El fiscal regional, doctor Rubén Martínez se convirtió en el abanderado contra los juegos clandestinos

La investigación corresponde a los colegas de Aire Santa Fe. Gracias.-

Con la caída de seis bandas en Reconquista, la facturación de las agencias legales se duplicó en esa zona, el doctor Rubén Martínez, fiscal regional con asiento en la ciudad cabecera del departamento General Obligado, viene llevando a cabo una seria y profunda investigación sobre ésta actividad clandestina, desde hace varios meses, acompañados por integrantes de la PDI, que dio sus frutos en el mes de noviembre del 2.019, cuando a partir de varios allanamientos solicitados por el integrante del MPA, detuvieron a los principales banqueros de los juegos clandestinos y secuestraron una importante cantidad de dinero proveniente de dichas acciones ilícitas;   se sabe además que las investigaciones continúan y se extenderán al resto del territorio, ya que no solo cuentan con los datos precisos, sino que tienen las pruebas necesarias para detener a más banqueros de los juegos clandestinos.

Los datos son abrumadores: desde que el 5 de noviembre del año pasado la Justicia desarticuló seis bandas de juego clandestino que operaban en Reconquista y la región, las agencias oficiales de la zona duplicaron sus ingresos. Es decir que, al menos, la mitad del juego se realizaba de manera ilegal.

Según datos de Lotería de Santa Fe, en octubre de 2019 las agencias oficiales de Reconquista y la región facturaron 16.166.297 pesos. Pero en noviembre, con las bandas clandestinas en caída y perseguidas por la Justicia, la recaudación de las agencias legales trepó a 29.659.442 pesos. Y en enero de 2020, llegó a los 36.229.353 pesos. La facturación legal entre octubre de 2019 -antes de los operativos de la Justicia- y enero de 2020 creció un 124%.

Estos datos demuestran que la quiniela clandestina movía nada menos que el 50% del mercado del juego en el norte provincial. «Frente a semejante cantidad de dinero negro aparece la necesidad imperiosa de lavarlo, porque de lo contrario no puede ser utilizado. Pero ocurre que es prácticamente imposible lavar tanta plata en poco tiempo, así que el remanente debe aprovecharse de alguna manera. Entonces esos fondos terminan en nuevos delitos como, por ejemplo, la aparición de prestamistas o narcotráfico», explicó a Aire Digital el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, quien lleva adelante las investigaciones. En esta explicación se encuentra el verdadero nudo del problema.

El martes 5 de noviembre de 2019, a las siete de la tarde, se realizaron en forma simultánea 25 allanamientos en Reconquista, 2 en Avellaneda y 2 en la ciudad de Santa Fe. Y entonces, cayeron los cabecillas de seis bandas y sus primeras líneas, amigos, familiares o allegados. El detenido en la capital provincial, operaba desde hacía muchos años en pleno centro -25 de Mayo, a metros de bulevar Pellegrini-.

Planificar los operativos no resultó tarea sencilla, ya que fue necesario apelar a policías de otras ciudades para que no se filtrara la información entre los «banqueros» que estaban a punto de caer. Es que ese dinero negro también es utilizado para corromper: a fines de diciembre del año pasado, un comisario supervisor de la policía santafesina fue detenido por su vinculación con el juego clandestino en el norte provincial. La causa se caratuló como «Explotación, administración y organización de un sistema de captación de juegos de azar, asociación ilícita y cohecho pasivo».

Las investigaciones que lleva adelante el fiscal regional Rubén Martínez se habían iniciado un año antes y todavía continúan, con el análisis y entrecruzamiento de llamadas telefónicas, computadoras, celulares y otros dispositivos de almacenamiento de datos . Se espera que más personas caigan en los próximos meses.

Fuentes del MPA revelaron que, antes de aquellos allanamientos, cada una de las agencias oficiales de quiniela facturaba alrededor de 350 mil pesos mensuales. Pero después de aquel 5 de noviembre, las facturaciones llegan en algunos casos a los 800 mil pesos cada mes. La conclusión es simple: más del 50% del juego en toda esta región se realizaba por canales clandestinos.

En la provincia de Santa Fe, todos los caminos parecen llevar hacia los mismos destinos: dinero en negro, lavado de activos (en sus distintas manifestaciones), prestamistas, corrupción policial, narcotráfico, violencia. Enormes sumas de dinero sucio que impacta de manera indefectible en una sociedad que por momentos no parece ser consciente de la gravedad de la situación.

Sólo a modo de ejemplo, a principios de este año se informaba sobre la desarticulación de bandas de prestamistas que operaban en la ciudad de Santa Fe a través de empresas identificadas como “Sí Pres”, “Préstamos Santa Fe”, “Créditos Santa Fe”, “Credi Ya”, “Belle Maison”, “Presto Cash” y “Presta Más”. Todas estaban radicadas en la capital provincial y tenían al menos distintas “oficinas” en donde se gestaba la logística de los pagos y el posterior cobro.

Los préstamos, según informaron desde el Ministerio de Seguridad, eran cobrados a tasas usurarias por cualquiera de las organizaciones y “toda demora en el cobro de los suculentos dividendos era sancionada con apremios, que ejecutaba la misma mano de obra, que consistía en violentas torturas de todo tipo».

Según se informó en ese momento, tales eran esas presiones, que dos personas terminaron suicidándose a causa de las amenazas y extorsiones que sufrían.

 

Otro ejemplo de juego clandestino: en noviembre de 2018, efectivos de la Policía Federal con los rostros cubiertos con pasamontañas irrumpieron en el Hipódromo de Las Flores de la ciudad de Santa Fe. Portaban armas largas y desmantelaron un casino clandestino que funcionaba dentro de las instalaciones.

El operativo contó además con la intervención del Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía Regional de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Ezequiel Hernández.

Tres carpas de dimensiones considerables ubicadas dentro del predio albergaban alrededor de 200 personas que realizaban apuestas clandestinas.

Tras la máscara del Estado

Los detenidos en Reconquista y en otros puntos de la provincia por juego clandestino contaban, en general, con licencias para operar agencias oficiales de quiniela que servían de pantalla, autorizadas hasta el año pasado por Lotería de Santa Fe. Y aunque parezca inverosímil, el Estado provincial terminaba convirtiéndose en garante para los apostadores y banqueros ilegales.

¿De qué manera? Muy simple: si por algún motivo en particular un número era jugado por mucha gente, trasladaban parte de esas apuestas a la quiniela oficial, haciendo figurar como apostador a algún amigo o allegado del banquero. Si el número salía favorecido, Lotería de Santa Fe pagaba los premios.

Un negocio redondo y prácticamente sin riesgos, que genera enormes cantidades de dinero sucio que termina siendo derramado en otras actividades.

Las consecuencias de este mecanismo perverso están a la vista.

 

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