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Desde hace muchos años que la corrupción judicial destruye las bases de la sociedad Argentina.

Diputado provincial Carlos Del Frade.

“La corrupción ha devorado varios imperios en la historia. No existe una definición única. No es sólo la utilización de las funciones públicas con fines privados de enriquecimiento personal, sino una manipulación de esas funciones para colocarse por encima de la ley común. Constituye un estado de excepción vedado por las leyes al común de los habitantes y a los cuales deben conformarse. Al colocarse por encima de la ley, obstaculiza impunemente el legítimo ejercicio del derecho de los otros y lo desliga del deber de respetar los derechos de los demás. Es una invitación a no respetar la ley. Así, la corrupción ataca el fundamento de la obligación social … En la Cumbre de las Américas, en Miami, en diciembre de 1994, se estableció que la corrupción era uno de los grandes males que acosaban a América Latina, en tanto retardaba la consolidación de las democracias y la reforma estructural de las economías…

En el XII Congreso Internacional de Defensa Social, sobre Corrupción y la Protección de la Administración pública y de la Independencia de la Justicia (Lecce, Italia, 28-30 de Noviembre de 1996), ya quedó claro que se debía trabajar las políticas corruptas no como excepcionales, sino como elementos operativos del sistema institucional. Carece de sentido discutir desde la moral. Está claro que es inmoral y una conducta disvaliosa, pero ello no debe ocultar el verdadero problema. Todavía existen actos que se considera no son de corrupción, sino como lobby, propina, regalo, etcétera…

Corrupción puede verse, formalmente, como lo prohibido por la ley, lo cual es un concepto relativo porque las leyes difieren de un lugar a otro; también puede ser definida como lo contrario al interés público, porque puede haber actos legales pero contrarios al interés público; o como aquello que la opinión pública piensa que lo es, en tanto sin el apoyo de la opinión pública es imposible erradicarla. Está claro que se trata de un abuso en la función pública a través de la introducción de intereses privados…

En estas definiciones también entrarían conceptos de corrupción que no tienen relación alguna con aspectos económicos. Se me ocurre la “corrupción judicial” por la falta de interés o de ritmo en la marcha de diversos procesos judiciales. En general se trata de procesos que involucran a gente de la misma clase que debe ser investigada y por hechos que no está muy claro tengan un desvalor cultural social muy pronunciado – Siempre llama alguien, un amigo, de parte de …, para decir “ché estás investigando a mi amigo…” Se ponen abogados que son cercanos a los miembros de los tribunales o fiscalías. Si la cosa se complica, es posible sobornar puntos débiles de las investigaciones, como los peritos contadores oficiales. Los cuerpos periciales no dependen del juez o fiscal investigador, no son gente de su confianza, sino que dependen de otros poderes del estado o de diversos estratos del mismo poder…

La visión actual del fenómeno de la Corrupción pone en claro que la pelea contra ella, sólo con el sistema penal, es un engaño, un simbolismo, algo que, inclusive, hasta se lo creen muchos penalistas debido a su desmedido afán de protagonismo y narcisismo ingenuo. Es que el sistema penal es lo más corruptible de todo. Opera siempre en forma selectiva y por ende atrapa siempre al más tonto, al vulnerable, a quien perdió su cobertura porque se peleó con otro. Contra la corrupción se combate mejorando las instituciones y los controles del estado: la recaudación fiscal, el crédito, la aduana, los entes reguladores y los programas de asistencia y desarrollo. Si eso no funciona transparentemente, se destruye el Estado. La corrupción que interesa es la macro, no la del policía que pide una coima para no hacer la infracción de tránsito. Nada de eso lo puede controlar el sistema penal, sino el sistema de pesos y contrapesos institucionales, la red controladora. Si esa funciona, cuando aparece el acto corrupto, salta. Si eso no funciona el acto corrupto salta cuando se le ocurre al sistema penal si es que se le ocurre…

Lo más destacable de los análisis sobre corrupción es que no se trata de un asunto exclusivo del derecho penal porque no es una sumatoria de acciones delictivas individuales. Se trata de problemas sistémicos, pero existe mucha gente interesada en que todo siga operando como hasta ahora, con pequeños cambios de maquillaje. Este no es el terreno para los ingenuos. Ser ingenuo en estos asuntos, ya implica responsabilidad por negligencia y omisión. Está en cada uno de nosotros darnos cuenta y decidir de qué lado estamos. Es nuestra responsabilidad social”.

