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Los encarnan una concepción tradicionalista cuya cabeza visible es el senador por San Lorenzo Armando Traferri, sospechado de su conexión con narcotraficantes que operan en la provincia y un esquema que conecta las políticas del área con desarrollo social, donde están el politólogo Marcelo Saín y referentes del kirchnerismo provincial. La violencia en las mayores ciudades y los delitos sistémicos de las conducciones policiales son los focos del desafío para la proyección nacional del mandatario entrante.
Sin figuras definitivas que los encarnen, sin programa específico ya delineado, dos modelos confrontan dentro del PJ para perfilar el tipo de política de seguridad a imponer durante el gobierno de Omar Perotti a partir del 10 de diciembre. Los esquemas en disputa reproducen las pujas que en la materia el peronismo ha demostrado históricamente en otros distritos.
Un proyecto de tipo conservador por un lado, que busca la aplicación estricta de las leyes vigentes con las fuerzas policiales como actor protagónico del diseño de los lineamientos a seguir. Y otro fundamentado en el control civil, que vincula la seguridad a las políticas de desarrollo social y que propone un acuerdo marco de objetivos entre distintos sectores con representación legislativa.
En Santa Fe entre los referentes del último modelo hay dirigentes que aunque no militan junto comparten cierto ideario. El que sonó para ser ministro es el politólogo Marcelo Saín, actual director del Organismo de Investigaciones en Santa Fe y ex viceministro de Seguridad con Felipe Solá en provincia de Buenos Aires. También se reconocen en este espacio a los hermanos Agustín y Alejandro Rossi, al diputado provincial reelecto Leandro Busatto y a Roberto Sukerman, quien en julio quedó a muy pocos votos de ser intendente de Rosario.
El bando más tradicionalista lo integra un grupo de senadores provinciales cuyo referente más nítido es el representante de San Lorenzo Armando Traferri. Este histórico legislador tiene contacto estrecho con distintos oficiales superiores de la policía provincial. En especial frecuenta al jefe de Policía de San Lorenzo, Gonzalo “Chino” Paz, y al extitular en esa misma regional, Ernesto Andreozzi. No asoma en este grupo un candidato claro al Ministerio de Seguridad.
Las pulseadas internas por proyectos de seguridad que tienen concepciones antagónicas son rutinarias dentro del peronismo en distritos importantes. Fue notorio en la provincia de Buenos Aires. En el gobierno de Felipe Solá, de 2002 a 2007, las orientaciones principales en esta materia estuvieron trazadas por políticos de corte progresista como Juan Pablo Cafiero, León Arslanián y el propio Saín. Eso dio paso a una gestión más conservadora, centrada en un modelo que prioriza el discurso sobre el servicio policial, el equipamiento y la tecnología para el control del delito y las reformas de las normas penales para gobernar la criminalidad. En la provincia vecina fue la línea que durante la gestión Scioli llevaron adelante Carlos Stornelli, Ricardo Casal y Alejandro Granados, los tres ministros en esos ocho años.
Perotti no dio ninguna señal expresa de lo que tiene pensado ni en términos de nombres ni de políticas. Pero tiene dos preocupaciones esenciales. Por un lado es consciente de que sus chances de proyección nacional en el peronismo dependen en gran medida en el control de la violencia de las dos principales ciudades de la provincia, en especial de Rosario. Finalmente la crisis de base está en la impresionante seguidilla de detenciones o sanciones penales ocurridas este año contra oficiales de alto rango, en especial de la provincia pero también de la Policía Federal. Esta secuencia es reveladora no de casos aislados, sino de una crisis sistémica en niveles de conducción de las fuerzas de seguridad.
Entre esos dos modelos que el justicialismo tiene perfilados en la provincia hará su opción el gobernador entrante. El antagonismo sobre herramientas y metas del rumbo político está explicitado este año en artículos de la prensa en el sur provincial. Saín señala que, como otros sistemas penales, el de Santa Fe está diseñado para investigar masivamente robos y hurtos cuando el acento debe ponerse en la criminalidad compleja y en los vastos mercados de droga donde aparecen unidas por fuertes lazos las fuerzas de seguridad.
El politólogo bonarense, que está radicado en la provincia hace casi dos años, es un crítico manifiesto de las políticas del fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal. Le objeta no instruir a fondo una estrategia clara que desnude los nexos entre violencia y economía del delito. Y además una relación funcional con algunos senadores peronistas a los que reprocha actitudes corporativas que objeta institucionalmente. Por ejemplo la que comandó el propio Traferri el año pasado, al impulsar una ley que otorgó a la Legislatura el control del régimen disciplinario de los fiscales de primera instancia. La norma, que salió por unanimidad, se dio al mismo tiempo que dos fiscales investigaban si había mérito para imputar a cuatro senadores por enriquecimiento ilícito.
Esto significó asignar a la Legislatura la facultad de perseguir a quien pudiera investigar eventualmente a uno de sus miembros. Fiscales y defensores apelaron en todos los ámbitos públicos esta medida y fueron a la Corte Suprema de la provincia. Entretanto la unidad fiscal en Rosario de Delitos Económicos era desmantelada de recursos materiales y humanos.
El gran reto de Perotti será apaciguar una violencia que en Rosario y Santa Fe tiene su núcleo en la circulación de armas, pero también en la dureza consolidada de una situación de desigualdad social de la que se nutre el delito, en especial el de faceta violenta. Deberá organizar una transición sobre la cual aún no hay definiciones sobre la organización policial, con precisiones sobre el destino del proyecto que en las cinco principales ciudades cambia por estaciones policiales el sistema de comisarías. Y como capítulo central abordar la fragmentación y crisis de rumbo en la que se encuentra la policía.
Que es producto, esencialmente, del tipo de relación que las fuerzas de seguridad entablaron con el delito, en casos que reiteran no modos esporádicos de figuras rezagadas, sino los patrones sostenidos de una estructura. Dos ex jefes provinciales recientes de Santa Fe, Roberto Grau y Omar Odriozola, están imputados por ilícitos económicos.
Hace dos meses fue procesado como organizador de narcotráfico un ex jefe de Drogas Peligrosas de Zona Sur, Alejandro Druetta, que tuvo roles centrales hasta 2017. En octubre quedaron presos los jefes de Inteligencia de PDI en Rosario, Martín y Marcelo Rey, por colaborar con Esteban Alvarado, un actor central de la criminalidad rosarina. En mayo el jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal, Marcelo Lepwalts, y otros cinco efectivos de esa dependencia fueron detenidos por el hallazgo de cocaína en sus oficinas. En marzo 23 miembros del Comando Radioeléctrico de Santa Fe fueron imputados por delitos gravísimos y variados como tortura, robo calificado, allanamientos ilegales a partir de su función.
Una de las facetas principales de la transformación del crimen en Santa Fe es la vinculación sistémica del delito complejo con los engranajes jerárquicos de las fuerzas policiales. Desatar ese nudo es una tarea central para el futuro de cualquier dirigente que, como Perotti, tiene la legítima pretensión de afianzar un liderazgo político que despunta. También lo será ocuparse del ámbito degradado y sin oportunidades que alimenta una violencia que en estos días sacude y aflige a Santa Fe.
