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Cuatro delincuentes rurales en prisión preventiva por abigeato en Reconquista.

Dos de ellos son comerciantes deshonestos: Gustavo Avelino López de 42 años y Silvio Horacio Rodríguez de 30 años de edad; ambos carniceros domiciliados en Reconquista;  Julio Cesar Cáceres de 25 años y Aníbal Oscar Cáceres de 20 años de edad, los dos últimos peones rurales con domicilio en Berna, fueron imputados por el delito de abigeato agravado.

El juez penal Santiago Banegas declaró legal las detenciones, abrió la investigación penal y dispuso que los cuatro queden en prisión preventiva hasta el mediodía del 23 de diciembre de 2020. A partir de esa fecha recuperarán la libertad con restricciones.

La audiencia imputativa se realizó en la tarde del miércoles 25 de noviembre de 2020, y al día siguiente la segunda audiencia, en la que el juez determinó las medidas cautelares, después de escuchar la petición del fiscal Rodrigo González y la oposición del defensor Rodrigo Chapero.

El fiscal informó en la audiencia que el hecho ocurrió en la noche del lunes 23 de noviembre de 2020, cuando ingresaron al Establecimiento Cris, propiedad de Noelda Cristina Faccioli, en la zona rural de Berna, donde cortaron con un hacha unos de los postes destinados a demarcar la propiedad con alambrado e ingresar con una camioneta marca Ford dominio EUM 013 y un Fiat Palio dominio BVU 317. Allí faenaron una vaquilla de la raza Brangus, dejando en el lugar el cuero y la cabeza sin la lengua.

 A las 22:00 horas de ese mismo lunes, sobre Ruta Nacional 11, a dos kilómetros del lugar del hecho, fueron detenidos por personal policial perteneciente a la localidad de Berna en un operativo con personal de la Guardia Rural Los Pumas. En la camioneta transportaban dos medias res completas y menudencias del animal faenado.

Dentro del automóvil Fiat Palio secuestraron un lazo, una soga, un freno de caballo, dos tenazas, dos sogas de maneo, otras menudencias del animal faenado, un cuchillo de cabo de plástico color negro, un cuchillo de cabo de madera de color marrón, un cuchillo de cabo de madera de color negro marca Misión, un machete con cabo de madera de color marrón, una chaira, una piedra de afilar, un hacha con cabo de madera, una sierra de mano, un gancho abridor de caño, un aparejo y una cadena con un gancho en uno de sus extremos.

El fiscal calificó el hecho como abigeato agravado, articulo 167 quater inciso 4 del Código Penal Argentino, que establece pena de 4 a 10 años de prisión.

El fiscal le había pedido al juez que deje a los imputados en prisión preventiva por 60 días, por considerar la existencia de elementos suficientes para sostener la probable autoría y participación en el hecho que se investiga y porque son dos carniceros y dos peones rurales, es decir personas a las que el Código Penal les agrava el reproche por cometer delitos vinculados a su oficio.

El fiscal consideró necesaria la prisión preventiva para cautelar el testimonio de la víctima y de testigos que podrían dar más precisiones. También le había pedido al juez Banegas que tenga en cuenta la importancia también del daño a resarcir, ya que el animal tiene un valor considerable.

A su turno, el defensor se opuso a lo solicitado por el fiscal por considerar excesiva e innecesaria la prisión preventiva.

Aníbal Cáceres, uno de los detenidos en flagrante delito, expresó: «La señora nunca me pagó lo que habíamos arreglado, los $15.000.- por mes, nunca me pagaba. Yo había hablado con la señora si me podía adelantar plata para comer y me dijo que no me podía adelantar, y le había pedido el porcentaje de los animales que ella me había prometido y ahí había hablado con mi hermano para que me ayude a vender y ese era el porcentaje que ella me había prometido».

Julio Cáceres también quiso hablar, y manifestó: «Yo había hablado con mi hermano, él me dijo si le podía dar una mano porque andaba mal económicamente, era una parte de la producción que la señora le había prometido a él».

El Dr. Rodrigo Chapero manifestó que «el porcentaje consistía en toda la producción. Cáceres es sin duda una persona que no ha terminado sus estudios, en el campo se maneja con una relación de confianza con lo que dice el patrón, los acuerdos generalmente se cumplen y en este caso no se ha cumplido. Un empleado de categoría encargado cobraría $45.000.- y ellos aceptaron $15.000.- Entiendo el planteo del fiscal que a Cáceres le correspondía el 6% y lo restante a la señora, pero en este caso, lo que interpreta esta defensa es que le correspondía ese animal y otros más en relación de la producción».

Gustavo López expresó: «A mí me contactaron por mensajes y me habían ofertado una vaca, y yo de confianza, como siempre lo hacemos, fui y cargué, no carneé; y venía con la carne cuando me interceptaron. Rodríguez me prestó la camioneta para ir».

Finalmente tomó de nuevo la palabra el abogado defensor para sostener que en este caso se trata de «un delito de tipo famélico, en razón de la necesidad alimentaria que tenía la familia Cáceres por la falta de los pagos de forma periódica y consecutiva por parte de su patrona, quien ya abusó de su confianza y escaso conocimiento y de la ignorancia».

Opinó el Dr. Chapero que lo que se llevó del campo el peón «le corresponde a un obrero por las tareas prestadas, las comisiones y responsabilidad que tiene. Un magro salario y un acuerdo que nunca se vio realizado. Cáceres hizo uso de lo acordado con su patrona verbalmente, todos los acuerdos fueron verbales, está acreditado que trabajaba para la señora, pero lo que no está acreditado es la registración por ante los organismos previsionales como debe tener un obrero».

Una vez escuchadas las partes, el juez resolvió disponer la prisión preventiva de los cuatro imputados, hasta el miércoles 23 de diciembre de 2020 a las 12:00 horas. A partir de ese momento, al recuperar la libertad, deberán cumplir con las siguientes obligaciones y restricciones:  Deberán fijar domicilio donde se los pueda localizar y tendrán prohibido acercarse y comunicarse con la víctima y los testigos.

Para el juez de la investigación, el fiscal «tiene tiempo suficientemente amplio» para terminar de cautelar las evidencias que requiere, y a su vez va a permitir que los imputados recuperen la libertad en un plazo razonable y coherente con las normativas

 

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