 

Designación y nombramiento de Patricio Serjal Benincasa

Mediante Decreto N° 0441 de fecha 14 de marzo de 2017, el entonces Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Fe, envió a la Legislatura Provincial para su tratamiento, el pliego de pedido de acuerdo para la designación de Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe con competencia en la Circunscripción Judicial N° 2, del Dr. Patricio Serjal Benincasa.

En la sesión de Asamblea Legislativa de fecha 5 de abril de 2017, con 54 legisladores presentes: 15 senadores y 39 diputados, de los 69 legisladores provinciales que integran la Honorable Legislatura, se aprobaron los 26 pliegos, entre ellos el de Patricio Serjal Benincasa – Clase 1977 – Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 2 – Rosario. APROBADO. Por unanimidad y por signos. 46 votos afirmativos y 8 abstenciones. El funcionario tiene mandato hasta abril de 2023

Según publicara el portal San Pedro Informa, en fecha 11 de noviembre de 2019, “La de Serjal al frente de la Fiscalía Regional de Rosario es la historia de una controversia. Su llegada al cargo en 2017 produjo una sorda pero notoria discusión respecto del concurso que lo entronizó. Ni sus propios compañeros en esa compulsa entienden las razones por las que una persona de mínima visibilidad, que era fiscal de un área de flagrancia, ganó. En ese concurso no hubo evaluación de gestión de los participantes, que eran todos fiscales en ejercicio, ni valoración técnica ni contabilización de antecedentes. El trámite fue una charla privada donde los seis candidatos aprobaron superando objetivos. Se elevó una terna al Poder Ejecutivo y el gobernador Miguel Lifschitz se inclinó por Serjal, el menos conocido, con respaldo posterior de la Legislatura. A tres meses de llegar a su cargo Serjal empezó a intervenir en uno de los casos más resonantes de esos días, una estafa múltiple mediante fraudes inmobiliarios, de un grupo de personas que se apoderaban de viviendas generando falsos poderes de compraventas. El caso involucraba a personas con historial de estafas, a actores relacionados con organizaciones criminales como la llamada Banda de Los Monos, pero también implicó a escribanos e influyentes empresarios conocidos de Rosario. Serjal desmanteló a la Unidad de Delitos Económicos que había investigado a esos actores en un trámite de impacto público de resonancia. En esta causa corrió de lugar de jefe al fiscal Sebastián Narvaja, que investigaba a esa presunta organización. Ese mismo fiscal tenía a cargo, en la unidad desbaratada, cuatro sensibles causas contra senadores provinciales por presunto enriquecimiento ilegal y por manejo discrecional de subsidios … Las causas abiertas contra los senadores no prosperaron. El año pasado, a dos años de iniciar una causa donde diez jueces diferentes sostuvieron la acusación contra todos los imputados, Serjal bajó una instrucción al fiscal del caso para otorgar un criterio de oportunidad contra los dos empresarios. El camarista Daniel Acosta señaló en audiencia que eso implicaba renunciar a acusar por lo que concluyó en que el tema devenía abstracto y la audiencia no tenía sentido porque no había conflicto por resolver. El delito que se había analizado durante más de dos años era la apropiación de un campo de 118 hectáreas en una localidad del departamento Rosario. Antes de eso un tribunal de tres jueces había rechazado la homologación del acuerdo que implicaba un criterio de oportunidad. “Resulta incomprensible que la Fiscalía que pidiera penas para cada uno de los imputados (…) luego renuncia a ese impulso”, dijo el juez Héctor Núñez Cartelle. En definitiva la causa contra los dos empresarios no avanzó porque Serjal ordenó no acusarlos. El incidente de la compra de los dos autos de parte de Serjal a la concesionaria a la que con su decisión judicial favoreció será analizado por la Legislatura si alguno de los miembros de la comisión de Acuerdos lo propone. Se trata de la misma Legislatura que se otorgó a sí misma el control disciplinario de todos los fiscales”.

