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Dictaron la prisión preventiva por 90 días para Serjal, el fiscal delincuente destituido.

Lo resolvió la jueza Verón, quien entendió que no estaban dadas las condiciones para que otorgarle la prisión domiciliaria por “riesgo de entorpecimiento”

 La jueza Eleonora Verón dictó la prisión preventiva por 90 días para el destituido fiscal Patricio Serjal, que está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, transmisión de datos reservados, cohecho y peculado.

“No están dadas las condiciones para dictar la prisión domiciliaria”, admitió la jueza en su resolución, puesto que “el domicilio que se propone fuera de la provincia no alcanza para neutralizar el riesgo de fuga”, al tiempo que consideró que con algunas actitudes, como el borrado de datos en su Whatsapp, entorpeció la investigación.

También sostiene que hay un “hilo conductor” sobre los hechos imputados a Serjal y los imputados la semana pasada a Ponce Asahad y Ugolini.

“Hay un hilo conductor que tiene a Peiti como una persona ligada a actividades ilegales, que entregaba dinero a quienes podían darle información, y que necesitaba el amparo de una persona de mayor jerarquía. No son solo los dichos de Peiti hay prueba objetiva por fuera que sustenta esta imputación. Hay apariencia de responsabilidad que se requiere en este momento”.

Sobre el peligro de fuga, la jueza Verón señaló que cuando la defensa menciona que Serjal “tiene un arraigo en el domicilio familiar en la localidad de San Vicente, al revés de lo que sostiene la defensa es un domicilio que no está en el radio de Rosario. Este domicilio que se propone fuera de la provincia no alcanza para neutralizar el riesgo de fuga”.

“Lo que a mi criterio tiene más peligro es el entorpecimiento probatorio”, dijo al magistrada. Es importante lo que se planteó en audiencia sobre el borrado de datos de Whatsapp. Puso el celular a disposición y dio la calve. Pero lo más importante ya no se podía recuperar y eso es una forma de entorpecer”.

Los hechos por los que se lo imputa

Serjal está acusado de recibir dinero de Leonardo Peiti (imputado previamente en la misma causa) ante el compromiso de transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos o interferir en las investigaciones en curso o retardar u omitir dictámenes propios de su competencia, todo con el objeto de que no prosperen imputaciones contra Peiti. La imputación señala la participación del fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad y su empleado Nelson Ugolini (ambos también ya imputados) en el diseño y ejecución del plan.

Entre los hechos puntuales le adjudican a Serjal haber acordado con Peiti que mantendrían el vínculo a través de Ponce Asahad, “reafirmando el acuerdo que tenían (…) desde al menos diciembre de 2018”. La imputación señala que el 14 de noviembre de 2019, Serjal se alojó en el Hotel Etolie de la ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con Peiti para estipular una cuota de entre cuatro y cinco mil dólares mensuales. Serjal —siempre según la acusación— viajó a Buenos Aires acompañado de un amigo, “se trasladó en el vehículo oficial Toyota Corolla conducido por el chofer oficial” y finalmente pidió el reintegro de gastos de dos tickets de carga de combustible por $2.780 y $2.923 pesos.

También indica que, en varias ocasiones, Ponce Asahad recibió en persona el dinero acordado y le transmitió información relevante a Peiti. Algunos de esos encuentros fueron en la sede del Círculo Argentino Árabe y en bulevar Oroño y Mendoza.

El 16 junio pasado, Serjal descubrió en el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusaciónn (MPA) que Peiti era investigado como posible integrante de una asociación ilícita integrada. Dos semanas después, Ponce Asahad le contó a Peiti sobre esa investigación y le aconsejó que cambiara el teléfono ante posibles intervenciones, además de pedirle cien mil dólares para evitar que prospere la investigación en su contra.

También se indica que Ugolini le anunció a Peiti el avance de distintas causas, como dos detenciones del 8 de enero pasado por portación ilegal de armas de fuego, una investigación por juego clandestino que podría tener a Peiti como sospechoso y las salas clandestinas que serían allanadas.

Al señalar que los imputados “omitieron actos propios de sus funciones y/o realizaron otros en violación a los deberes a su cargo y función que ostentaban”, la imputación destaca que Serjal, Ponce Asahad y Ugolini “obstaculizaron la investigación penal por juego clandestino” que llevó adelante el fiscal de Melincué, Matías Merlo, que tenía como imputado a Peiti, entre otros. También precisa que Ugolini creó un legajo sobre juegos de azar que se le asignó “por fuera de la reglamentación vigente” a Ponce Asahad, lo que “les permitió justificar acceder a información vinculada a las investigaciones y vincular a un legajo propio los legajos a cargo de la Unidad de Delitos Económicos sobre juegos de azar, en el cual solicitó una veintena de allanamientos”.

Serjal, Ponce Asahad y Ugolini, según la acusación, también omitieron promover la persecución penal contra los posibles autores de hechos violentos contra Peiti.

 

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