Argentina superó los 100 mil muertos por COVID-19

 

Argentina superó los 100 mil muertos por COVID-19 después de 494 días de registrar el primer fallecido. Se ubica en el puesto 11 de este ominoso ranking mundial. La avalancha de decesos se explican por un cúmulo de situaciones. Escalón por escalón, esto sucedió en la Argentina para trepar a una cifra que no estaba presente, a principios del año pasado, ni en la peor de las pesadillas.

El 23 de enero del 2020, el entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, minimizaba el impacto que el nuevo coronavirus -aún no había sido declarado pandemia- podía tener en nuestro país.

“No, hasta ahora no tenemos ninguna posibilidad que no sea un caso importado”, dijo. Y poco después, redobló la apuesta: “Estoy mucho más preocupado hoy por el dengue en la Argentina que por el coronavirus”.

Pasó más de un mes, el virus se había propagado desde China a Europa, donde hacía estragos, especialmente en Italia y España. Fue desde Barcelona que llegó el primer caso que tuvo nuestro país. El 3 de marzo, Claudio Ariel Pazzi fue diagnosticado con COVID-19 e internado en el hospital Agote, en medio de un enorme operativo de seguridad.

Apenas cuatro días después se produjo la primera muerte. La víctima fue Guillermo Abel Gómez, un recolector de basura y militante peronista que en la década del ’70 actuó en las villas de emergencia. Para Ginés González García -según expresó al Canal 12 de Córdoba tiempo después- el virus “comenzó con la clase media y media alta que viajaba”.

En medio de una gran incertidumbre, sin tratamiento ni vacunas por entonces, el presidente Alberto Fernández dio una improbable receta para combatir el virus. El 12 de marzo, señaló en una entrevista con Radio Mitre:

“Según dicen todos los informes médicos del mundo, muere a los 26 grados. El calor mata el virus…”.

Un día después, Eric Luciano Torales, un joven empleado bancario llegado desde los Estados Unidos, eludió el cumplimiento del decreto presidencial que exigía 14 días de aislamiento. Fue a una fiesta de 15 e infectó a varias personas, entre ellas su abuelo, Luis María Suárez, que murió apenas dos semanas después. Fue la primera prueba palpable y contundente de la capacidad de propagación del virus.

A mediados de mes, el presidente Alberto Fernández recibió un informe reservado del ministerio de Salud: las proyecciones llevaban a una hipotética cantidad de enfermos que iba de los 250.000 a los 2.200.000. No lo decía, pero de acuerdo al ritmo de decesos que se registraban en China y Europa, el cálculo daba entre 2.000 y 60.000 muertos.

Con esos números en la mano, el gobierno comenzó con las restricciones. El 15 de marzo se suspendieron las clases en forma presencial. Cuatro días más tarde, con 128 infectados y 3 muertos, Alberto Fernández -rodeado del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores de Buenos Aires (Axel Kicillof), Santa Fe (Omar Perotti) y Jujuy (Gerardo Morales) anunció el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en todo el país. Como las restricciones a los vuelos y la ausencia de clases presenciales, la cuarentena iba a durar dos semanas. Pero se fue extendiendo cada vez más.

Una de las primeras consecuencias de la virtual clausura del país fue la aparición de argentinos varados en distintos países del mundo. Para finales de marzo eran 30 mil los que pugnaban por regresar sin éxito. Muchos de ellos, médicos. Fue un verdadero drama que puso a muchos argentinos en riesgo de contagiarse: era habitual que, al buscar una rápida vuelta a casa, se apiñaran en aeropuertos de países que, en ese momento, estaban con tasa de contagiosidad mucho mayor a la de Argentina.

A finales de mayo, la presión social por la situación económica comenzó a generar distintas marchas en todo el país pidiendo la reapertura de los comercios. De a poco, el número de personas que se acercaban a reclamar se incrementó, al mismo tiempo que las manifestaciones comenzaban a tomar un color político más pronunciado. En forma progresiva, las muestras de descontento comenzaron a replicar no sólo el rechazo a la cuarentena sino a distintos tópicos que impulsaba la oposición. El 31 de ese mes, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, fue más explícito que el presidente: “En 15 o 20 días empezamos a ver las imágenes de Manaos, con cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas”.

Sin embargo, los DNU que renovaban la cuarentena dejaron de tener el alto acatamiento del principio y se fueron flexibilizando. El frente político, que hasta ese momento se mostraba unido más allá de las diferencias partidarias, comenzó a resquebrajarse. El 7 de junio, en la Ciudad de Buenos Aires se autorizó salir a correr y a pasear. Los “runners” se convirtieron en el blanco de las críticas oficialistas. Con tono molesto, el Presidente habló: “Querían salir a correr, salgan a correr, querían salir a pasear, salgan a pasear, querían tener los locales de ropa abiertos, abran los locales de ropa. Ahora, esta es la consecuencia, la que les acabo de mostrar, sépanlo”. Ese día se llegó a los 656 fallecidos y los 22.020 contagiados.

Para llegar a los primeros 1.000 muertos por COVID-19 habría que esperar dos semanas mas. El 21 de junio se llegó a esa cifra exacta. El 26, el Presidente señalaba que estábamos “llevando adelante una batalla con buenos resultados”. Pero el hastío se multiplicó, y ya no era fácil detener la salida de la gente. En menos de un mes, a mediados de julio, el número de fallecidos se había más que duplicado: ya eran 2.500.