 

El caso

El mismo portal señala que “El caso que puso en zona frágil a Serjal surge de una denuncia formulada por Omar Santero, socio mayoritario de Carrocera Sudamericana, una empresa dedicada a la fabricación de colectivos. Santero dice que por problemas de salud en 2013 incorporó como socio a Rómulo González, otro empresario que es dueño de una concesionaria oficial de automotores Toyota, denominada Autorosario, ubicada en el barrio de Fisherton. Santero denunció penalmente en 2014 a González acusándolo de vaciamiento de su empresa en favor de Autorosario. Adujo que hubo un traspaso fraudulento de capital comercial y financiero, como bonos y certificados de IVA que pertenecían a la carrocera, a la concesionaria. Y que González además utilizó recursos humanos de la primera en favor de la segunda, todo sin contraprestación alguna, medida que terminó en un concurso preventivo de la carrocera. La denuncia estuvo casi seis años en trámite hasta que el 22 de abril pasado el fiscal David Carizza desestimó la denuncia ante la idea de que no había delito. Los abogados querellantes del caso, Walter Stramazzo y Gustavo Peirone, apelaron el cierre, en la convicción de que había delito demostrable, y que se habían omitido medidas esenciales que probarían tal cosa. Frente a esto el fiscal regional Serjal confirmó la desesestimación. Fue entonces que los abogados de Santero se quejaron de nuevo y el fiscal general Baclini vio que había motivo para abrir la causa. Así lo dispuso el 13 de noviembre. Ocurrió entonces que Serjal, cuatro días después, elevó una nota a Baclini pidiendo él mismo el apartamiento de esta causa. Señaló allí que con posterioridad a resolver que el dueño de la concesionaria no había cometido delito le compró dos vehículos, un Toyota Etios y un Toyota Corolla, ambos en versión full, a esa misma agencia de vehículos. Serjal señaló que al momento de decidir la compra de ambos autos venía pagando un autoplan, desde 2018, para comprar una camioneta Mercedes Benz. Pero que por motivos que expone resolvió renunciar a ese plan de ahorro y adquirir los dos vehículos en Toyota porque le resultaba menos oneroso. Adujo que no optó por la segunda concesionaria que hay en Rosario de Toyota porque había tenido una mala experiencia al comprar un Ford Focus. En definitiva Serjal indica que pagó los vehículos entregando su Focus, con un crédito prendario a 36 meses y con depósitos bancarios en efectivo con ahorros tanto de él como de su esposa, que es médica. El fiscal general Baclini consideró que ya en ese argumento había una transgresión a la responsabilidad ética y de transparencia a la ley que rige el MPA, la 13.013, por varios motivos. La primera es que la fecha en que Serjal inicia sus tratativas con Autorosario en el mes de junio coincide con una causa en la cual esa firma se encontraba directamente interesada en un pleito que Serjal cerró a favor de su dueño denunciado por un caso de vaciamiento. El Código de Ética del Poder Judicial de Santa Fe establece que a todo funcionario judicial le queda prohibido recibir cualquier tipo de beneficios “ya sea antes, durante o después de finalizado el proceso donde actúen”. Para Baclini, además de reparos éticos, Serjal pudo quedar incurso en alguna situación más compleja por lo que remitió el caso a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa … Serjal expresó públicamente que pidió él mismo su apartamiento, que su objetividad no está afectada y que puso a disposición toda la documental del auto adquirido por su esposa y por él. También indica que los vehículos fueron comprados con un depósito bancario, que entregó un vehículo usado, y que financió un porcentaje de la compra con un crédito prendario. En su planteo a Baclini adujo que pidió su apartamiento “para evitar planteamientos, incluso que solo podrían tender a lo que se conoce como chicanas judiciales”. Las situaciones que llaman la atención son varias. La primera es que Serjal no informó de esta circunstancia en el mes de junio, cuando produjo la compra, sino cuatro días después de enterarse que se reabriría la causa cuyo archivo él había confirmado. Vale decir que dio aviso a la cúpula del MPA cuando se supo que iba a ser revisado el pleito. Causa que tenía dos peculiaridades: nunca se aceptó una pericia integral de la situación indicada como vaciamiento por parte de un especialista independiente y además había un camarista, Alfredo Ivaldi, que al aceptar que el dueño de la carrocera se presentara como querellante lo tomaba como damnificado, es decir víctima de un posible delito. El primer aspecto crítico, como se dijo, es el «arraigo ético». La pregunta a despejar es si está bien que un funcionario público compré dos autos a una empresa cuando está resolviendo una causa en la que esta será beneficiada. Como ninguna concesionaria entrega vehículos de inmediato parece claro que tramitó las compras antes de dictaminar en el pleito. Otro aspecto medular del caso es cómo el funcionario pagó los vehículos. Deberá establecerse el precio de los dos autos, cómo se pagó, a cuánto le tomaron el vehículo, cuánto demoraron los créditos prendarios en salir y también de dónde se obtuvo el dinero en efectivo. En relación a esto la pregunta es por qué se patentó con una transferencia bancaria y en cambio parte del pago del auto, en vez de utilizar el mismo medio, se hizo con un depósito. El fiscal regional compra los dos autos cuando el archivo dispuesto para la denuncia de la carrocera ya estaba dispuesto por el fiscal Carizza y recurrido ante él”.

