo, que adulteraba los medidores de energía eléctrica de la EPE, también de Litoral Gas. En la denuncia se detallaba el número de teléfono que usaba para comunicarse con sus clientes. El dato fue fue puesto a disposición de la Unidad de Investigaciones para que radicara la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Las actuaciones quedaron en manos de la Brigada Operacional Delegación Tribunales, a cargo de la subdirectora Jorgelina Llopart, quien desplegó una exhaustiva investigación que incluyó intervenciones telefónicas, tareas de campo, análisis de consumos de energía eléctrica, titularidad de los potenciales “clientes”. Así se detectó que “Marcelo” intervino los medidos de 15 domicilios, entre los que se contabilizaron supermercados, una fábrica de pastas, una rotisería, varias oficinas y numerosos domicilios particulares de Rosario, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Funes y Arroyo Seco.
Además, al ser allanado el domicilio del electricista se encontraron dos escopetas, un revólver y una cantidad importante de municiones de diverso calibre, 100 mil pesos en efectivo y dólares estadounidenses. También llamó la atención el secuestró un uniforme fuera de vigencia con el isologo viejo de la EPE, un medidor de energía en el vehículo de uno de los detenidos, pinzas amperométricas, una caja de herramientas, una soldadora de estaño, varios integradores de medidores y elementos de trabajo manual.
De acuerdo a las evaluaciones técnicas los “clientes” del electricista habían reducido el costo a un índice 5 veces menor al que consumían regularmente, en su mayoría tratándose de usuarios con un perfil de alto poder adquisitivo.
La fiscal Haurigot le imputó a Marcelo M. 17 hechos de estafa agravada por adulterar los medidores de la EPE y de Litoral Gas entre el 6 de mayo y el 13 de noviembre de 2019. También le endilgaron tenencia ilegal de las armas de fuego. Otros dos hombres que estaba en el domicilio quedaron imputados pero sólo por la tenencia de las armas.
La jueza de primera Instancia, Silvia Castelli, tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dictó la prisión preventiva por el plazo de ley para Marcelo M. En tanto Daniel M. y Miguel M. obtuvieron la libertad con firma quincenal en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). Tienen prohibido salir del país y tener armas de fuego. Además se les fijó una caución de 10.000 pesos a cada imputado.