En septiembre, el presidente Alberto Fernández reconoció: “La pandemia, finalmente, nos dejó más muertos de los que creíamos tener…”. El 28 de octubre, tras 222 días de cuarentena, se alcanzó la cifra de 30.071 fallecidos. Los decesos se multiplicaron: para noviembre, cuando la cuarentena cumplía 8 meses, el promedio diario de fallecimientos era de 300. La economía tampoco daba respiro: se anunció, para lo que iba del 2020, un desplome del PBI del 10,6%.

Viendo el tsunami en el horizonte, el gobierno decidió flexibilizar la cuarentena. Al menos, en su denominación: el 6 de noviembre, Alberto Fernández anunció que a partir de entonces se llamaría “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.

Por esos días, sólo hubo dos pequeños oasis: el 2 de noviembre se anunció la compra de 25 millones de vacunas Sputnik V del laboratorio ruso Gamaleya, y el 7, la rúbrica de un contrato con el laboratorio AstraZeneca para la obtención de más de 22 millones de dosis de la vacuna AZD1222 que había desarrollado en alianza con la Universidad de Oxford.

Como sucedió con las aglomeraciones por las protestas opositoras contra la cuarentena, el multitudinario velatorio de Diego Armando Maradona, que tuvo lugar el 26 de noviembre en la Casa Rosada, encendió las alarmas de los infectólogos.

Mientras crecían las quejas por la anuencia del gobierno a realizar el sepelio en medio del crecimiento de la curva de contagios y muertes, el 3 de diciembre Alberto Fernández prometió que “vamos a vacunar, entre diciembre y enero, a 10 millones de argentinos y argentinas”. El primer lote de vacunas arribó al país el 24 de diciembre en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, con 300 mil primeras dosis de la vacuna Sputnik V. Al terminar el año, el total de infectados ascendió a 1.613.928 y las víctimas fatales sumaban 43.163.

Para que el fin de año tuviera más tensión se sumó la denuncia que presentó Lilita Carrió contra el el presidente Alberto Fernández, el entonces ministro de Salud Ginés González García y Carla Vizzotti, “por la “por la adquisición de una partida de vacunas, sin haber agotado sus tres fases de ensayos y sin haberse publicado en revistas científicas sus conclusiones, siendo que la supresión de etapas y requisitos impuestos a nivel local y mundial no admitirían la posterior autorización de la ANMAT para su distribución y uso”. Incluso hablaba de un potencial envenenamiento de la población. Más adelante, en febrero, el fiscal Guillermo Marijuán pidió que se desestimara.

El verano llegó con un relajamiento de las prohibiciones. La costa recibió un gran número de turistas y Pinamar, sobre todo, fue escenario de fiestas en la playa y grandes aglomeraciones, que la presencia de 550 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones de la Bonaerense no pudo evitar en todos los casos.

Con la llegada de marzo, y después de no tener clases presenciales durante prácticamente todo el 2020, los padres de los alumnos comenzaron a reclamar que las aulas volvieran a abrirse. La virtualidad demostró que no llegaba a todos de la misma manera. Para defender su posición, Fernández señaló que “he hablado con maestras de escuelas de chicos con capacidades diferentes que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan”. No obstante, las clases volvieron a ser -en parte- presenciales.

En abril, la cifra de fallecidos trepó a 58.542. En un año se había pasado de 6 muertes por día a 267 cada 24 horas. Y los contagios diarios llegaron a 20 mil por jornada. Preocupado, el 24 de ese mes Alberto Fernández emitió un recordado discurso:

El sistema sanitario también se ha relajado. Y“ en un tiempo donde los contagios estaban disminuyendo, abrieron puertas a atender otro tipo de necesidades quirúrgicas”.

Estos números hicieron que el gobierno nacional regresara, en mayo, a la virtualidad educativa. La discusión volvió a agrietar la relación entre la administración de Alberto Fernández -que emitió un DNU para lograr su objetivo- con la de Horacio Rodríguez Larreta, que decidió la presencialidad de las clases, aunque no en su totalidad. Las protestas en las calles se multiplicaron, llegando a las mismas puertas de la Quinta de Olivos. El presidente señaló que eso era “jugar con fuego, y yo lo que lamento es que ese fuego va a quemar a la gente”. El tema llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que falló a favor del gobierno porteño.

Las cifras de mayo fueron lapidarias en términos sanitarios. El 27 de ese mes se llegó a un récord diario de 41.080 casos registrados de COVID-19. En el lapso de 30 días, los muertos fueron más de 14 mil, para concluir en 64.096.

El sistema de salud amenazó con colapsar: en los primeros días de junio se comprobó que en 13 provincias, la ocupación de las camas de terapia intensiva estaban en un 80% de su totalidad. En Río Negro y Santa Fe estaban prácticamente saturados: alcanzaron al 97%. Neuquén y Corrientes con el 91% y San Juan con el 90% completaban el oscuro panorama, con pacientes aguardando una cama en pasillos o directamente en el piso, y ambulancias que demoraban hasta 24 horas para hacer un traslado. La vacunación, por su parte, alcanzó ese mes para que al 21% de los argentinos tuviera una dosis.

Para hacer más polémica aún la falta de vacunas, en un zoom, Santiago Cornejo, el titular para América Latina del Fondo COVAX -que responde a la Organización Mundial de la Salud y entrega vacunas a países con dificultades para adquirirlas- señaló que “antes de hacer cada acuerdo le preguntamos a los países si quieren acceder a esa vacuna y en el caso de Pfizer (Argentina) nos han dicho que no”. Ante el reclamo del Gobierno, Cornejo le envió un mail a Carla Vizzotti, que lo publicó y decía en su párrafo central: “Estamos subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante, no pudo continuar con la ventana de COVAX”.

El 22 de junio se registraron 792 muertos, récord de muertos diarios. Con ese número, se superaron los 90 mil fallecidos.

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