 

Antecedentes de inconductas de jueces y fiscales

24/09/2019. Destitución del Juez de Vera Dr. Muse Chemes.

Autos “Procurador General de la Corte Suprema de Justicia S/ Eleva denuncia contra el Dr. Muse Chemes” (Expte. C.S.J. CUIJ 21-215488680), C.S.J.S.F. “Cabe concluir entonces que en autos han quedado claramente demostrados, no triviales o aislados errores humanos sino reiteradas y graves irregularidades en el desempeño de la función, todo lo cual justifica una medida de la importancia que representa el disponer la destitución de un magistrado en causa como la presente, que asume la más alta significación cívica y moral, por que apunta nada menos que a preservar la eficiencia, el decoro, la pulcritud con que debe ejercerse una función que pone en manos de los jueces la libertad, la honra y los bienes de los ciudadanos. Que, por todo ello, el Tribunal de Enjuiciamiento,  RESUELVE: I) Destituir al Dr. NICOLÁS JULIO MUSE CHEMES del cargo de Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia de Vera, por considerar encuadrada su conducta en las previsiones de los artículos 7, inciso 1ero. y 2do. de la ley 7.050 y sus modificatorias 11.115 y 12.949”.

 

02/08/2019. Imputación contra el fiscal Fernando Rodrigo.

A dos años de haber usado recursos del Estado para intentar controlar a su ex pareja, fue imputado el ex fiscal Fernando Rodrigo, acusado de escuchar ilegalmente a la joven -pasante del Ministerio Público de la Acusación- y a personas de su entorno. En la audiencia, la fiscal Natalia Benvenuto reveló que el ex funcionario de la Unidad de Investigación y Juicio, utilizó números de legajo de causas en investigación para solicitar las intervenciones de 12 teléfonos, entre agosto de 2016 y julio de 2017.

El fiscal pidió primero licencia psiquiátrica y luego renunció cuando se conoció el caso, en agosto de 2017, convirtiéndose en el primer funcionario de ese rango en ser separado del cargo desde que se creó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en 2014.

En fecha 9 de septiembre de 2017 el entonces gobernador Ing. Miguel Lifschitz le aceptó la renuncia, provocando de esa forma el archivo automático  del proceso administrativo que se había iniciado a los fines de determinar y calificar la actuación del funcionario en cuestión y, por lo tanto, poniendo fin a la posibilidad  de  aplicar las sanciones que le correspondieren.

 

17/03/2019. Jury a dos jueces santafesinos.

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió la apertura de un proceso contra los jueces santafesinos Mauricio Frois y Pedro Guevara, al tiempo que desestimó un pedido de jury contra el juez de Instrucción rosarino Jorge Eldo Juárez.

 ”Al declarar admisibles los pedidos de jury a Mauricio Frois y Pedro Guevara, a quienes entre otras imputaciones se los acusó de haber dejado prescribir resonantes causas judiciales cuando el último de los nombrados aún era fiscal, se resolvió correr traslado a la Procuración para que formule la acusación. Tras ello se abrirán sendos traslados para que las defensas expongan sus argumentos y se disponga la apertura a prueba antes de que el Jury dicte sentencia.

  La Procuración General solicitó la apertura del proceso de jury por considerar que los magistrados incurrieron en algunas de las causales previstas en la ley 5.070 de destitución de los magistrados. Entre ellas ignorancia manifiesta del derecho, incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución provincial, comisión de delitos, desórdenes de conducta privada o inhabilidad física o mental para ejercer la magistratura”. “La Procuración de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe pidió el juicio político de dos jueces para lograr su destitución e investigarlos por la presunta comisión de delitos como abuso de autoridad y prevaricato, dijeron hoy fuentes judiciales.

Se trata de los jueces de Instrucción, Pedro Guevara, y de Sentencia, Mauricio Frois, quienes vienen siendo investigados por la Cámara de Apelaciones en lo Penal por diversas irregularidades en el cumplimiento de sus funciones.

El pedido de juicio político es obra del procurador general de la Corte, Agustín Bassó, y del juez correccional de la ciudad de Santa Fe, José Luis Giavedoni, en cuyo juzgado recayó la causa.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal, presidida por Julio De Olazábal, investigó la actuación de Frois en cientos de causas, en la mayoría de las cuales también intervino Guevara como fiscal, antes de ser nombrado juez.

Entre otras presuntas irregularidades, un informe solicitado por la Procuración menciona que sólo entre 2006 y 2007 prescribieron unas 600 causas en el Juzgado que encabeza Frois.

En más de la mitad de los casos los trámites no prosperaron debido a que no se respetaron los plazos legales, mientras que en cerca de 300 causas se detectaron irregularidades.

Ese documento, que trascendió a la prensa a nales del año pasado, reveló que Frois no solicitó ante la policía antecedentes penales de sospechosos en 125 causas, entre otras irregularidades de tramitación que se detectaron.

En una importante cantidad de esas causas participó como scal Guevara, sin que se haya acreditado algún esfuerzo por impedir las prescripciones o la comisión de irregularidades, según la Cámara de Apelaciones.

Luego, Guevara ascendió en la escala judicial al pasar a desempañarse como Juez de Instrucción.

El informe de De Olazábal indica que hay ‘numerosas irregularidades‘ imputables a Frois y Guevara, quienes habrían incurrido en los delitos de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/37798.

 

Por unanimidad, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó al juez federal de primera instancia de Reconquista, Santa Fe, Eduardo Fariz, que llevaba tres meses suspendido, acusado de mal desempeño.

Los nueve miembros del Jury decidieron su remoción tras encontrarlo responsable de dos cargos: haber manipulado el sistema para nombrar a jueces suplentes y haber liberado de forma irregular a tres procesados en causas por narcotráfico, maniobra que desarrolló en connivencia con los abogados defensores de los imputados. Fue el juez número once que fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento, que funciona desde 1998.

El Consejo de la Magistratura había suspendido al juez federal de Reconquista el 8 de septiembre de 2005, cuando, por unanimidad, aprobó el juicio político en su contra.

 

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